El primer mes del gobierno de Javier Milei estuvo signado por un cambio de paradigma en el ecosistema de los precios relativos de la economía, con una devaluación inicial del tipo de cambio oficial, la liberación de esquemas de controles de precios en rubros como el consumo masivo, la medicina privada y los combustibles, y un plan económico de emergencia con un ajuste fiscal, una baja de la tasa de interés y la licuación de deuda, ahorros e ingresos en pesos.
Como consecuencia de ese set de medidas, algunos precios clave, como productos de la canasta básica, sufrieron aumentos en las primeras semanas de mandato del gobierno libertario. En algunos casos, las subas fueron tan pronunciadas que forzaron a un reajuste hacia abajo ante la posibilidad de una caída en el consumo. Es un síntoma que se notó, por ejemplo, en algunos cortes de carne.
En un relevamiento hecho por Infobae, los valores que experimentaron entre el 7 de diciembre y el 9 de enero las subas más pronunciadas fueron las del kilo de lechuga, que aumentó desde $167 a $429 (157,5%), la nafta súper que pasó de 360 pesos a 775 pesos (115,3%), la gaseosa cola, que subió desde 915 pesos a 1.870 pesos (104,4%) y la lavandina, que sufrió un incremento desde $346 a $661 (91 por ciento).
De ese listado, el precio más sensible, y que implica un efecto hacia otros bienes y servicios, es el de los combustibles. Las principales empresas del sector decidieron aplicar varios tramos de incremento tras el congelamiento de los últimos meses del gobierno anterior.
La nueva administración dio vía libre a las petroleras para que recompongan el valor en los surtidores, en un camino en el que las firmas buscarán emparejar el precio de exportación al de mercado interno, lo que implicaría que un litro de nafta valga lo mismo que un dólar.
A la cotización oficial, a la nafta súper en las estaciones de servicio le faltaría todavía subir unos 40 pesos más, aunque en realidad ese número debería ser más alto porque el esquema exportador vigente se realiza en un 80% al valor del MULC y otro 20% al contado con liquidación, lo que da un tipo de cambio implícito más favorable.
En este contexto, tras el 12,8% del IPC de noviembre, el Indec dará a conocer este jueves el índice de diciembre y, de acuerdo a algunas consultoras privadas, la inflación podría rozar el 30 por ciento. Así, impacto en el poder de compra de los salarios es grande y según cálculos privados podría superar una pérdida superior al 10% en un solo mes. Por caso, tras el inicio de la crisis cambiaria de 2018 los ingresos tardaron casi un año para caer en una proporción similar.
“Desde enero los salarios van a intentar recomponer o empardar la inflación para no repetir el desplome del salario real de diciembre. Estimamos que el Ripte habría caído 11% en términos reales en dicho mes, récord para la serie que arranca en 1995″, estimaron en la consultora Equilibra. De esa manera, los salarios crecerían, en términos nominales, 11% frente a una inflación que calcularon en 26 por ciento: esa diferencia de 15 puntos porcentuales implicaría una pérdida de poder de compra de 11 por ciento.
El presidente Javier Milei dijo este domingo: “Si vemos la primera y segunda semana de diciembre, eso ubicaba la dinámica inflacionaria en el 45% mensual, si usted llega a ver un número de 30, es un numerazo”. El primer mandatario aclaró que semejante nivel de inflación es “un espanto”, pero agregó: “Veníamos para 45%, significaría que logramos abatir un tercio. Igual, es un desastre”.
Pero el plan económico también tuvo una “pata” monetaria y cambiaria que impactó en los mercados financieros a lo largo de este mes. Tras unas primeras semanas de gobierno en la que el equipo económico consiguió aplastar la brecha tras el salto cambiario y el arranque de la liquidación de exportaciones, en los últimos días se perfiló algún escenario de tensión cambiaria con una brecha que recuperó terreno.
Como consecuencia de ese set de medidas iniciales, algunos precios clave, como productos de la canasta básica, sufrieron aumentos en las primeras semanas de mandato del gobierno libertario
Precios clave del mercado financiero también sufrieron su propio efecto en el último mes tras la puesta en marcha del plan inicial de Milei. En esa lista se destacan: el dólar oficial pasó de $364,4 a $814,30, lo que implicaría un incremento de 123,5%; el dólar MEP o Bolsa se negociaba antes del cambio de gobierno a $1.001 y ahora lo hace a $1.152 (15,1%), el contado con liquidación pasó de $1.019 a $1.171 (14,9%) y el dólar blue fue desde $980 hasta $1.120 (14,3 por ciento).
El riesgo país subió casi 11% en un mes, de 1.896 puntos básicos a los 2.102 de ayer, en medio de caída de los precios de los bonos locales en dólares.
En términos regulatorios –o de microeconomía– el gobierno de Milei hizo una fuerte apuesta a dos movimientos iniciales. Por un lado, un mega DNU que introdujo una gran cantidad de desregulaciones a distintos sectores de la economía, que llevó el título de “Bases para la reconstrucción de la Economía argentina”. El decreto ya entró en vigencia, pero comenzó a transitar un camino de objeciones judiciales que pondrán en duda en las próximas semanas algunos aspectos de esa norma.
En paralelo, envió al Congreso una ley ómnibus con más de 660 artículos de reorganización del Estado. Implica profundos cambios en materia económica, impositiva, financiera, energética, sanitaria, administrativa, electoral, previsional, social, educativa, y de seguridad. Este proyecto fue girado al Congreso y ya comenzó a ser discutido en comisiones.
Con todo, el Gobierno buscó en estas últimas semanas conseguir un refuerzo de reservas a través de un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional. Durante las primeras horas de este martes el Ministerio de Economía y el Banco Central volvieron a verse las caras con los enviados del FMI, que llegaron el viernes a Buenos Aires y que permanecerán hasta mitad de semana, al menos.
Las tratativas se extendieron porque además del examen del cumplimiento de los objetivos de septiembre pasado, algo que el gobierno anterior no consiguió en términos de acumulación de reservas y de reducción del déficit, las conversaciones con la nueva administración también busca establecer nuevas metas trimestrales y anuales para el 2024, y reanudar el calendario de desembolsos que se interrumpió en agosto pasado.