El FMI pidió “un paquete de políticas más fuertes para salvaguardar la estabilidad”

El FMI, cuyo directorio aprobó ayer la revisión de las metas del cuarto trimestre de 2022 y autorizó un desembolso de USD 5.400 millones para la Argentina, señaló hoy en un comunicado que la Argentina necesita “un paquete de políticas más fuertes para salvaguardar la estabilidad” y consideró “esencial” que el gobierno se atenga a la meta de déficit fiscal de este año, de 1,9% del PBI.

El comunicado se produce tras la cuarta revisión del “Acuerdo de Facilidades Extendidas” acordado en marzo del año pasado, de 30 meses, y de la aprobación de un desembolso de 4.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs, la moneda del Fondo), equivalente a poco menos de USD 5.400 millones. Con ese desembolso, el organismo lleva girados a la Argentinos cerca de USD 28.900 millones en los últimos doce meses, que el gobierno destina sustancialmente para, a su vez, pagar los vencimientos con el propio organismo y aumentar en parte las reservas del Banco Central.

“Todos los criterios de desempeño cuantitativos hasta fines de diciembre de 2022 se cumplieron con cierto margen, respaldados por una implementación más firme de la política macroeconómica en el segundo semestre de 2022″, dice un pasaje del comunicado.

Pero de inmediato advierte que “en el contexto de una sequía cada vez más severa, una inflación creciente y una cobertura de reservas débil, es necesario un paquete de políticas más fuerte para salvaguardar la estabilidad, abordar los reveses y asegurar los objetivos del programa. Junto con esta decisión, también se aprobó una modificación de la meta de reservas”.

Sobre ese último aspecto, que llevó dos meses de negociaciones entre Economía y el staff del organismo, que se avino al reclamo argentino de una reducción del objetivo de acumulación, el Fondo advirtió que la reducción de reservas –cuyo monto no especificó, pero que según fuentes de Economía sería de USD 3.500 millones menos para el primer trimestre y USD 2.000 millones menos para el año- servirá “para acomodar parcialmente el impacto de la sequía severa, junto con políticas más firmes para salvaguardar la estabilidad, abordar los reveses y asegurar los objetivos del programa, manteniendo al mismo tiempo la función de ancla del programa”.

El comunicado del Fondo incluye declaraciones de Gita Gopinath, la economista y subdirectora del organismo, con quien el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió durante la semana en Washington. Massa también también se entrevistó en Washington con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una reunión de la que también participó el embajador de EEUU en la Argentina, Marc Stanley.

Gopinath elogió las “políticas económicas más prudentes” llevadas a cabo “en la segunda mitad de 2022″ que –dijo- “respaldaron una moderación de la inflación y mejoras en los saldos fiscal y externo, lo que ayudó a asegurar las metas del programa para fines de 2022″. Pero, al mejor estilo fondomonetarista, advirtió luego que la situación económica “se ha vuelto más desafiante desde principios de este año a la luz de la sequía cada vez más severa y los reveses de políticas”, por lo que “dada la magnitud del shock climático, se justifican algunos ajustes a la baja en los objetivos de acumulación de reservas, aunque será necesario un paquete de políticas más sólidas para salvaguardar la estabilidad y mantener el papel de ancla del programa”.

Esto es, el Fondo reconoció la imposibilidad oficial de acumular reservas al ritmo convenido hace un año, pero ratificó y enfatizó la importancia de cumplir la meta fiscal como “ancla”.

“Alcanzar el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9 % del PIB para 2023 sigue siendo esencial para respaldar la desinflación y la acumulación de reservas, aliviar las presiones financieras y fortalecer la sostenibilidad de la deuda. La implementación oportuna de medidas de alta calidad, particularmente mejorando la focalización de los subsidios a la energía y la asistencia social, ayudará a compensar los impuestos a la exportación más bajos debido a la sequía, proteger la infraestructura prioritaria y el gasto social, y asegurar los objetivos fiscales”, subrayó Gopinath.

Además, para conseguir esa meta el Fondo siguió machacando con la reducción de subsidios al consumo de servicios implícita en el aumento de las tarifas, en especial las de energía y sobre los sectores más pudientes.

