Las empresas cripto apoyan la regulación que aprobó el Senado pero advierten por la carga impositiva

Antes de rechazar el controversial DNU 70/23, el Senado aprobó ayer la reforma de la ley 25.246 de prevención de lavado de activos que tenía media sanción de Diputados, que incluye cambios en el Código Penal, en la Unidad de Información Financiera (UIF) y también la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). De ese modo, todas las empresas que operen con criptomonedas en la Argentina deberán inscribirse en ese registro y someterse a la “supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción” del Gobierno a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La premura en aprobar el proyecto aún en medio de un clima político tan caldeado obedece a que hasta el 26 de marzo se encuentra en Buenos Aires una misión del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo global dedicado a la prevención del lavado de dinero. Tal como anticipó Infobae, el Gobierno debía cumplir con una exigencia específica del GAFI en cuanto a registrar a las empresas cripto. De no hacerlo, podría ingresar a la indeseable “lista gris” del GAFI, integrada por países vulnerables a esa clase de delitos.

Antes del 26 de marzo, la norma sancionada debe estar en efectiva vigencia. Por tanto, se espera que el presidente Javier Milei la promulgue a la mayor brevedad, previo veto del artículo que dispone su entrada en vigencia a los 30 días de su publicación. Para cumplir con el GAFI, debe entrar en vigencia antes. Una vez promulgada, la CNV dictará su reglamentación, en su carácter de autoridad de aplicación de ese registro.

Contra lo que podía presumirse, desde las empresas dedicadas a las criptomonedas se transmitió un apoyo claro a la creación del registro y a que se avance con una reglamentación, con la expectativa de que ese estatus legal puede alinearlas con estándares globales y, a la vez, dar mayores certezas tanto a sus inversores como a sus usuarios.

Al mismo tiempo, advirtieron que si la regulación estatal viene atada a fiscalizaciones extremas o sirve como vía para aplicar algún impuesto extra al movimiento de criptoactivos, los usuarios apuntarán a los exchange extranjeros que escapen a esas obligaciones. A diferencia de otros servicios financieros, comprar Bitcoin sin pasar por una empresa local está al alcance de algunos clicks en el celular.

“La industria entiende que, dada la naturaleza de los activos virtuales, un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar la paradoja de una mayor informalidad y tendencia a operar hacia exchanges extranjeros/desregulados, contrariando los objetivos pregonados por la normativa y afectando gravemente a la industria y a los usuarios de las más de 10 millones de cuentas de activos virtuales que usan para pagar, ahorrar e invertir su dinero”, señaló la Cámara Argentina Fintech (CAF) en un comunicado.

La entidad, que participó en el último año de varias mesas de trabajo con el Gobierno para analizar el proyecto, manifestó su acuerdo con “una reglamentación inteligente y progresiva de la norma, que potencie el desarrollo de la industria de activos virtuales -popularmente conocidos como ‘criptomonedas’-, genere un marco de desarrollo para los Proveedores de Servicios de activos virtuales, proteja a sus usuarios, y formalice el alineamiento del país con estándares internacionales con los que ya cumplen las empresas”.

Si bien la mayoría de las billeteras y los exchange aseguran que la autorregulación que viene desarrollando el sector no le exigirá grandes transformaciones para adecuarse a la norma, la CAF pidió además que la reglamentación contemple un período de adecuación de 18 meses para las empresas, algo que ya se aplicó en otros países. También pidió coordinación entre la UIF, la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para asegurar que “no haya inconvenientes que afecten a los usuarios”.

Los expertos legales de las fintech enfocadas en el negocio de las criptomonedas apoyaron la iniciativa y también hicieron salvedades sobre la reglamentación que viene. “La colocación de la CNV como único regulador de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales parece un acierto, considerando que sus funciones están principalmente dirigidas a la protección del inversor, la transparencia y la integridad del mercado”, explicó Juan Pablo Fridenberg, director de Asuntos Públicos de Lemon.

Fridenberg también señaló que, al igual que en otros países, un plazo “razonable de adecuación e implementación” puede ser de 18 meses. También recalcó que la ley necesita ser complementada con un capítulo tributario. “A través de la Cámara Argentina Fintech, presentamos una propuesta tributaria y previsional que contempla un tratamiento específico para los activos virtuales, incluyendo exenciones en los Impuestos a Bienes Personales, Ganancias y a los Débitos y Créditos para los ahorristas e inversores en activos virtuales”.

“Aunque pueda sonar paradójico, tener reglas claras es un paso necesario para lograr ciertos estándares o pautas que posibiliten la interoperabilidad del ecosistema crypto con el sistema financiero tradicional”, explicó.

Otra empresa que celebró la aprobación del Senado fue Bitso Argentina, que pidió “aprovechar esta oportunidad única”, más allá del registro, para generar “una regulación cripto completa y de clase mundial, que proteja a los usuarios y promueva la innovación de nuestra industria y la inclusión financiera”, según explicó Carlos Peralta, líder de Políticas Públicas de la compañía.

“En Bitso siempre hemos cuidado al usuario, incluso autorregulándonos por encima de las exigencias locales. Como consecuencia, la prevención del fraude y del lavado de activos son parte de nuestro ADN como compañía desde que comenzamos a operar hace 10 años y consideramos que esto hoy representa un valor agregado frente a nuestra competencia. Gracias a ello, nuestros usuarios pueden quedarse tranquilos de que no verán cambios en la forma que operan en nuestra plataforma”, agregó. Peralta apuntó a “una reglamentación inteligente, que no sea un simple requisito burocrático con un alto costo de adecuación, sino que genere condiciones que nos permitan seguir creciendo e invirtiendo”.

Alejandro Rhotamel, Chief Legal Officer de Ripio, señaló que “la regulación para los proveedores de servicios de este sector es un tema que se viene discutiendo hace años. Desde Ripio apoyamos a la industria y una regulación razonable. No obstante, siempre cumplimos y adoptamos los estándares vigentes a nivel internacional, con procesos de KYC (conozca a su cliente) y prevención del lavado de dinero (AML/FT) robustos, auditorías y pruebas de reservas”.

Según el CEO de Satoshi Tango, Matías Bari, la llegada de esta regulación “representa un paso significativo hacia la legitimación y el desarrollo sostenible de la industria cripto en Argentina. Esta legislación no solo alineará al país con las recomendaciones internacionales del GAFI, sino que también promoverá un entorno más seguro y transparente para los usuarios y las empresas del sector”.

“El trabajo del Congreso y la Cámara Argentina Fintech es sumamente importante para avanzar en estas iniciativas, y esperamos colaborar activamente en la construcción de un marco regulatorio que beneficie tanto a la industria como al país en su conjunto,” concluyó Bari.