En un contexto mundial en el que el lavado de dinero representa una amenaza significativa para la estabilidad financiera, desde las Naciones Unidas estiman que el monto total de fondos blanqueados oscila entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto (PBI) global, lo que representa entre 1,6 y 4 billones de dólares anuales.
La Argentina no está ajena a esa problemática. La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos advierte que el delito de lavado de activos supera los 1.000 millones de dólares anuales.
En detalle, el organismo identificó un total de 1.386 causas de lavado de activos iniciadas entre 2017 y 2020 dentro del país. Asimismo, elaboró un muestreo estadístico tendiente a cuantificar los activos involucrados en las causas judiciales por lavado de activos. El muestreo contó con respuestas del 74,14 % de las autoridades judiciales consultadas.
La división entre el monto global obtenido y la cantidad de causas utilizadas para el muestreo permitió proyectar de manera tentativa el valor unitario de los hechos investigados en sede judicial por lavado de activos en USD 3.086.649,87. En base a ese resultado, se pudo estimar un umbral inferior anual para el delito de lavado de activos en USD 1.069.524.179,95.
Un problema cada vez mayor
La lucha contra el lavado de activos se intensifica a nivel global, con la tecnología emergiendo como una aliada clave en esta batalla sin cuartel.
Las autoridades gubernamentales y las empresas de todo el mundo enfrentan una creciente preocupación por el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en un entorno donde las transacciones financieras se vuelven cada vez más complejas y las tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso. En este contexto, “la necesidad de una regulación sólida y una vigilancia efectiva nunca ha sido tan apremiante”, señaló un informe de Worldsys, una firma desarrolladora de soluciones regtech, que aplican la tecnología para el cumplimiento regulatorio.
La reciente Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó el informe, arroja luz sobre las amenazas más apremiantes en este campo. Entre los hallazgos más destacados se identifican tres preocupaciones fundamentales: la falta de aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), la dificultad para identificar a los Beneficiarios Finales y la operativa con criptoactivos.
El Enfoque Basado en Riesgos, una recomendación primordial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en sus estándares internacionales, enfrenta desafíos en su implementación por parte de las empresas. Martín Piñeiro, Director de Worldsys, destacó que estas dificultades pueden llevar a problemas que conllevan pérdidas financieras y daños graves a la reputación.
En este sentido, la identificación de los Beneficiarios Finales, las personas naturales que controlan una entidad, se considera esencial para garantizar la transparencia en las operaciones financieras y prevenir el uso indebido de estas estructuras con fines ilícitos. En el caso de los criptoactivos, la situación es aún más compleja, debido a la falta de un marco normativo sólido.
“Las soluciones regtech permiten automatizar y mejorar la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio. Utilizando herramientas avanzadas como el análisis de datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, las empresas pueden monitorear eficientemente las transacciones, identificar riesgos potenciales y garantizar el cumplimiento en tiempo real. Esto ayuda a evitar sanciones de los organismos de control y detectar irregularidades con mayor precisión, lo que es fundamental en un contexto de constantes cambios y regulaciones crecientes”, explicó Piñeiro.
En este contexto, Worldsys informó que lanzará “Compliance 4.0″, un evento que reunirá a diversas empresas y expertos de la industria para abordar las principales preocupaciones relacionadas con el cumplimiento normativo. El evento incluirá paneles sobre monitoreo de cuentas que operan con criptomonedas, la aplicación de la inteligencia artificial en la prevención de lavado de dinero y el fraude, la gestión integral de riesgos y su conexión con la ciberseguridad y la protección de datos personales, entre otros temas cruciales para el cumplimiento normativo.
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