El campo y la Ley Ómnibus: productores y dirigentes rurales se centran en propiedad intelectual y derechos sobre semillas

Tras interminables idas y vueltas y arduas negociaciones -que de hecho continúan- la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de “Ley de Bases” del Gobierno y que el martes los legisladores discutirán artículo por artículo, para dar forma al proyecto del Ejecutivo que será girado al Senado.

Ya sin la suba de retenciones en el horizonte, el campo tiene en la mira la propuesta de adhesión al convenio internacional UPOV-91, que regula la propiedad intelectual y derechos sobre las semillas, apoyado por la industria semillera y el propio gobierno nacional.

En Gobierno nacional impulsa la adhesión al convenio pues lo considera central para el desarrolle de la industria semillera y el acceso a adelantos tecnológicos que mejoren la productividad. El presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase, Claudio Dunan, dijo que el objetivo de la cartera agropecuaria oficial es “duplicar las exportaciones en los próximos años, para lo cual la Argentina necesita incrementar productividad por hectárea, diversificar cultivos y atender la volatilidad climática, lo que va a traer más rentabilidad al productor local”.

“Tener una industria de germoplasma que ponga a disposición de la producción las mejores tecnologías, generando inversión en esta área, es absolutamente clave, y hace 20 años que no pasa en la Argentina”, subrayó Dunan.

Según el titular del Inase, el país está atrasado en cuanto al rendimiento de los cultivos más grandes, “y estamos fuera del mercado de cultivos muy importantes como las legumbres; necesitamos tener cultivos con mayor nutrición para la población como frutas y verduras. Todo esto no ocurre porque no tenemos un balance entre lo que es la oportunidad del uso propio y el respeto a la propiedad intelectual para que ocurran esas inversiones”.

Dunan aclaró que el “uso propio” de semillas está permitido con la adhesión a UPOV 91″, pero que el mismo “es oneroso y lo único que queda por reglamentar es qué tamaño de productor es el que no debe pagar por ese uso”.

Laura Villamayor, coordinadora de Relaciones Institucionales del Inase, explicó que el “convenio de UPOV 91, así como también el mismo convenio, Acta del 1978, es un documento de propiedad intelectual que reconoce el mejoramiento que se hace sobre una planta o una variedad vegetal que le imprime una distinción y homogeneidad, estabilidad y a través de ella se le reconoce al dueño de esta variedad por un período de tiempo un derecho exclusivo”.

“En UPOV 91 -dijo Vllamayor- tenemos conceptos que no estaban en UPOV 78. Este último habla de la posibilidad de patentar, mientras que el Acta de 1991 no habla de esa posibilidad y le deja a cada país la posibilidad de como proteger. Y ya hemos decidido cómo hacerlo a través de una Ley de Patentes, que dice que no patentamos plantas, sino que directamente protegemos las variedad vegetales por derecho de obtentor”.

La funcionaria del Inase explicó que “UPOV 78 no habla de uso propio, pero hay una parte que hace mención a la limitación al derecho de obtentor por causa de interés público y que el uso propio que hace un productor es interés público, aunque es un concepto muy difícil de encuadrar o interpretar”.

En cambio,.en UPOV 91, prosiguió, “hay una excepción facultativa al derecho obtentor que el productor o agricultor puede hacer uso propio de una variedad con determinadas condiciones. Aunque dichas condiciones no las pone UPOV, sino que las pone el país. Por ello, existe la posibilidad de adherir a UPOV 91, y en la reglamentación se junten todos los sectores involucrados de la cadena para reglamentar los alcances del uso propio, cómo se va a limitar y quienes van a pagar y quienes no van a pagar”.

Días antes de la votación en general de la “Ley Ómnibus”, la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), solicitaron retirar el artículo que propone la adhesión al UPOV 91 y tratar una reforma de la actual Ley de Semillas en sesiones ordinarias. Si bien el Gobierno nacional aseguró que en la reglamentación de esta normativa iban a estar incluido el sector primario, desde las entidades consideran que este convenio condiciona la misma, sobre todo en lo que respecta el “uso propio”, práctica tradicional en la que se reproducen las semillas para realizar nuevas siembras.

Para el presidente de FAA, Carlos Achetoni, la remoción de algunos artículos, como es el caso de la suba de derechos de exportación a los productos agropecuarios y agroindustriales. “En el Congreso la poda (de iniciativas oficiales) ha sido necesaria, porque era un paquete de artículos que no hacían a la posibilidad de salir de la emergencia. Todavía quedan temas que en el articulado se le puede dar la poda definitiva”.

También nos interesa el tema de las privatizaciones y mantener al Banco Nación y a YPF como patrimonio y tener a la banca pública al servicio de los clientes, que puede asumir compromisos diferentes a la banca privada”.

Por su parte, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, manifestó que el campo prestará atención a la discusión que se dé a partir del martes en Diputados. “Estamos con expectativas de saber lo que va a pasar en el Congreso en las próximas horas porque se están discutiendo temas muy importantes para el país. Ponemos en valor muchos aspectos del DNU y de la Ley de Bases, porque son la manera de iniciar el camino de reconstrucción económica para la crisis que agobia al país”.

Pino aseguró que desde la entidad que conduce apoyan “muchos temas que están hoy en el Congreso porque son fundamentales, y otros que, claramente, nos preocupan. La adhesión al convenio UPOV-91 no es buena para el sector. Se necesita un debate sin condicionamientos para tener una nueva Ley de Semillas como así también una aggiornada Ley de Carnes que genere un marco de inversión adecuado”.

Pero más allá de que el tema retenciones fue eliminado de la Ley Ómnibus, en la entidad todavía tienen dudas de cuál será el futuro de los derechos de exportación. En este sentido, Pino marcó que “estamos expectantes por ver cómo termina el tema retenciones, porque si bien el gobierno nacional eliminó el capítulo fiscal del proyecto, no sabemos cómo van a ser las alícuotas. Por ejemplo, y en el caso de la soja, ¿seguirá el diferencial por el que los productores transferimos más de USD 500 millones a la industria? Tendremos que ver cómo quedan las alícuotas”.

El martes de la semana pasada, la Mesa de Enlace mantuvo una reunión con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, donde el tema semillas fue discutido y donde los ruralistas dejaron en claro la posición de las entidades.

Para el presidente de CRA, Carlos Castagnani, “son varios puntos a los que hay que prestarle atención y estar muy pendientes (en la discusión que se llevará a cabo el martes en el Congreso). Uno de los principales es la adhesión al UPOV-91, que a nosotros nos preocupa. Se lo hemos dicho al equipo del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, al ministro de Economía, Luis Caputo y a varios gobernadores. Nosotros lo que pretendemos como sector es que ese artículo sea retirado, pero sí entendemos que se debe debatir una nueva Ley de Semillas. En esto hubo coincidencias con los gobernadores”.