El Gobierno proyecta más recortes de gastos en Educación, Salud y Transporte: $130.000 millones en lo que resta del año

La aceleración de la tasa de inflación, de un ritmo inicial de 50% anual en enero a 78% en agosto y que se proyecta en las pautas del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2023 en 95% para diciembre próximo, arrastra inexorablemente el aumento de las partidas vigentes para el resto del 2022, en particular en las áreas que ajustan con rezago trimestral por la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec (IPC) y de los recursos de la Anses, como es el caso del “gasto social”.

Ese efecto se aprecia con claridad al comparar los créditos presupuestarios vigentes para el conjunto de la Administración Central de $16,29 billones, con el presentado como cierre para todo el año en el Presupuesto 2023 de $16,77 billones. Esto es, se estima que a través de Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del ministro de Economía, o bien por medio de un Decreto ómnibus de centenares de páginas como ha ocurrido casi ininterrumpidamente en cada último trimestre del año en las últimas dos décadas, se dispondrá una ampliación neta del gasto público en $480.000 millones, con subas y bajas en el desagregado por principales jurisdicciones.

Entre los Ministerios que se prevé acusarán recortes nominales una vez más, como ocurriera en agosto último, se destacan los de Educación $45.336 millones; Salud $44.302 millones; y Transporte $40.000 millones, aunque la mayor poda la sufrirá la Tesorería con $63.970 millones, y por extensión las provincias que tendrán una caja más delgada a dónde acudir para recibir transferencias discrecionales, como se ha observado desde el inicio del año.

En menor medida, se advierten otras disminuciones en las autorizaciones a gastar (crédito presupuestario en la jerga de las finanzas públicas) respecto del total asignado que hasta el 16 de septiembre registra la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda a cargo del histórico en el área, Raúl Rigo, en Desarrollo Territorial y Hábitat $24.514 millones; Obras Públicas 11.091 millones; Turismo y Deportes $5.000 millones; y Cultura $3.000 millones.

Por el contrario, la aceleración de la inflación forzará ampliar la partida máxima actual para Trabajo, Empleo y Seguridad en $418.410 millones, principalmente para el pago de las jubilaciones y pensiones con el próximo incremento que surja de la aplicación de la Ley de Movilidad previsional desde el 1 de diciembre y su efecto pleno sobre el medio aguinaldo que se liquida ese mes.

En segundo lugar, se proyecta un aumento de $142.192 millones en la partida para servicio de la deuda pública (pago de intereses) indexada por inflación y por la variación cada mes más alta del tipo de cambio oficial (bonos dólar linked), pese a las reestructuraciones que postergaron vencimientos para el año próximo.

También por ajustes en jubilaciones y de los salarios se asume que se elevará en $85.156 millones el crédito para el Ministerio de Seguridad; y en $16.193 millones el de Defensa. En tanto, se incrementará en $40.241 millones la partida para Presidencia de la Nación, y en menor medida aparecen: $7.198 millones para la Jefatura de Gabinete de Ministros; y $6.295 millones para el Ministerio Público; entre otros..

Cabe observar que, en la decisión de asumir nuevos recortes de los créditos presupuestarios habría gravitado el análisis de la subjecución hasta el momento de la presentación del Mensaje a Diputados para su tratamiento en las próximas semanas de las partidas en proporción del tiempo transcurrido desde el inicio de 2022, aproximadamente 72%, por parte de cada Ministerio: Educación 11,4% (usó 60,4%); Salud 14,7% (57,1%); Transporte 13,2% (58,6); Obras Públicas 14% (57,8%); Cultura 16% (55,8%), Obligaciones a cargo del Tesoro 21,1% (50,7%); entre otros.

Pero no se trata de una condición excluyente la subutilización del Presupuesto, porque, por el contrario, pese a la austeridad mostrada hasta el presente se proponen refuerzos significativos en diversas jurisdicciones de la Administración Central. Son los casos de Jefatura de Ministros 25,7% (46,1%); Presidencia de la Nación 9,5% (62,3%); Trabajo 5,9% (65,9%); y Defensa 6% (65,8%); principalmente.