“Específicamente, será fundamental garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema”, dijo Gopinath.

La subdirectora del Fondo tampoco se olvidó de señalar la carga fiscal que representará la recientemente sancionada nueva “moratoria previsional”, que incorporará al sistema hasta 800.000 nuevos jubilados e implicará un costo fiscal de entre 0,38 y 0,42% del PBI en sus dos primeros años de implementación. “El costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad”, dijo Gopinat.

Por lo demás, el Fondo reiteró la necesidad de mantener tasas de interés reales “positivas”, esto es, superiores a la inflación “para hacer frente al la alta inflación y respaldar la demanda de activos en pesos”. En ese sentido, Gopinath advirtió: “es posible que se justifiquen aumentos adicionales de las tasas en caso de que se produzcan nuevos shocks inflacionarios o se intensifiquen las presiones cambiarias”.

Y sobre la política cambiaria señaló que “la tasa de crawl (deslizamiento del dólar oficial) debería continuar apoyando la competitividad, con acciones recientes para racionalizar el régimen cambiario y agilizar las exportaciones que también ayudan a respaldar la acumulación de reservas. Deben evitarse las intervenciones en el mercado cambiario paralelo utilizando reservas o instrumentos de deuda externa a corto plazo. A medida que las condiciones lo permitan y se aborden los desequilibrios, las medidas de gestión de flujos de capital, las prácticas de moneda múltiple y las restricciones cambiarias también deberían eliminarse, ya que no sustituyen a una política macroeconómica sólida”.

Gopinath, natural de la India, profesora de la Universidad de Harvard, quien se desempeñara como economista-jefe del Fondo hasta ser promovida a subdirectora por la titular de la institución, Kristalina Georgieva, asumió un rol protagónico en el seguimiento del caso argentino, como reflejan su activa participación en las conversaciones con Economía y la amplitud y a la vez precisión de sus señalamientos y recomendaciones sobre la economía argentina.

Por caso, también se refirió a la situación de la deuda en pesos. “En el frente de la financiación doméstica, se necesitarán esfuerzos prudentes para mitigar los riesgos de refinanciación a corto plazo y movilizar la financiación neta, limitando al mismo tiempo la acumulación de vulnerabilidades y protegiendo la sostenibilidad de la deuda”, señaló. “Mientras tanto, las intervenciones del banco central en los mercados secundarios de bonos deberían limitarse a abordar los riesgos de estabilidad financiera. Movilizar el apoyo de socios multilaterales y bilaterales, incluida la finalización de acuerdos técnicos con los restantes acreedores del Club de París, es esencial para garantizar que se cumplan los compromisos financieros y fortalecer la cobertura de reservas”.

Según la alta funcionaria internacional, “dado que los riesgos a la baja han aumentado aún más, incluyendo el contexto de una sequía muy severa, la formulación ágil de políticas sigue siendo indispensable para respaldar el éxito del programa, ya que es posible que se requiera un endurecimiento adicional de la política macroeconómica y modificaciones adicionales a la política cambiaria para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. El apoyo político a las políticas del programa sigue siendo fundamental en el período venidero”.

El FMI también recordó que el acuerdo aprobado el 25 de marzo del año pasado, que da la Argentina acceso a 31.914 millones de DEGs, unos USD 44.000 millones, “proporciona a la Argentina apoyo para la balanza de pagos y el presupuesto” y tiene como contrapartida “la implementación de políticas destinadas a fortalecer las finanzas públicas, abordar la inflación persistente y alta, mejorar la cobertura de las reservas y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible e inclusivo”. El acuerdo vence en septiembre de 2024; en los 10 años siguientes la Argentina debería cancelar la deuda con el Fondo. Desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández el 2023 es el primer año en que el saldo entre los desembolsos del Fondo a la Argentina serán inferiores a los vencimientos que debe afrontar el país con el organismo. Esto es, será el primer año de saldo de divisas negativo para la Argentina en la relación con el Fondo. Hasta ahora ese saldo se mantiene positivo para el país. La reversión empezaría a darse en el segundo trimestre de este año y totalizar, hacia fin de año, un saldo negativo de USD 3.300 millones.

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