La agenda post-PASO de Massa: presupuesto 2024 con déficit cero, USD 1.300 millones de crédito internacional, alivio a importadores y otro gasoducto clave

Sea cual sea el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tendrán lugar este domingo, el ministro de Economía y precandidato presidencial de la oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, tendrá a partir del lunes una semana de hiperactividad, un implícito mensaje de que la campaña es la propia gestión y ratificaría, a la vez, de que seguirá a cargo de la cartera hasta el cambio de gobierno.

Entre la decena de anuncios, lanzamientos e iniciativas se cuenta la convocatoria al Presupuesto 2024 (el plazo límite para enviarlo al Congreso es el 15 de septiembre), que tendrá una meta de “Déficit cero”, como reclaman los precandidatos de oposición, y algunas separatas sobre las cuales los legisladores deberán decidir por dónde pasar el recorte de gastos. Cabe recordar, al respecto, que el presupuesto 2023 tenía una separata sobre el “Gasto Tributario” del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

Un documento de Economía recuerda que el “gasto tributario” abarca el conjunto de reducciones impositivas que disminuyen las obligaciones tributarias de ciertos contribuyentes, “usualmente grupos empresarios y grandes firmas, lo que provoca una merma en los recursos tributarios públicos”. Reducir ese “gasto”, explica, “permitiría robustecer los recursos del sector público, contar con mayor financiamiento para el desarrollo de políticas públicas prioritarias y alcanzar el déficit primario cero en la Ley de Presupuesto 2024 de la República Argentina”.

Además, Economía anunciará medidas para eximir a los importadores que pagan las compras al exterior con sus propios dólares del pago del llamado “Impuesto PAIS”, el IVA y la tasa de estadística. La iniciativa apuntaría a aflojar la presión sobre las escasas reservas del Banco Central y a la vez alentar a las empresas con recursos propios o financiamiento externo a acelerar sus propias importaciones y destrabar ciertas cadenas de valor cuyo nivel de actividad se resiente por la falta de repuestos, equipos, partes o insumos.

Cabe recordar que el gobierno había iniciado un “Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentino” que permitía, a quienes declararan tenencias de moneda extranjera, depositarlos en una cuenta especial afectada únicamente al giro de divisas para el pago de importaciones. Esos fondos, a su vez, estaban sujetos a alícuotas de entre 5 y 20%, según cual fuera la fecha de acreditación de los bonos. Ahora, algunas empresas o sectores que lleven adelante “actividades específicas” tendrán como beneficios adicionales la suspensión de los regímenes de percepción del IVA (20%) y Ganancias (6%) sobre operaciones de importación y no se les aplicará el impuesto PAIS (de 7,5%) sobre la importación de mercaderías.

Según un borrador de Economía, “la adopción de estas medidas redundará en un alivio financiero para los referidos sujetos fomentando, en consecuencia, el acceso al régimen de exteriorización cuyo vencimiento opera el próximo 24 de noviembre”.

Con este abaratamiento e incentivo a adelantar importaciones Economía procura aliviar las presiones recesivas inducidas por la falta de insumos y repuestos en una muy variada gama de actividades económicas.

La cartera económica iniciará también el “Programa Exportador Litio” del tercer trimestre del año, con una exposición en Jujuy, sede de dos de las operaciones litíferas activas en la Argentina. Según datos oficiales, en los primeros 7 meses del año las exportaciones de litio sumaron USD 491 millones, un aumento interanual del 41%, y ya explican 21% de las exportaciones mineras totales. Además, la Secretaría de Minería proyecta otros USD 510 millones de expo litíferas entre agosto y diciembre, con lo cual sumarían unos USD 1.000 millones en el año.

La novedad es que este mes se inician las exportaciones de carbonato de litio del proyecto Cauchari-Olaroz de la litífera Exar, en Jujuy. La mercadería ya está en puerto y lista para embarcar y la empresa proyectar hasta fin de año unos USD 100 millones, se entusiasman en la cartera de Hacienda. Exar es una empresa argentina conformada por Lithium Americas (Canadá), Ganfeng Lithium (China) y Jemse, la estatal jujeña. Otro dato que destaca Economía es que con una inversión total de casi USD 1.000 millones Exar apunta a producir hasta 40.000 toneladas de “carbonato de litio grado batería” por año y ya genera más de 2100 empleos, entre trabajadores directos e indirectos.