De concretarse esos ajustes en lo que resta del año el Presupuesto 2023 planifica un crecimiento del total de gastos en valores nominales del 71,2%. Pero, si por el contrario, el Jefe de Gabinete de Ministros junto al ministro de Economía no ejercen la facultad delegada por el Congreso para aumentar y reasignar nuevas partidas –”siempre que cuenten con las fuentes de financiamiento, a través del crédito o incremento de los recursos”-, la suba nominal de las erogaciones se eleva a 76,2 por ciento.

Variaciones en los ingresos

No sólo las autorizaciones de más gastos se advierten en el Presupuesto para el resto de 2022, también en los recursos, aunque a tono con el efecto negativo que la aceleración de la inflación provoca sobre la actividad productiva y comercial, el incremento esperable se fijó en apenas $146.864 millones. Y como en el caso de las erogaciones, se detectan alzas y bajas nominales.

Entre las primeras, de la comparación del crédito vigente y del que surge de las planillas de la Administración Nacional -Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento- del Presupuesto 2023, se desprenden subas de $244.344 millones, probablemente por el esperado cobro del “anticipo extraordinario de Ganancias de los grandes contribuyentes”, además del impacto directo que la nueva “nominalidad” -suba generalizada de los precios al consumidor- tiene sobre las bases imponibles de IVA, Internos, Débitos y Créditos Bancarios, principalmente.

En menor medida se proyectan mayores recursos de la Seguridad Social ($16.612 millones); y en los ingresos no tributarios ($1.349 millones).

En cambio, se asumen disminuciones en la generación de ingresos por “Rentas de Propiedad”, como se definen a las ganancias contables de las tenencias de activos variables, como del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y de las reservas en divisas del Banco Central: caen en $87.290 millones; y en menor medida en las transferencias esperadas de capital: $28.215 millones.

De cumplirse esa ejecución presupuestaria, el crecimiento del total de los recursos será el próximo año de 78,5%, en caso contrario, la variación se ampliaría a 80,6 por ciento.

Resultado final esperable

Hasta ahora, la Administración Pública Nacional prevé para 2022, en caso de ejecución plena de las partidas de gastos autorizadas y cumplimiento óptimo del lado de los recursos, un déficit primario (antes del pago de intereses de la deuda) de $2,75 billones; y financiero de $3,94 billones; en tanto con los cambios incluidos en las planillas del Mensaje del Presupuesto 2023 para el año en curso, esos desequilibrios se elevan a $2,94 billones y $4,27 billones, en cada caso.

Para el año próximo se asume sendos aumentos nominales del déficit primario (antes del pago de intereses de la deuda pública) y financiero (total) de 27,7% y 50,9% en comparación con el que ahora se estima cerrará el corriente año, a $3,74 billones y $6,4 billones, respectivamente.

Pero, si se hacen los cotejos entre los resultados esperados para el año próximo y los actuales sin las modificaciones proyectadas para el resto de 2022, ambos desequilibrios de las finanzas públicas se elevan a 36,3% y 62,6%, en cada caso.

Sin embargo, el resultado final de las finanzas públicas dependerá de la explicitación de un plan económico integral que contemple reducir la enorme brecha entre los precios relativos de la macroeconomía: tipo de cambio, tarifas, salarios, y entre el resto de los regulados y los plenamente, así como revertir el largo proceso de desinversión y estancamiento del empleo privado asalariado que acumula más de un lustro en valores nominal, y casi una década cuando se lo ajusta por el crecimiento vegetativo de la población.

La persistencia de los enormes obstáculos para ordenar rápidamente el conjunto de las variables macroeconómicas explica que en el largo Mensaje del Presupuesto 2023 -cuenta con 4.821 folios- se incluye una vez más el artículo 8 que establece: “Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía, a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución, en la medida en que ellas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte y/u originadas en créditos bilaterales que se encuentren en ejecución o que cuenten con la autorización prevista en la planilla anexa al artículo 37, siempre que ellos estén destinados al financiamiento de gastos de capital”.

SEGUIR LEYENDO: