“Guerra” contra la inflación: sin plan, el Gobierno analiza medidas aisladas para frenar la disparada de los precios

El presidente Alberto Fernández utilizó una metáfora bélica para marcar el inicio de una “guerra”, en referencia a una política de precios para combatir la persistente inflación desde el próximo viernes, tras el 4,7% que marcó el índice de precios de febrero, más alto de lo esperado. En el mismo tono del discurso del mandatario, el Gobierno tiene un ejército acotado de medidas y regulaciones para hacer frente a los índices inflacionarios: desde los más livianos como distintos tipos de acuerdos con empresarios, otras más duras como un eventual incremento en los derechos de exportación para algunos productos agropecuarios, hasta otras más “técnicas” y que forman parte del acuerdo con el FMI, como una suba en las tasas de interés en pesos.

El equipo económico todavía trata de calibrar el impacto del shock de precios internacional -en alimentos y también en la energía- que implicó de inmediato un efecto sobre los valores domésticos. Las primeras víctimas fueron los bienes alimenticios derivados del trigo y el maíz, que según el diagnóstico oficial tuvieron subas alarmantes en las últimas tres semanas, coincidentes con el inicio de la guerra en Ucrania. Más adelante en el año la onda expansiva llegará a través de un costo mayor del gas a importar para los meses de mayor demanda en invierno.

Ese escenario disruptivo en lo internacional ya pone en duda algunos de los planteos grabados en el memorando de entendimiento con el FMI que tratará el Senado en los próximos días y que aprobaría el directorio del Fondo Monetario horas después, antes del vencimiento de deuda del lunes próximo. La variable principal que quedó en la mira es la proyección de inflación prevista, que va en un rango de entre 38 y 48 por ciento para este año, muy por debajo de la expectativa del sector privado e incluso de analistas afines a la coalición de Gobierno. La inflación del primer bimestre (8,8%) anualizada, por caso, implicaría una suba de precios muy superior al 60 por ciento, según analistas privados.

Una lectura que arriesgaban en un despacho oficial no ligado a la conducción económica sobre la expresión presidencial de una “guerra” contra la inflación desde el próximo viernes estaba relacionada a que la terminación del trámite parlamentario en el Senado del acuerdo con el FMI, lo que implicaría cerrar el largo capítulo de la renegociación global de la deuda en dólares del Gobierno del Frente de Todos -que comenzó con los bonistas privados en febrero de 2020- y daría paso a un cambio de página, ya con una hoja de ruta económica para los próximos años.

Un funcionario incluso recordaba por la tarde una metáfora similar que utilizó hace más de 30 años el viceministro de Economía de Raúl Alfonsín Adolfo Canitrot, cuando sostenía que había que “ponerse el casco”. “Alberto es abogado, no poeta”, mencionaban desde un despacho con ironía sobre la referencia bélica del mandatario.

Lo cierto es que en los dos años y meses de mandato frentetodista hubo ya varias batallas anteriores contra la inflación que no tuvieron éxito, como algunos programas de congelamiento de precios que fueron ineficientes para contener el escalada en las góndolas. Hubo, incluso, un cambio de mando en la Secretaría de Comercio Interior ante el fracaso para establecer un dique concreto a los precios. La última alternativa a la acudió el Gobierno fue a través de fideicomisos especiales acordados entre exportadores y supermercados que subsidien el precio local de determinados productos, como los aceites. El objetivo de este tipo de medidas es “desacoplar” los valores internacionales de los domésticos.

Esa, en la lectura del Ministerio de Economía, es la medida “predilecta” de la actual conducción económica para llevar adelante un combate a la inflación, aunque aseguran que la situación por el conflicto bélico en el este europeo cambió el escenario y fuerza a tomar otro tipo de determinaciones. El contraste es evidente: hace pocas semanas, cuando todavía no se había desatado la guerra en Ucrania, un alto funcionario del equipo económico descartaba con énfasis tocar los derechos de exportación.

Habrá, en las próximas semanas además una negociación que se abrirá entre la Secretaría de Comercio Interior y las empresas de consumo masivo. A principios de abril deberá renovarse el programa Precios Cuidados, que contiene una amplia canasta de alimentos y bebidas. Las conversaciones comenzarán en las próximas semanas para determinar qué porcentaje de aumento para los 1.300 bienes. En enero el ajuste había sido de 2 por ciento.

El acuerdo con el FMI incluye algunas medidas declamativas sobre cómo combatir la inflación, una mirada de tipo “multicausal” -falta de dólares, política monetaria y fiscal y coordinación de expectativas- y un rango esperado de suba de precios para este año de entre 38% y 48%, consensuado con los técnicos del organismo. Consultoras privadas y hasta centros de estudios afines al kirchnerismo estiman que la propia naturaleza del programa económico plurianual tiene un carácter inflacionario, por lo que esperan índices mayores a ese arco proyectado oficialmente.

El Gobierno y el Fondo Monetario también prevén que hasta 2024 el horizonte de desinflación solo pueda ir hasta una cifra apenas menor al 30%, según se desprende del memorando de entendimiento que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.

Uno de los elementos que atraviesan el programa de desinflación esperado por el Gobierno y el FMI es el de las tasas de interés en pesos. El Banco Central se comprometió ante el organismo internacional a alinear su esquema de tasas por encima de la inflación esperada, de forma tal que las inversiones en moneda local sean más atractivas y tengan rendimientos reales positivos. Ese paso del BCRA deberá ser tomado, explica la letra chica, en coordinación con el FMI.

“Al determinar la tasa de interés real se tendrán en cuenta indicadores coincidentes y prospectivos de la inflación que se actualizarán mensualmente, en comunicación con el personal técnico del FMI, teniendo en cuenta también otros factores, como la evolución de las reservas. Esto ayudará a garantizar que, en adelante, las tasas de interés de los depósitos bancarios a plazo sigan siendo positivas en términos reales, a fin de apoyar la demanda de depósitos en pesos y el desarrollo de un mercado interno de títulos públicos”, apunta el programa acordado.

