Hace 10 años exactamente la Justicia de Estados Unidos aceptó en forma contundente los argumentos de los acreedores externos de la Argentina que no habían aceptado los canjes del 2005 y 2010 para salir del default.
El juez federal del distrito Sur de Manhattan, Thomas Griesa, consideró en octubre del 2012 que el gobierno de Cristina Kirchner no mostraba voluntad para seguir negociando con el 7% de los bonistas que no habían aceptado esas dos operaciones y le ordenaba un mes después al país, en un fallo ratificado en segunda instancia, que le pagara el 100% de lo que reclamaban.
De inmediato, el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, indicó: “No creemos realmente que sea una solución justa pagarles a los fondos buitres. De alguna manera es pagar a costa de los que con su esfuerzo hicieron que la Argentina estuviera hoy en condiciones de pagar su deuda”.
En 2012 el juez Griesa fallaba, 10 años después del default, en contra de la Argentina, en una sentencia que quedaría firme en 2014 y dejaría a la Argentina en otro default
“Pagarles a los fondos buitres es injusto y es ilegal según nuestra normativa interna”, indicó el ministro, quien afirmó que seguiría “defendiendo la posición de Argentina en todas las instancias”.
“Vamos a recurrir cada una de estas decisiones contrarias a la Argentina ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y ante cualquier instancia internacional que esté disponible”, señaló Lorenzino, a la vez que aseguró que la Argentina sigue “confiando en la Justicia de los EEUU”.
El funcionario dijo que “lo que dispuso Griesa ayer es lo mismo que vinieron pidiendo los buitres desde el principio. En cuanto a la forma de pago, la resolución no innovó: que se pague el 100% de lo que reclamaban los fondos buitres, todo cash, en contado”.
Ante esta decisión, indicó que “la cláusula de pari passu es una excusa sofisticada, porque es en latín”, en referencia a que el argumento de trato igualitario de los acreedores no es tal, debido a la decisión que exige un solo pago del 100% del total para los “holdouts” frente al “93% del total que aceptó quitas inéditas y a plazo de 30 años, y ahora se sienten rehenes de esta situación”.
Ante la amenaza del Gobierno de no acatar la orden judicial, Griesa adelantó entonces que embargaría pagos por USD 3.100 millones que la Nación debía hacer en diciembre en Nueva York a los acreedores que aceptaron reestructurar sus deudas.
En el gobierno de Macri el equipo económico acordó una solución con un grupo de bonistas que tenía sentencia firme en EEUU con una quita del 36%
Griesa rechazó la posición de Argentina contra los fondos buitre y emitió un fallo donde ordena que se pague el 15 de diciembre próximo la totalidad del valor de los papeles en manos de estos tenedores, más intereses.
En un duro fallo en el cual hasta se advierte al país de que cese “las amenazas enfermizas desafiantes de las sentencias”, el juez desestimó lo expresado por los bonistas que ingresaron al canje que coincidieron con la posición argentina.
Pero los recursos judiciales del país sea agotaron en 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no tomó el caso argentino y, por lo tanto, dejó en firme la decisión de primera y segunda instancia, lo que derivó en otro default porque la Argentina optó por no acordar con los litigantes, al frenar una propuesta del equipo económico que había decidido pagarles hasta que recibió la orden contraria de la presidenta Cristina Kirchner.
La salida del default
En 2016, con el cambio de Gobierno, el equipo del ministro de Economía que lideraba Alfonso Prat Gay acordó con la mayoría de los fondos que ya tenían una sentencia firme en EEUU, a cambio de una importante quita en el capital, a partir de un acuerdo entre el equipo de Finanzas de Luis Caputo y Santiago Bausili con el mediador Dan Pollack, aceptado por los bonistas más duros.
Prat Gay recordó que había una sentencia firme de USD 18.600 millones en Nueva York y acordaron con dos categorías de holdouts y pagaron USD 12.000 millones, con un descuento del 36 por ciento, un convenio convalidado por el Congreso Nacional.
En 2018, con el cierre de los mercados voluntarios, Macri volvió a tomar un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para no caer nuevamente en default, una situación que se prolongó con el cambio de gobierno, ya que Alberto Fernández renegoció ese convenio por un plazo más extenso en marzo del 2022 para refinanciar el pago de USD 45.000 millones luego de pagarle por dos años al organismo sin ningún acuerdo.
Sin embargo, quedaron pendientes una serie de reclamos que ni siquiera se solucionaron durante el canje del 2020 que llevó adelante la gestión de Martín Guzmán en el gobierno de Alberto Fernández, cuando desarrolló otra reestructuración de la deuda que logró una aceptación del 99% de los acreedores.
Por este motivo, este mes el Gobierno informó ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés), que enfrenta reclamos de deuda en el exterior por unos USD 15.000 millones, entre los holdouts, la manipulación de los datos del crecimiento económico, YPF y otros asuntos que deberán solucionar los próximos gobiernos como fruto de la herencia que quedó pendiente desde la crisis del 2001.
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