
El salto de la inflación en marzo encontró al Gobierno con una serie de medidas todavía sin concreción para poder cortar la escalada de precios, discusiones y tironeos internos sin saldar en el Frente de Todos sobre la dirección de la política económica y, ya conocido el histórico 6,7% de marzo, con la urgencia de dar alguna respuesta. La Casa Rosada se refugia en dos planes en paralelo: medidas urgentes para frenar la aceleración de precios, otras para recomponer ingresos y evitar una caída masiva del poder de compra y, con el ojo en un mediano plazo, ordenar algunas variables macro que inciden en la inflación, como el déficit y la emisión monetaria.
El índice de precios al consumidor de marzo no fue sorpresa para nadie en el equipo económico. Las alarmas ya se habían encendido algunas semanas atrás, cuando los datos preliminares de seguimiento de precios que hacen algunas dependencias como el Banco Central o la Secretaría de Comercio Interior mostraban un ritmo inflacionario bastante mayor que el 4,7% que ya había sido duro en febrero.
En el lapso entre el indicador de febrero y el IPC de marzo que dio a conocer el miércoles el Indec, el Gobierno ensayó un grupo de medidas con un nivel de concreción y alcance variables para intentar frenar la inercia al alza, algo que solo logró parcialmente con los alimentos, que en marzo aumentaron 7,2%, aún por encima del índice general pero por debajo del 7,5% que había marcado el mes anterior.
Eso fue, acaso, lo único que pudo rescatar el equipo económico del indicador de marzo, que al considerarlo en términos mensuales se trata de la inflación más alta desde abril de 2002, en la salida de la convertibilidad. Medido de manera interanual, el 55,1% que marcó el Indec quedó todavía por debajo del 57,3% de mayo de 2019.
La “guerra” contra la inflación declarada por el presidente Alberto Fernández hace poco menos de un mes incluyó algunas medidas ya conocidas en el menú habitual para intentar contener los precios. Más allá de ese llamado bélico, el diagnóstico sobre la situación incluye una inercia arrastrada desde finales de 2021 y el impacto del salto de precios internacional, según analizan en los despachos oficiales.
Hacia adelante, asimilado el golpe de la inflación más alta de los últimos años, el Gobierno buscará mostrar avances en dos grupos de medidas distintas, según pudo reconstruir Infobae en base a fuentes oficiales ligadas a la política económica del Poder Ejecutivo. La hoja de ruta que diagraman incluye decisiones de urgencia y otras de mediano y largo plazo, con un impacto más decisivo pero menos inmediato en el ritmo inflacionario.
La zona de urgencia está compuesta por dos tipos de medidas. En primer lugar, las que intentarán erigir una suerte de dique de contención para evitar que la inercia de los últimos dos meses de ritmo inflacionario en alza continúen en abril. En ese tramo se listan los planes bajo el ala de la secretaría de Comercio Interior de Roberto Feletti.
Entre ellas, la continuidad de Precios Cuidados, nuevas canastas de cercanía, cortes a precio popular para la carne y un grupo de verduras y frutas con valores de referencia. De todas formas, otras medidas más de fondo como la anulación de incrementos en 1.700 productos y el subsidio al precio de la harina para bajar los de fideos y pan todavía tienen un trecho pendiente para que se completen.
Luego habrá, anticipó el ministro Guzmán y dejan saber desde algunos despachos oficiales, medidas para evitar un desplome del poder de compra de los salarios, que mencionan como un activo para la gestión económica el año pasado, tal como lo dejan ver algunas cifras oficiales sobre la evolución de los ingresos en relación con la inflación, principalmente hacia trabajadores registrados privados y públicos.
En ese sentido se entienden dos medidas como la convocatoria a acelerar las negociaciones paritarias para un puñado de sindicatos que fijan porcentajes de referencia en la puja salarial. Y otra como el bono a las jubilaciones que comenzará a pagarse desde la semana próxima. Hay un sector, admiten en el Gobierno, que todavía está muy desprotegido ante una aceleración de precios de esta naturaleza: los empleados no registrados.