Otro aspecto relevante, dada la escasez de reservas y de crédito que traba la economía, serán los anuncios de créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un total de más de USD 1.300 millones, de los cuales USD 1.050 corresponden al Banco Mundial y USD 260 millones al BID.

Una obra clave, en línea con la inauguración, el 9 de julio pasado del “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner” (a través del cual en los últimos días empezó a fluir más gas de Vaca Muerta a la región metropolitana) es la licitación de la “reversión” del Gasoducto del Norte, para la cual Economía dice ya tener asegurado el financiamiento, habiéndose enviados notas del Banco Central para proceder al pago del adelanto para la compra de caños y avanzar en la licitación. Esta obra es clave para evitar que en el próximo invierno las industrias y las localidades del noroeste argentino sufran falta de gas e incluso de suministro eléctrico, a causa del los declinantes envíos del fluido desde Bolivia. La “reversión” consiste en hacer que el gasoducto transporte el gas de Vaca Muerta (esto es, desde el sur) hacia el norte en vez de norte a sur, como ocurre hasta ahora con el gas que llega de Bolivia. Además, Economía prorrogó hasta fines de septiembre el plazo para licitación de energía térmica.

La mayor producción de Vaca Muerta, el funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner, la “reversión del Gasoducto del Norte permitirán, según las proyecciones de Economía, que la “balanza comercial energética” de la Argentina pase de un déficit de más de USD 4.300 millones en 2022 a un modesto superávit de USD 100 millones este año (en que YPF reinició las exportaciones de petróleo a Chile) y a otro más robusto, de casi USD 3.800 millones, el año próximo.

La agenda incluye también anuncios para el campo, con la disposición de 100 kgs de urea por hectáreas para pequeños y medianos productores que hayan sembrado trigo y maíz en distritos declarados en emergencia agropecuaria. El Programa Siembra Trigo y Maíz destinará un total de $8.900 millones para mejorar los rendimientos y calidad de grano de la campaña 2023/2024.

Además, en la semana habrá una serie de actividades de “Argentina Programa”, de la Secretaría de Economía del Conocimiento, con una inversión de $5.000 millones, más de 100.000 inscripciones al programa. Además, se anunciará el ingreso de 830 empresas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (LEC) y se activará en redes y medio el programa “Satelital” con una inversión de $950 millones y 20 proyectos presentados. La agenda incluirá una visita a Santiago del Estero, para abrir un “Seminario de Economía del Conocimiento” y otra a una “Fábrica de Talentos” en Tierra del Fuego.

Por último, Economía extenderá el programa “Precios Justos”, intentando contener la presión inflacionaria derivada del fuerte aumento del dólar de los últimos días. El miércoles 16 serán convocadas las empresas que actualmente participan a las cuales se les informará de las condiciones de “nuevos acuerdos voluntarios”. La zanahoria para las empresas será la oferta de “mejorar sustancialmente” el costo de financiamiento de las importaciones y el palo un estudio de la estructura de costos de 36 empresa de consumo masivo que representan el 72% del consumo nacional de alimentos y bebidas, cuidado personal y limpieza del hogar. Según el estudio, los aumentos de alícuotas y adelantos impositivos que dispuso el gobierno habrían aumentado entre 0,1 y 4,3% los costos de esas empresas. Además, un documento de la cartera la cartera económico dice que “en pos de garantizar una rentabilidad razonable de las empresas y, al mismo tiempo sostener el poder adquisitivo de la población y el acceso de todos los sectores a aquellos productos básicos para la vida cotidiana” se convocará primero empresas proveedoras y comercializadoras de productos de la canasta básica a las cuales se les impondrán “novedosos sistemas de fiscalización”.

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