El lanzamiento, el viernes pasado, del programa Precios Justos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) incluyó una firma simbólica de algunos supermercados y empresas de consumo masivo, que buscó mostrar el acompañamiento del sector privado a los deseos oficiales de ir reduciendo la inercia inflacionaria en los próximos meses. De hecho, el acuerdo ya está vigente -aunque con aspectos a corregir- en las grandes cadenas de supermercados, especialmente en el AMBA. Pero a pesar de que el programa quedó oficializado a partir de una resolución publicada en el Boletín Oficial, que incluyó un anexo con el modelo de acuerdo, la mayoría de las 103 compañías que participan aún no pusieron la firma.
“Estamos atravesando el proceso de implementación. Todavía hay problemas de señalética; no están todos los productos y los acuerdos no terminaron de firmarse”, reconocieron en el equipo económico, mientras que los equipos legales de las compañías remarcan que “así como está, el acuerdo no puede firmarse”, según coincidieron varias fuentes. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Qué debería modificar el Gobierno para que las empresas no consideren riesgoso firmar, más allá de que cumplan igualmente con lo acordado de palabra?
Uno de los temas centrales de preocupación de la industria es la demora en la aprobación de los permisos para importar (SIRA), que cada vez generan mayores complicaciones para producir y cuya flexibilización fue la moneda de cambio que ofreció Comercio para sumar adeptos al plan. Si bien nunca quedó claro durante las negociaciones de qué manera iban a liberarse los permisos y acortarse los plazos de pago -promesa que generó dudas desde un principio-, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el propio Massa les dijeron a las empresas que si entraban a Precios Justos contarían con los dólares necesarios para importar. Aclaran cerca del secretario: “El acuerdo no implica que les vamos a dar más divisas, sino un adelanto de esos dólares que va a necesitar más adelante”.
Pero no sólo esa parte del compromiso que asume el Estado no quedó plasmado en el acuerdo, sino que tampoco el Gobierno apretó el acelerador, por ahora, con la aprobación de las SIRA. Pese a la ansiedad que genera esta situación, las empresas confían en que la flexibilización suceda durante el curso de esta semana y la próxima. Desde una importante firma alimenticia precisaron a Infobae: “El acuerdo tenía dos ejes: el compromiso de la industria de tener los precios fijos de una canasta de productos por 120 días y de que todo el resto no suba más de 4% mensual hasta marzo, y lo que tenía que resolver el Gobierno en materia de importaciones para que podamos producir”.
Este y otros puntos del acuerdo fueron discutidos este lunes en la reunión de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que está elaborando una propuesta de cambios al acuerdo para elevarle al Gobierno y que así las empresas puedan adherir formalmente. Además de una mención más concreta al compromiso estatal asumido en materia de importaciones, también se aclarará que no es posible sostener un mismo precio en todo el país, como queda sobreentendido en el acuerdo. “Todavía no cerramos nada. Vamos a participar, estuvimos en el acto del viernes, pero no tenemos el mismo portafolio en todo el país y, por ende, tampoco el mismo precio. Con Precios Cuidados lo veníamos manejando de forma regionalizada, pero este programa no está diseñado para eso, así que le estamos buscando la vuelta”, afirmaron fuentes de una empresa de bebidas.
También preocupa en las empresas que no se haga mención en el acuerdo respecto de un posible cambio en las condiciones macroeconómicas -por ejemplo, una devaluación- en los próximos cuatro meses, que vuelva difícil sostener el congelamiento de precios. En el Gobierno reconocieron que tanto el tema de la importación como la imposibilidad de fijar un mismo precio para todo el territorio nacional fueron problemáticas que plantearon las empresas y sobre las cuales se está evaluando qué hacer.
Sobre las demoras en la aprobación de las SIRA, las fuentes oficiales dijeron que “se va a ir abriendo a medida que vaya avanzando el programa”, pero “no es un problema ajustar los plazos de acceso a los dólares en estos casos, ya que las de consumo masivo son empresas que no requieren una gran cantidad de insumos importados”. “Parte de los fracasos de este tipo de programas ha sido por el abastecimiento, por lo que evitaremos que esto suceda. De hecho, en la secretaría hay una mesa que está haciendo un seguimiento de la evolución de las SIRA y los precios”, explicaron.
Respecto de las restricciones a las importaciones y el programa Precios Justos, desde el G6 de Córdoba remarcaron ayer, mediante un comunicado, que son “dos caras del mismo problema”, una crisis del tipo de cambio. “Las empresas se han visto empujadas a negociaciones para congelar precios de productos al mercado interno, tolerando además la falsa acusación de ser las causantes de la inflación. Este solo ejemplo desnuda que ese tipo de condicionamiento es una medida ineficaz y que está destinado a derrumbarse en el corto plazo. Por el contrario, nos encontramos frente a problemas más complejos y profundos, que requieren soluciones decididas y urgentes”, plantearon en el comunicado.
Remarcaron además que “si a este cuello de botella de acceso a la importación de insumos se agrega el preocupante pronóstico de la cosecha de granos por efecto de la sequía, las restricciones de divisas se agravarán aún más y habrá mayores dificultades para producir”. “Frente a la perspectiva de un agravamiento de los problemas mencionados, es imprescindible implementar profundos cambios en el enfoque económico actual que apunten a corregir con mayor firmeza los desequilibrios fiscales y monetarios, reconsiderando la política cambiaria y de precios internos en el marco de un plan integral”, agregó el G6 cordobés.
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