El Gobierno asegura tener en estudio medidas para poder llegar al escalón más vulnerable del mercado laboral, pero no hay determinaciones en concreto. Solo hubo algún indicio dado por el propio Guzmán en su reaparición pública del lunes pasado tras los trascendidos de su salida del gabinete. Habló de una medida ad hoc para poder reforzar la recaudación ante lo que llama “renta inesperada” de un sector como el campo, beneficiado por el aumento de precios internacionales de alimentos.
El ministro considera que un incremento de ganancias en un contexto de shock en las commodities, es decir, que no provienen de una suba de la inversión, deben tener un tratamiento especial por parte del fisco. Descartó, por el momento, algún reajuste de derechos de exportación.
Los pormenores de ese proyecto están aún en pocas manos en el Poder Ejecutivo, pero alguna pista dio el jefe del Palacio de Hacienda al vincular ese intento por gravar rentas extraordinarias con nuevas medidas para intentar que no se desguace el poder de compra. Algunos dirigentes del Frente de Todos -no necesariamente contrarios a Guzmán- vienen pidiendo en forma pública algún tipo de ingreso universal para paliar esa situación. El ex ministro Agustín Rossi, que elogió y defendió la permanencia del ministro de Economía, apuntó hace algunos días en ese sentido.
Guzmán fue menos determinante consultado al respecto: “Lo que buscamos es encontrar un mecanismo para poder redistribuir la renta inesperada hacia los sectores que más desprotegidos quedaron. Si logramos el apoyo del Congreso para poder obtener parte de esa renta, tendremos más capacidad para asegurar que la Argentina va hacia una senda de una distribución más equitativa. Estamos buscándole la vuelta para encontrar un mecanismo”, dijo en declaraciones televisivas.
En paralelo a las medidas de urgencia hay una estructura de política económica que, espera el ministro de Economía, rinda sus frutos para bajar la inercia inflacionaria. Son tres pilares -además de las políticas de precios como las que lleva adelante Feletti- que incluyen la política fiscal, la monetaria y la de reservas internacionales. Guzmán defendió en los últimos días en reuniones con el sector privado su acción en estos tres frentes.
Por un lado, el fiscal. El jefe del Palacio de Hacienda mencionó en reuniones recientes que el Gobierno mantiene su idea de reducir de manera sostenida el déficit primario, porque, aseguró, “eso va a fortalecer la moneda”. En el plano monetario, aseguran desde Economía que el Tesoro pidió en los primeros tres meses del año financiamiento al Banco Central por el equivalente a 0,15% del PBI, un tercio de lo que solicitó en 2021 y siete veces menos de lo que pidió en 2020.
El sendero de acumulación de reservas, que para el ministro y para Roberto Feletti, representa el objetivo con el FMI más importante para anclar expectativas, tuvo un alivio en marzo con el primer envío de USD 9.600 millones desde Washington.
Otro tipo de medidas, correspondientes al Banco Central, también están en el menú oficial para afrontar la aceleración inflacionaria. El BCRA dispuso, horas después del IPC de marzo, elevar en 250 puntos básicos la tasa de interés de referencia de 44,5% a 47%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 58,7 por ciento.
“La aceleración de la inflación en marzo respecto de los meses anteriores es, en gran parte fruto, de un shock internacional que afectó especialmente los precios de los alimentos y la energía, causado por la guerra en Ucrania, a lo que se sumó la concentración de incrementos en precios de bienes y servicios regulados (naftas, electricidad y gas, educación y prepagas, entre otros) y aumentos estacionales (especialmente indumentaria)”, aseguró la entidad que preside Miguel Pesce.
Habrá en los próximos días una discusión clave con el FMI por la cuestión de los precios. Guzmán comenzará a renegociar con las autoridades del Fondo Monetario, la semana que viene en la asamblea del organismo en Washington, el recálculo de algunas de las variables incluidas en el acuerdo y que, por la nueva situación internacional, quedaron ya desactualizadas apenas comenzó la vigencia del programa. Dos de ellas serán la inflación y el recorte de subsidios.
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