La Argentina tiene pendientes reclamos judiciales por USD 14.479 millones en diversas cortes internacionales. Así lo detalló el Gobierno en su última memoria presentada ante la comisión nacional de valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés), según informó el experto en deuda Sebastián Maril.
La cifra representa un notable aumento respecto de los USD 10.239 informados un año atrás y de los USD 8.052 millones registrados en octubre del 2020.
En esta lista aparecen casos muy diversos, algunos con sentencia y otros en vía de resolución. Entre otros, hay 30 casos con fallos favorables a los holdouts que no entraron a los canjes del 2005 y 2010 por la deuda en default del 2001, por un total de USD 898 millones, según los datos difundidos por el experto Sebastián Maril.
Una situación similar se da con sentencias desfavorables al país en Alemania por USD 119,6 millones y uno por USD 90 millones promovido por el fondo Aurelius en Nueva York.
Otro grupo (Palladian Partners, Ape Group, Adona y Hirsh Group, entre otros) aportan conflictos por USD 908 millones, por la disputa en torno del cupón ligado al PBI, ya que los demandantes aseveran que, durante la intervención del Indec en el kirchnerismo, fueron perjudicados por la subestimación del crecimiento económico.
A su vez, otros casos que se resuelven en la Corte del Distrito Sur de Manhattan (ACEP y Novoriver) suman otros USD 178 millones por el mismo motivo.
En tanto, Titan Consortium y Rigueiro suman USD 325 millones en reclamos al país.
Por otro lado, Petersen Energía pide USD 7.500 millones y Eton park USD 898 por casos referidos a YPF, según el cuadro presentado por el Gobierno en Nueva York.
Otros casos son los del tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), con 6 casos con fallo adverso al país por USD 804 millones y 5 casos en curso por USD 2.950 millones. Además, en ese ámbito se negocia un acuerdo a partir de un fallo adverso al país por USD 200 millones con el acreedor.
Aunque merezcan menos atención pública que en el pasado, las deudas pendientes de la crisis del 2001-2002 siguen provocando dolores de cabeza en los sucesivos gobiernos, que no terminan de resolverlas.
De hecho, en las últimas semanas se conocieron dos expedientes más: uno en el que el fondo Attestor Capital logró una sentencia favorable en primera instancia y pidió el cobro del fallo, que la Argentina apeló a fines del mes pasado. El monto actual no trascendió debido al carácter confidencial de la decisión del tribunal de Nueva York, explicó Maril, en una decisión sin precedentes por parte de la jueza Loretta Preska.
A su vez, el fondo Bainbridge pidió el embargo de un edificio del estado argentino ubicado en la capital de Estados Unidos por una sentencia favorable que había acordado cobrar en 2020 pero que la Argentina no le pagó. Se trata de una propiedad ubicada a pocas cuadras de la embajada argentina en Washington y Preska debe decidir si, como indican los inversores, tiene carácter comercial –ya que estaba abandonada y a la venta, argumentan- o si tiene inmunidad diplomática y por lo tanto no puede ser embargada.
Preska heredó los casos que durante más de una década llevó adelante el juez Thomas Griesa, quien comenzó a fallar en contra de la Argentina en 2011, 10 años después del default, luego de que gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le cerrara el camino a los fondos que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010.
En 2014 el país sufrió otro revés cuando optó por no pagarle a un grupo de fondos buitre que habían logrado una sentencia favorable en segunda instancia, que quedó firme porque no fue abordada por la corte suprema de ese país. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri arregló con la mayoría de esos acreedores, pero quedó un grupo que, hasta la actualidad, sigue pidiendo cobrar, pese al canje del 2020 que logró la aceptación de la mayoría de los inversores.
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