“La inflación elevada y persistente sigue siendo un serio problema y las reservas externas están en niveles bajos. Se necesitan más medidas para mejorar las finanzas públicas, depender menos del financiamiento monetario y ampliar la cobertura de las reservas, garantizando a la vez la competitividad del tipo de cambio real”, admite el Gobierno en el memorando de políticas económicas con el Fondo.

En ese sentido, el acuerdo con el organismo prevé “reducir la inflación en un rango de 38% - 48% para fines de 2022 y en 5 puntos porcentuales adicionales por año hasta fines de 2024. La estrategia de desinflación se basará en un enfoque de varios frentes que abarcará políticas fiscales, monetarias y de precio-ingreso, adecuadamente calibradas. Se prevé que estas políticas ayuden a apuntalar la demanda de dinero, que, tras la caída registrada en 2021, se espera que en general se mantenga constante como proporción del PIB”, menciona.

En otro tramo del memorando, el Poder Ejecutivo reconoce que los acuerdos de precios “serán un complemento importante de los acuerdos salariales vigentes para apoyar el crecimiento de los salarios reales. Nuestras políticas de ingresos y precios se actualizarán en función de las circunstancias para hacer frente a la inercia y para orientar las expectativas sobre la dinámica futura de la inflación”, explica el documento.

El centro de estudios Proyecto Económico, de la ex diputada Fernanda Vallejos, cuestionó que “para alcanzar esa meta, teniendo en cuenta el dato de enero, la tasa de inflación mensual para los once meses restantes de 2022 no debería exceder del 3,27% mensual. Sin embargo, el impulso inflacionario que supone la regla cambiaria (en combinación con la inflación internacional) y la nueva política de tarifas, conduce a mayores (y no menores) tasas de inflación.

Por su parte, Lorena Giorgio -economista jefa de la consultora Equilibra- mencionó que “la meta de inflación también parece quedar obsoleta después del shock de precios internacionales. Pensamos más bien en un número que empiece con 6. Estamos viendo una inflación como mínimo del 60% este año. Cuando uno mira los números de este año y las primeras proyecciones para febrero, están en torno al 4% sin ajuste tarifario ni mayor aceleración del crawling peg. Es un piso para la inflación mensual para lo que resta del año”, dijo.

El ministro Guzmán fue consultado reiteradas veces por diputados y senadores entre el lunes pasado y ayer en comisiones sobre la viabilidad de la proyección inflacionaria estipulada en el programa con el FMI. El funcionario replicó que “la inflación prevista es esa” pero abrió la ventana a la posibilidad de que el shock de precios internacionales por la guerra en Ucrania implique escenarios por fuera de lo esperado, especialmente en términos de gasto para importar energía.

“La guerra entre Rusia y Ucrania está presente en la Argentina, hoy se ve en los precios de lo que se paga en todo lo que se relaciona con las commodities, como los productos que insumen trigo, los huevos, la leche, aceites, la canasta de consumo”, afirmó en ese sentido Guzmán ante el Senado. “El impacto en los precios de los alimentos es significativo y que se ve con claridad en las últimas tres semanas. No hacer nada implica una situación en la que este shock termina siendo profundamente regresivo”, continuó Guzmán.

En un sentido similar se expresó el jefe de Gabinete Juan Manzur, que mencionó que si bien la herramienta que el Gobierno venía utilizando era el del acuerdo de precios particular a través de fideicomisos que subsidien precios locales -por ejemplo, de los aceites, que fue renovado hasta enero de 2023- “hay otro tipo de medidas, como la que tuvo que tomar el ministro de Agricultura Julián Domínguez (en referencia al cierre de exportaciones temporal) que se entienden en el marco de una excepcionalidad absoluta”, por la guerra en Ucrania, dijo el jefe de ministros.

La secretaría de Comercio Interior que encabeza Roberto Feletti había avanzado también en un fideicomiso de trigo “con el objetivo de eliminar la volatilidad y tener certidumbre para garantizar el abastecimiento y precio de los alimentos básicos, como los fideos secos y la harina” y con vigencia hasta enero de 2024. Ese tipo de medidas, apoyadas por Martín Guzmán, podrían ser abandonadas por los empresarios del sector. Así lo hizo saber la cámara sectorial CIARA tras los trascendidos de un próximo incremento de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja.

Este martes Alberto Fernández fue más directo al hablar sobre la situación de los precios: “Cada vez creemos que la situación se ordena todo se ha vuelto a complicarse. Cuando pensamos que la pandemia nos dejaba un terreno libre como para poder avanzar se desata una guerra en Europa, que tiene repercusiones en todo el mundo, y también en la Argentina, que llegan en forma de complicaciones económicas”, expresó el mandatario. “La mayor complicación es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos y vuelan los precios en todo el mundo“, agregó.

“Espero que esta semana podamos empezar a poner orden el tema de la deuda, y prometo que el viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina; vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosa en orden”, aseguró.

La inflación de febrero fue de 4,7%, un índice mensual más alto del que se esperaba y acumuló así un 52,3% en el último año. Según el diagnóstico del Ministerio de Economía, los precios mostraron un impacto inmediato del conflicto bélico en el este europeo. “El indicador se vio afectado por el impacto de la suba de precios internacionales de los principales commodities, debido a la sequía y al conflicto en Ucrania”, mencionó el Palacio de Hacienda. La invasión rusa, de todas formas, comenzó el 24 de febrero, apenas cuatro días antes de que termine el mes de referencia para el último IPC.

SEGUIR LEYENDO: