Ley Ómnibus: ya sin la suba de retenciones, el campo discutirá los derechos en materia de semillas

Despejada, por ahora, la suba de retenciones, queda en la Ley Ómnibus un artículo, el 210, que el Gobierno impulsa junto a mas de 30 cámaras e instituciones de la agroindustria. La normativa pretende adherir la UPOV 91, una convención internacional sobre la propiedad intelectual en semillas. Científicos, industria y entidades argumentan sobre ella.

Entre tantas de las cuestiones que la Argentina tiene pendientes para insertarse en el mundo y cuya definición se dilata hace décadas, la actualización de la legislación sobre semillas es una de las que afecta más claramente el desarrollo del sector semillero y la expresión del potencial del país como productor de alimentos, fibras y bioenergías. Esto frena inversiones en el rubro, mientras en países con mercados similares pero más desarrollados y estrictos en materia de propiedad intelectual, como EEUU y Brasil, crece la inversión privada, los rendimientos de los cultivos acompañan y se genera un ciclo virtuoso que en Argentina aún pareciera no lograrse.

El proyecto de Ley Ómnibus -del cual el viernes el Gobierno retiró el capítulo fiscal y con él la suba de retenciones- incluye el artículo 241 que dispone que “La República Argentina adhiere a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV), ACTA 1991″.

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental (no perteneciente a la ONU) con sede en Ginebra, Suiza, cuyo objetivo es proteger más eficazmente las obtenciones vegetales. La Convención de 1991, a la que Argentina adheriría si se aprueba ese artículo, se discute intensamente en el ámbito agropecuario.

Daniel Ploper, director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), de Tucumán, e investigador principal de la EEAOC y del Conicet, es un ingeniero agrónomo argentino reconocido internacionalmente por mejoramientos de caña de azúcar, soja, trigo, poroto, garbanzo, mungo y portainjertos, explicó a Infobae que desarrollar una variedad de caña “demanda entre 11 y 12 años, incluidos los ensayos comparativos de rendimiento, aunque con las legumbres se pueden tardar algo menos”.

Desde Córdoba, la ta,mbién agrónoma Julia Carreras agrega que en el caso específico de garbanzos “como mínimo se invierten 10 años en la mejora genética de variedades”. Ese lapso, acota, puede acortarse a 7 u 8, “pero es muy difícil lograr una variedad en menos tiempo. Aunque se puede disminuir utilizando diferentes estrategias, como son las siembras en contra estación, dentro o fuera del país, y realizando ensayos comparativos de rendimiento en muchas localidades”.

Carreras es mejoradora genética y directora del Criadero Allpa Sumac de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de la cual fue docente e investigadora y actualmente asesora a la empresa Granaria, de Jesús María, un semillero y criadero pyme. Generó 6 cultivares de garbanzos, y ha inscripto entre 25 y 30 cultivares de maíz, maíz pisingallo, triticale forrajero y granífero, cebada, forrajera, oréganos, ajos, y el primer cultivar de peperina.

También desde Córdoba, pero en General Cabrera, Juan Soave, titular de otra pyme, semillero El Carmen, dedicado al mejoramiento de semilla de maní, señala que el productor puede utilizar las semillas de maní todos los años que quiera y si bien está la ley de semillas vieja (1973), que habla de los derechos del obtentor, “eso realmente no se cumple, salvo en mi caso particular que, como el mercado es tan pequeño y está tan concentrado, hemos logrado -hablando con las mayores 20 empresas que siembran el 80% del maní de la Argentina- que paguen algo de regalías para poder seguir adelante”.

El negocio de la semilla de maní no es desde ningún punto de vista brillante. De lo contrario, dice Soave, habría grandes empresas produciéndola. “Es un mercado pequeño como entiendo que también lo es el del poroto y el garbanzo. Al poder sembrar una variedad, si se cuida la semilla durante algún tiempo, ya que las pérdidas no son fáciles de determinar, de un año a otro, hace que los productores no le den mucha importancia al mejoramiento de las autógamas y vuelvan a utilizar su propia semilla, en lo que se denomina uso propio”.

El concepto del “uso propio” es la piedra de la discordia en torno de la UPOV 91, a la que el gobierno de Javier Milei, impulsado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca (la redenominación a “Bioeconomía” no fue aún formalizada), Fernando Vilella, quiere adherir. El Consejo de la UPOV informó en su último reporte que Argentina es el décimo país del mundo en el registro de nuevas variedades, como resultado, en gran parte, de la protección del derecho de obtentor, que garantiza a los creadores de nuevas variedades vegetales reconocimiento y exclusividad sobre su creación fitogenética, incentivando la innovación y el desarrollo agrícola.

Argentina, a través de un decreto de 1991, protege ese derecho, aún en más aspectos que los establecidos en la UPOV 91, abarcando todos los géneros y especies por 20 años. Al respecto, la cartera de Vilella informó recientemente que UPOV 91 “crea el uso propio por parte de los agricultores, excepción que no existe en el acta de 1978 a la cual Argentina se encuentra adherida. En la actualidad, autorizar el uso propio de determinas especies en Argentina es un requisito que debe cumplirse para poder ejercerlo, esto implica declarar variedades utilizadas, cantidad de producción, entre otras; bajo apercibimiento de multas y de perder este derecho”.

