La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) realizará el miércoles por la mañana un encuentro organizado para debatir sobre el paquete de medidas que impulsa en el Congreso del gobierno de Javier Milei, que incluye la suba de retenciones al sector.
Al encuentro fueron convocados legisladores de las provincias productoras de vino, con el objetivo de “exponer y dialogar en el marco del Plan Estatégico Argentina Vitivinícola al 2030, sobre los alcances y el impacto negativo de la propuesta de aplicación de derechos de exportación al complejo vitivinícola explicitada en el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, según reza en la invitación cursada a los diputados y senadores provinciales.
Las autoridades de COVIAR ya expresaron formalmente su rechazo a la iniciativa de fijar retenciones para la producción del sector en un encuentro que mantuvieron la semana pasada con el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, a quien le ratificaron su malestar. Lo hicieron acompañados por los ministros de la Producción de Mendoza y San Juan,
En la reunión, los integrantes de COVIAR plantearon el rechazo al proyecto de ley que reinstala las retenciones con una alícuota del 8% para todos los productos exportables de la vitivinicultura y pidieron sostener la continuidad del Proviar 2, el fomento del turismo del vino, la sostenibilidad y la lucha contra la plaga Lobesia Botrana.
Al miso tiempo, dialogaron con Vilella sobre esa actividad presente en 18 provincias argentinas, y analizaron cómo fortalecer la articulación público-privada con Nación, a partir de la asunción del nuevo gobierno. Todos temas fueron analizados en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) en su actualización al 2030.
A la reunión con Vilella asistieron Mario González, presidente de COVIAR, junto a Gustavo Fernández (ministro de Producción de San Juan), Rodolfo Vargas Arizu (ministro de Producción de Mendoza), José Zuccardi (vicepresidente de COVIAR), José Molina (presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan) y Fernando Morales (presidente de la Cámara de Mosto), entre otros miembros del directorio.
“La reunión fue ampliamente positiva. En una misma mesa de diálogo, abierta y representativa de todo el sector, como es COVIAR, en las que estuvieron presentes los ministros de la Producción de las dos provincias vitivinícolas con mayor superficie cultivada, como son Mendoza y San Juan, se plantearon los temas centrales para la vitivinicultura argentina y se abrió una agenda de trabajo e intercambio de estudios técnicos para ir avanzando en cada una de las temáticas presentadas”, explicaron desde la Coviar. En cuanto a las retenciones, Vilella destacó tras esa reunión, el martes pasado, que la cuestión deberá ser tratada y decidida en el ámbito del Congreso cuando se debata el proyecto en ambas cámaras.
“La reunión fue muy positiva. Con la participación de los ministros de la Producción de Mendoza y San Juan (miembros del Directorio de COVIAR), presentamos a las nuevas autoridades nacionales el importante rol que tiene COVIAR y el Plan Estratégico Vitivinícola al 2030 como mesa de articulación, dialogo y trabajo para el futuro de la Viticultura Argentina”, afirmó Mario González, presidente de COVIAR.
Por su parte, el secretario Vilella se mostró abierto y empático a seguir profundizando el trabajo con la vitivinicultura y defendió la necesidad de contar con una visión de futuro como es el Plan Estratégico Vitivinícola al 2030 en todas las economías regionales. “Nosotros vinimos a trabajar por esto (en referencia al Plan Estratégico de la Vitivinicultura), para el largo plazo con el objetivo de duplicar las exportaciones”, destacó Vilella.
También desde Bodegas Argentinas manifestaron su preocupación por la aplicación del impuesto y advirtieron que “representan 60 millones de dólares de costo fiscal. Suma de bajo impacto para las arcas nacionales, pero es cercano al monto que las bodegas gastan en acciones de promoción y publicidad en los mercados en los que están presentes” .
la entidad que nuclea a más de 200 bodegas y empresas proveedoras del sector vitivinícola agregó que la medida provocaría “una baja en la competitividad de las exportaciones” y profundizaria la caída de las ya diezmadas ventas al exterior con el consecuente incremento de existencias de vinos y disminuciones en los precios de las materias primas.