Las asociaciones de usuarios de luz y gas denuncian atraso en el registro para seguir recibiendo subsidios y piden postergar el inicio de los aumentos de tarifa

En una nota dirigida al secretario de Energía denuncian que se otorgan turnos posteriores a los plazos establecidos y no hay coordinación entre la Anses y los organismos reguladores. Además, piden que el gobierno informe “fehacientemente” cuál será el costo del servicio y “evite desinformar”

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En una extensa nota dirigida al secretario de Energía, Darío Martínez, las Asociaciones de Defensa de los Consumidores que integran la Comisión de Usuarios del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) y la Comisión de Usuarios del Enargas (Ente Nacional de Regulación del Gas), pidieron al gobierno prorrogar los plazos de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y postergar el inicio de aplicación de los aumentos tarifarios tanto para la electricidad como para el gas natural por red.

Concretamente, las Comisiones de Usuarios de ambos servicios pidieron que el plazo de presentación de las Declaraciones Juradas, que según el gobierno no puede estirarse más allá de julio, hasta el 30 de septiembre, esto es dos meses más, y que la fecha de inicio de la quita de subsidios, fijada para el 16 de junio, se postergue hasta el 1 de octubre, esto es, dos meses y medio.

El texto, firmado por varias decenas de agrupaciones de consumidores y usuarios, le recuerda a Martínez que el cronograma de presentación de las DDJJ se estira hasta el 26 de julio y que habiéndose cumplido el plazo para la presentación de los usuarios con DNI terminado en 0, 1, 2, 3, 4 y 5 el número de presentaciones fue de solo 1,3 millones. Y agregan: “Por lo tanto, el plazo de 12 días corridos para que 9,7 millones de usuarios de gas natural de todo el país y 16,5 millones de usuarios de energía eléctrica, pudieran cumplir con su presentación, resulta exiguo para atender la demanda”.

Además, las agrupaciones reprochan que el gobierno no haya incluido entre los canales alternativos para atender este proceso al Enargas y al ENRE y a los Entes Reguladores provinciales de la energía eléctrica y denuncian “una falta de coordinación imprescindible entre la Secretaría de Energía y los organismos de control y regulación que fueron designados por el artículo 9° del Decreto 332/2022 como Unidades Operativas de Implementación de los Servicios que regulan.

Los usuarios también denuncian que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y las Distribuidoras de energía eléctrica y gas natural, que deben atender los registros y responder a las solicitudes de quienes presentan DDJJ o requieren algún tipo de atención para inscribirse, en forma presencial en el caso de la Anses, “otorgan turnos para fechas posteriores a las incluidas en el cronograma de fechas estipulado por la Secretaría de Energía”.

Después de enumerar las normas establecidas por el propio gobierno y subrayar las falencias y falta de coordinación del proceso, las agrupaciones de usuarios terminan solicitando al gobierno la modificación de la fecha de inicio de la quita de subsidios (del 16 de junio al 1 de octubre de 2022), la prórroga del plazo de presentación de las Declaraciones Juradas (del 26 de julio al 30 de septiembre) y varias otras cuestiones.

Entre ellas, piden que se exceptúe la presentación de la Declaración Jurada a los beneficiarios de la Tarifa Social del gas y de la electricidad, de la Tarjeta Alimentar, de la Asignación Universal por Hijo y de todo poseedor de un plan social “cuyo otorgamiento esté basado en la condición de pobreza o indigencia del beneficiario, incluyéndolos en forma automática al Nivel 2 de Menores Ingresos.

Además, exigen que el Enargas y el ENRE atiendan y asesoran a las personas que requieran asistencia para registrarse, de modo que puedan cumplir con la presentación de la Declaración Jurada.

También piden que el gobierno “informe fehacientemente cuál será el valor del costo pleno de la energía y potencia de la electricidad y el pago del costo promedio ponderado del gas que se utiliza para abastecer a la demanda prioritaria a pagar por los usuarios que dejen de percibir el Subsidio del Estado nacional” y se unifique la hoy dispersa información que brinda el Estado, “evitando desinformar y crear contradicciones en perjuicio de los usuarios.

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