En este sentido, el Gobierno señaló que “los países adheridos a UPOV ACTA 1991, han reglamentado que los pequeños productores quedan exceptuados de pagar por el uso propio” y que “respecto a los pequeños agricultores y al uso de sus semillas nativas y criollas, UPOV 1991 no viene a regular sobre material sin propiedad intelectual, por lo cual estas especies no son alcanzadas”, por el acta de ese año.

También la industria percibe “un atraso en materia de tecnología en el ámbito agrícola, denunciado por los distintos sectores y fundamentado en la falta de practicidad de la normativa (la actual Ley de Semillas 20247 de 1973), porque no contempla por su fecha de sanción la evolución en el campo del mejoramiento, ni de los avances tecnológicos”. Concretamente se refiere a que al sancionarse esa norma, no existían las semillas genéticamente modificadas ni los eventos biotecnológicos que introducen resistencias de las semillas a insectos, herbicidas y últimamente también a sequías.

Al respecto, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) sostiene que es necesario también “establecer un coto” al uso propio. “Hay que pagar lo que la tecnología de la semilla aporta como valor agregado o de los eventos introducidos en ella”. Y lo dice especialmente sobre las semillas de especies autógamas (trigo, soja, maní y diversas legumbres, entre otras).

En este punto, el ingeniero agrónomo Antonio Aguinaga, mejorador de semillas de cebada cervecera y actualmente asesor de la start-up Cálice Biotech, sostiene que el actual marco legal no favorece el desarrollo de las semillas de plantas autógamas. “Es una complicación percibir regalías a partir del momento en que uno lanza al mercado una nueva variedad. Al poder el productor quedarse con la semilla, se pierde el control. Las inspecciones de ARPOV (la versión argentina de UPOV) han descubierto muchas plantas de acopio con semilla ilegal y todo eso es inversión o regalías que no vuelven al criador o mejorador de semillas”, dijo a Infobae.

“El único ingreso de los programas de investigación y desarrollo son los royalties (que se pagan al comprar la semilla) y no las regalías, porque cuando sale una nueva variedad, una vez que se vende la semilla por primera vez, a partir de ahí se pierde el control. Por eso, el marco actual decididamente no favorece las condiciones, porque no se recupera la inversión”, enfatizó Aguinaga.

Sobre eso llama la atención la experiencia de Juan Soave con el maní. “Es increíble. A mí en Brasil, donde tengo inscriptas variedades, a través de un acuerdo los productores me pagan royalties, aun teniendo una pequeña participación en el mercado; creo que también se trata de un tema cultural”, dice sobre los negocios de semilla que su pyme cordobesa realiza con colegas del país vecino.

Las diferencias culturales entre países también se manifiestan en este tema. “En Argentina la legalidad de semillas o el respeto por la propiedad intelectual del obtentor, gira en torno al 30%; en Brasil, ese porcentaje asciende al 80% y en EEUU al 100%; incluso en Uruguay el respeto por la propiedad intelectual ronda el 85 por ciento” dice Santiago De Stefano, Director de Grupo Don Mario (GDM), empresa argentina nacida en Chacabuco, Buenos Aires, en 1982 y que actualmente opera en 15 países. El bajo nivel de uso de semilla legal en el país, subraya De Stefano, “redunda en una inversión en mejoramiento muy dispar: en la Argentina la inversión en mejoramiento para el cultivo de la soja es de 1 dólar por hectárea, cuando en Brasil y EEUU es de 3 y 5 respectivamente”, precisa.

En igual sentido opina Ploper de la EEAOC. “El marco regulatorio actual definitivamente no favorece las inversiones en especies autógamas ya que con la legislación vigente no está garantizada la propiedad intelectual de las creaciones fitogenéticas y el consecuente retorno de esas inversiones”, dijo. Inversiones que no solo realizan semilleras multinacionales que operan en el país, sino también organismos públicos como el el INTA. Este organismo público, dice Ploper, “es el principal obtentor de variedades de Argentina con inversión pública en mejoramiento”, algo que también hacen el Conicet, la estación experimental Obispo Colombres (EEAOC, Tucumán) y obtentores pymes nacionales, garantizando, un desarrollo federal inclusivo”, tal como también informó Bioeconomía.

El investigador tucumano relata el hecho por el que hace años se queja y reclama la industria: “los productores adquieren semillas de las nuevas variedades y luego las multiplican indefinidamente, incluso comercializándolas, sin que haya ningún tipo de reconocimiento al obtentor, más allá de la compra original de la semilla. Así resulta inviable sostener programas de mejoramiento de alto costo”, recuerda.

