Conflicto entre el Gobierno y prepagas: prestadoras de salud alertan que hay 1.670 centros en riesgo de quiebra

La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim) alertaron acerca de la grave situación que atraviesan los prestadores de salud debido a la diferencia entre ingresos y costos y el riesgo de quiebra, en medio del conflicto entre el gobierno y las prepagas.

Desde la cámara nacional que nuclea a más de 400 instituciones de salud privada entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio advirtieron que el panorama se agravará si no hay soluciones a corto plazo.

“Frente a la brecha que acumulamos entre ingresos y costos, el fin de la Emergencia Sanitaria, a las puertas del inicio de una nueva negociación paritaria, y ante el panorama actual sectorial de público conocimiento por estos días aún sin vías de solución, muchas instituciones de salud privada podrían quebrar”, señaló el presidente de Adecra, Jorge Cherro.

Cherro detalló a Infobae que 1.670 centros de atención están en riesgo de quiebra y que la AFIP tiene un listado de 5.000 centros asistenciales que están en condiciones de ser ejecutados y embargados a partir del 31 de junio luego de que el gobierno diera por finalizada la Emergencia Sanitaria vigente desde 2002, la cual otorgaba medidas de alivio fiscal.

“El total de los prestadores de salud privada en Argentina atiende a 7 de cada 10 personas. Para poder brindar las prestaciones y hacer frente a los aumentos al personal, las instituciones reciben aranceles por parte de quienes las contratan, que son los financiadores (prepagas y obras sociales, incluyendo al PAMI), pero los pagos llegan a cobrarse, en algunos casos, a 120 días”, precisó Cherro.

En este sentido, se refirió al conflicto con las prepagas por el aumento de las cuotas que redundó en la decisión del gobierno de retrotraer aumentos y regular los incrementos en base a la inflación: “Hoy se desarrolla un conflicto sectorial, de público conocimiento, que, sin lugar a dudas, repercutirá fuertemente en el sector prestador de servicios, entendiendo que somos parte de una cadena de valor que en su conjunto administra un bien público –la salud– con gestión privada. De no resolverse pronto, esta situación dejará fuera de juego, quebradas, a muchas instituciones”.

El presidente de la entidad contó que una de las prepgas más importantes aumentó su cuota de enero a marzo en un 129,4% pero les trasladó a sus prestadores 38 puntos menos que porcentaje. “Habían prometido para el mes de abril un 12% más de aumento y ahora nos avisaron que ese aumento estaba suspendido. Además, nos dijeron que el aumento de marzo iba a verse reducido en un 20,7%. Es decir, hay un desagio del 33%”, precisó Cherro.

A su vez, PAMI está otorgando aumentos por debajo de la inflación. “Nos ha otorgado un 20% para el mes de enero y un 15% para marzo. Lo mismo sucede con las obras sociales nacionales, las cuales nos pueden dar aumento cuando tienen paritarias propias y les aumenta la recaudación”, explicó.

También, y luego de que la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) anunciara que congelaría sus precios de medicamentos por un mes, Cherro dijo: “Se asustaron por lo que les pasó a la medicina prepaga pero congelaron después de haber aumentado algunos medicamentos hasta el 500%”.

Según datos relevados por Adecra y Cedim sobre instituciones asociadas, la brecha acumulada promedio entre ingresos y costos en salud desde enero de 2020 a abril de 2024 fueron del 112,20% y, dentro de este periodo, los aumentos promedio en los costos de producir atención médica fue del 2557%, mientras que la inflación fue del 1805%.

La crisis que afecta a los prestadores, según la cámara, responde a “un problema de larga data de desfinanciamiento o sábana corta”, donde inciden múltiples factores: aranceles por debajo de los costos; alta inflación en los costos de insumos, medicamentos y equipamientos, profundizada en la pandemia y a partir de las dos últimas devaluaciones de agosto y diciembre de 2023; el retraso estructural en la cadena de pagos; últimas paritarias con aumento acordado del 45% distribuido entre febrero y marzo de 2024; y la finalización de las medidas de alivio fiscal y de la Emergencia Sanitaria a fines del mes pasado, entre otras.

“El sector arrastra, desde hace 20 años, un continuo deterioro económico-financiero que se agudizó en la pandemia, de la que aún hoy no hemos podido recomponer el capital de trabajo”, explicaron.

“No debemos olvidarnos que, durante años, los ingresos del sector han sido regulados y controlados, mientras los costos siguieron ascendiendo. Actualmente, aun con la desregulación de la actividad que habilitó el DNU 70/2023, continúa el desfasaje entre costos y aranceles y la cadena de valor se encuentra amenazada”, recalcaron.

“El decreto no liberó a todo el sector privado de la salud sino que a las empresas de medicina prepaga solamente”, afirmó Cherro.

En este contexto, defendieron la necesidad de reformas. “Es absolutamente necesario y urgente que se generen reformas, en especial para nuestro sector”, afirmaron, y mencionaron puntos como “medidas de alivio fiscal, incentivo al empleo, renovación de la Emergencia Sanitaria, plan de facilidades de pago o moratoria especial, redefinición de caracterización de PYME y revisión urgente del Programa Médico Obligatorio (PMO)”, entre otros.

En esta línea, Cherro dijo: “Más allá de la necesidad urgente de hacer sostenible la actividad de los prestadores de salud privada, es clave también que, mediante el dictado de leyes, decretos y normas afines, se logre la consistencia y armonización del sistema de salud en su conjunto, que como nación nos debemos. De otro modo, será muy difícil que encontremos solución a los problemas de financiamiento y cobertura y a los condicionamientos en eficiencia y calidad que los prestadores venimos atravesando”.