A horas del inicio de la “guerra” contra la inflación, más dudas que certezas en el equipo que la llevará adelante

A pocas horas del inicio de la guerra contra la inflación que anticipó el presidente Alberto Fernández, el Gobierno aún no tiene definido con qué arsenal contará para combatir una suba de precios en febrero ni qué tan efectivo pueda ser ante un movimiento de precios que superó cualquier expectativa del sector privado y el propio Ejecutivo. En las últimas horas se intensificaron los contactos cruzados entre los tres ministerios y una secretaría de Estado que conjugan las medidas de política económica.

Hay una serie de elementos para considerar a la hora de analizar la estrategia que terminará poniendo en marcha el Poder Ejecutivo. Hay tres generales y un teniente al mando de la división de política de precios, con incidencias y niveles de autoridad variados. En el primer grupo están los tres ministros (de Economía Martín Guzmán, de Desarrollo Produtivo Matías Kulfas y de Agricultura Julián Domínguez), por debajo de Kulfas en el organigrama está Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior.

Los tres ministros fueron los más reticentes a poner sobre la mesa una opción que consideran excepcional como una reajuste de los derechos de exportación, incluso en dos productos agropecuarios que el Gobierno intentó diferenciar de la producción primaria sin intervención industrial. Bajo esa lógica la harina y el aceite de soja, productos derivados del poroto, tienen -al menos hasta que se formalice un aumento- alícuotas más bajas que el cultivo, para favorecer a los bienes con valor agregado.

Sin ir más lejos, el ministro Domínguez había asegurado hace apenas 13 días -ya iniciada la guerra en Ucrania y con precios internacionales en alza- que no se incrementarían los derechos de exportación, un diagnóstico que también compartían, a micrófono apagado, en otras áreas del equipo económico. La persistencia de la suba de en los valores globales y un impacto que el Gobierno asegura que se registra desde hace tres semanas en las góndolas locales hicieron cambiar el escenario y la opción de las retenciones apareció con fuerza.

Feletti, en los papeles con un rango de autoridad menor a los tres ministros, pero con terminal política en la vicepresidenta Cristina Kirchner, presionó en público en las últimas semanas con medidas más duras para edificar un dique de contención a los precios. Fue, además, el único funcionario que admitió abiertamente que el Gobierno estaba perdiendo “la batalla” -anticipó así las metáforas bélicas de Alberto Fernández- contra la suba en algunos alimentos.

El tira y afloje entre las cuatro terminales de decisión de políticas económicas que inciden en los precios terminó por favorecer, en primera instancia, la postura del secretario de Comercio Interior. Guzmán habló en las últimas horas de que si el Gobierno no tomara medidas sobrevendría “un shock profundamente regresivo”, en referencia a un incremento aún mayor de precios. Kulfas, en estos días en una misión oficial en Dubai, mantuvo el silencio- y Domínguez endureció su postura ante los exportadores de carne, que amenazaron con retirarse del acuerdo de precios de cortes populares.

“Acabo de terminar la reunión con el Consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne. Tomé esta decisión en el marco del conflicto bélico que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos, situación que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de 1 millón y medio de cabezas”, manifestó el funcionario por Twitter.

El arsenal de medidas que puede llevar adelante el Gobierno para combatir la inflación, se admite por lo bajo, es limitado, y al menos por ahora eligen no presentarlo como un “paquete”, sino como medidas de emergencia para evitar una avalancha mayor en el corto plazo. En este sentido van, por un lado, un eventual aumento de retenciones a la harina y aceite de soja -el Poder Ejecutivo descartó subas para granos como maíz o trigo- o la conformación de fideicomisos acordados con exportadores y supermercados para subsidiar precios locales de determinados productos.

Es un experimento que el Gobierno ya intentó con bienes como los aceites -que se extendió hasta enero de 2023- y más recientemente un esquema similar empujado por Feletti para los productos derivados del trigo. Si bien es un mecanismo más soft, la tensión con la dirigencia agraria desde que se cerraron el domingo las exportaciones de harina y aceite de soja pone en duda que el Poder Ejecutivo pueda avanzar en medidas así que requieren consenso. La cámara sectorial de exportadores CIARA, por caso, ya advirtió que se bajaría de este tipo de programas en caso de incrementos de retenciones.

En un plano monetario, el Banco Central podría ajustar el nivel de su tasa de interés de referencia, en coordinación con el equipo técnico del Fondo Monetario, para alinearlas con la inflación esperada y hacer más tentadores los rendimientos en moneda local. Una decisión de este tipo podría tener lugar mañana jueves tras la reunión de directorio de la entidad que preside Miguel Pesce.

En las cuatro terminales de política económica ligada a los precios se inmiscuyeron en las últimas horas en un fuerte hermetismo. Entre los empresarios de consumo masivos consultados por Infobae y que tienen contacto habitual con las autoridades de Gobierno todavía no habían sido notificados de alguna medida de control de precios más dura que se avecine, como fue el congelamiento de precios que Comercio Interior estableció entre octubre y enero.

Este martes el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y además titular de Copal -la central empresaria que nuclea a cámaras alimenticias de todo el país- Daniel Funes de Rioja, anticipó que comenzarían las conversaciones con las autoridades de Comercio Interior para desentrañar qué incremento tendrán los 1.300 productos incluidos en Precios Cuidados. Un ejecutivo de una empresa grande de consumo masivo aseguraba que si el Gobierno pensara en un nuevo congelamiento “debería sacarlo por resolución porque nadie va a querer entrar voluntariamente en un programa que le va a hacer perder plata”, mencionaba.

“Este 4,7% de inflación de febrero es una resorte que saltó por los precios congelados que tuvimos entre octubre y enero. Nosotros tenemos la voluntad de mantener nuestros productos en Precios Cuidados, pero queremos sincerar moderadamente lo que pasa con los costos”, reclamaba otro empresario.

Los empresarios esperan para las próximas horas alguna convocatoria oficial para determinar si habrá entonces algún esquema distinto de control de precios. Todavía no está claro, además, si habrá algún cambio de autoridades como parte de esa “guerra” renovada contra la inflación que anticipó Alberto Fernández o si todos los funcionarios del área económica conservarán sus lugares.

“En Comercio Interior están presionando para que agreguemos más cantidad de productos y más volumen a los que están dentro del programa”, apuntaba un ejecutivo de otra compañía de consumo masivo. “Están preocupados porque todo lo que es Precios Cuidados vuela de las góndolas. Se vende todo y estamos con un congelamiento de facto, nadie puede mandar un aumento a los supermercados sin tener autorización previa”, bramaba.

La primera iniciativa en la “guerra” contra la inflación pareció tomarla Feletti este martes. Por la tarde, reunió a un grupo de funcionarios de todo el país en el noveno piso del Ministerio de Desarrollo Productivo para celebrar el “día de los derechos del consumidor”. Minutos después el Indec revelaba un 4,7% de inflación en febrero y la suba de alimentos más alta en cinco años.

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