Para Ploper, “La adecuación de la legislación actual y la adhesión a UPOV 91 traerán beneficios concretos al productor, pues fortalecerá los programas de mejoramiento de especies claves para la agricultura argentina, como soja y trigo, además de cultivos regionales de gran importancia como maní, poroto y garbanzo, entre otros”. También -agrega- se fortalecerían las inversiones en el mejoramiento de arvejas y lentejas, legumbres muy demandadas en el mercado internacional”.

Respecto de la soja, Ploper señaló la pérdida de competitividad que el país viene sufriendo frente a Brasil y EEUU, los mayores productores mundiales de la oleaginosa, porque aquí las empresas no sostienen programas de mejoramiento del cultivo. Los productores brasileños de soja, señala, tienen un rinde promedio por hectárea 600 kilos superior al de la Argentina, lo que implica una pérdida económica de USD 4.500 millones. Según la industria semillera, con un nuevo marco legal, el desarrollo y crecimiento de las legumbres sería tal que su producción podría sumar unos USD 10.000 millones a la economía argentina.

Siguiendo la comparación con otras latitudes, en materia de cebada cervecera, especie para la cual lograr una nueva variedad lleva entre 6 y 12 años, según el método utilizado, Aguinaga explica que “la evaluación industrial lleva varios años “porque hay que multiplicar cada nueva creación para poder tener volumen de producción cervecera”. La inversión en genética de cebada en Europa es mucho mayor que en Argentina, apunta. Y subraya que países como Alemania, Francia o Reino Unido “invierten muchísimo en calidad de mejoramiento, con todas las herramientas disponibles para los mejoradores. Ya sea en maquinarias, marcadores moleculares, y producción de doble haploides”.

La consecuencia de esto es que llegan al país germoplasma de cebada o trigo europeos con mayor potencial de rendimiento de las variedades, en estos países, “mayor que lo que en su momento fue el germoplasma argentino. Igualmente, en la actualidad los rendimientos de cebada cervecera, gracias a los programas de mejoramiento, duplican los que el país tenía en la década del 90, lo que demuestra que la introducción de germoplasma europeo fue muy importante y sigue siéndolo, debido a la mayor inversión que tienen esos países comparados con Argentina, a raíz de que en todos ellos hay una buena retribución de la inversión a través de las regalías que perciben”, dice Aguinaga.

Más allá de los que suceda con la adhesión de la Argentina a UPOV 91, lo que sería un paso mínimo hasta llegar a una ley específica de semillas en reemplazo de la vigente y desactualizada (ya cumplió 50 años), otro actor de peso es el Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo descentralizado dependiente de Agricultura, cuyo rol es central en la materia.

“Estamos a favor del fortalecimiento de las instituciones que velen por la aplicación de la legislación vigente porque, en definitiva, toda la cadena agroindustrial se ve favorecida con un marco jurídico claro y que se aplique consistentemente”, señaló De Stefano. Por su parte, Aguinaga abogó por un trabajo público-privado entre el INASE y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). ”Trabajando en conjunto con el INASE se podría realmente hacer un muy buen control. Están las herramientas tecnológicas como para detectar rápidamente cuando hay producción de semilla ilegal”, precisó. “Actualmente existe la tecnología para detectar una variedad de cebada en 4 minutos; no se necesitan marcadores moleculares ni análisis especiales, y eso se podría hacer inclusive hasta en los lotes; no sé si el INASE tiene los recursos económicos y financieros para hacerlo, pero no me parece complicado, porque tiene profesionales capacitados y necesarios como para hacer este control”.

Sobre la adhesión al UPOV 91, De Stefano señaló que en los países que lo han adoptado se garantiza “la seguridad jurídica de los obtentores y, por ende, hay un impacto positivo en la inversión. Por eso, enfatizó, “miramos esperanzados una posible adhesión a esta convención”.

También agregó que “además de garantizar de manera explícita el uso propio por parte del productor, la adhesión a UPOV 91 será una importante herramienta para fomentar la inversión de las empresas. Los productores van a tener acceso a más y mejores tecnologías que redundan en una mayor ganancia genética y aumento del rendimiento que en definitiva se traduce en un mayor retorno de la inversión que cada año realizan”, recalcó.

Al respecto, Ploper, consideró que “la adhesión a UPOV 91 contribuirá a lograr que en el país haya un reconocimiento a la propiedad intelectual y eso posibilitará mayores inversiones en investigación y desarrollo en el área del mejoramiento genético. Pero será necesario adecuar nuestra legislación, para recién estar en condiciones de adherirse, ya que la ley actual no garantiza el reconocimiento de los derechos del obtentor. Hay aspectos que deben resolverse independientemente de esa adhesión. Uno de los pasos concretos para proteger los derechos del obtentor mediante la modificación de la actual legislación es que el uso propio de la semilla sea oneroso”.

Para él “constituye una excelente oportunidad para debatir y analizar a fondo la actualización de la normativa vigente, de modo que tengamos una legislación que proteja debidamente los derechos del obtentor que provea seguridad y respaldo al financiamiento de la creación de nuevos cultivares para que todos los productores, en todas sus escalas y producciones, puedan contar con las mejores variedades con las tecnologías más modernas”.