La industria alimenticia rechazó los acuerdos de precios y los consideró una imposición del Gobierno

El plan de ajustes de precios establecido por el Gobierno, que implica una suba del 5% mensual por 90 días para 52.300 productos, sigue sumando detractores. Esta vez, fue la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) la que expresó su descontento a través de un comunicado.

El organismo, que representa a 14.500 empresas pertenecientes a 34 sectores de la industria alimenticia, advirtió que la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la secretaría de Comercio, “no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial”.

La Copal recordó que el sector alimenticio siempre participó de distintos programas del gobierno y acuerdos voluntarios, tales como Precios Cuidados y Precios Justos, pero sostuvo que la renovación del programa bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio, no es viable.

“Sobre la base de una serie de convocatorias en lo individual a un conjunto de empresas del sector, el gobierno ha anunciado un nuevo esquema de pautas de precios que las empresas han debido acatar para continuar abasteciendo, pero que de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario”, reclamó el organismo.

La protesta de Copal no es un caso aislado. El martes, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) envió una carta al Ministerio de Economía asegurando que las tres subas del 5% son “inviables”, en un contexto en el que los costos aumentaron entre 15% y 32% en las últimas dos semanas.

La Copal planteó también un escenario de inconsistencia entre sus costos y los aumentos autorizados por la Nación. “Pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor. Sólo en las últimas tres semanas, los principales costos de producción han aumentado en promedio entre un 15% y 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto”, apuntó la entidad.

Por otro lado, las empresas alimenticias recordaron que se están proyectando paritarias por encima del 140%. “Evidentemente, la política distorsiva en materia inflacionaria vuelve a generar presión sobre la industria de alimentos y bebidas, que con mucho esfuerzo ha sido el único actor de la cadena de valor en absorber el impacto de este flagelo, que lejos está de ser resuelto e impacta al conjunto de la sociedad”, protestaron.

Asimismo, Copal señaló que se siguen registrando restricciones para el acceso y disponibilidad de materias primas, insumos, bienes intermedios y bienes finales al no efectivizarse la aprobación y debido curso de las Sira y las Sirase. Eso, aseguró el organismo, se suma a los descalces financieros y la deuda comercial fruto de los extensos plazos asignados para el acceso a divisas y pago de importaciones. “Todo esto pone en jaque las relaciones no solo comerciales, también las que se asocian en primer lugar a la producción”, apuntó la cámara.

Las empresas dedicaron también unos párrafos a la desaparición efectiva del “dólar agro”. En ese sentido, argumentaron que, a raíz de la devaluación que llevó el dólar oficial mayorista a $350, los sectores exportadores adheridos al Programa Incremento exportador dejaron de acceder al tipo de cambio diferencial que se otorgaba, ya que el esquema quedó desactualizado.

En base a todos los problemas expuestos, Copal solicitó de forma urgente un espacio de diálogo efectivo a las autoridades, que permita acordar mecanismos que arbitren sobre las posibilidades ciertas para la producción.

Mediante un comunicado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresa su preocupación “ante los diversos actos de vandalismo registrados en zonas comerciales de diferentes localidades del país. En un momento en que la economía y la sociedad enfrentan desafíos significativos, es crucial mantener la paz y la tranquilidad en nuestra comunidad”.

La compleja situación económica que atraviesa la Argentina requiere, según la entidad, de una respuesta por parte de todos los sectores: “La violencia y el vandalismo no son las vías para buscar soluciones. Como representantes de las pequeñas y medianas empresas pedimos superar estos momentos de zozobra que afectan el trabajo diario de los comercios”.

“CAME ratifica su compromiso con la paz y con la estabilidad social en todo el país. Desestimamos los rumores y las especulaciones tendientes a fomentar acciones perjudiciales al normal funcionamiento de la actividad económica. Nuestro enfoque está puesto en respetar la ley y en encontrar propuestas constructivas para superar los obstáculos actuales”, concluyó el comunicado.

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