La Tarjeta Alimentar se unificó con la AUH: entre el paternalismo del Gobierno, medidas electoralistas y riesgo de despilfarro

Creada en el marco del “Plan Argentina contra el Hambre”, en diciembre de 2019, la Tarjeta Alimentar nació como una política destinada a sectores vulnerables, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), con el objetivo de garantizarles el acceso a la canasta básica alimentaria. La idea original siempre fue promover el consumo de productos saludables, al punto tal de que se prohibió la compra de bebidas alcohólicas con esos fondos y la extracción de ese dinero, sólo se podía utilizar a través de las compras en los comercios habilitados con débito en cuenta.

De esta manera, el tercer viernes de cada mes los beneficiarios tenían automáticamente recargada la tarjeta. Los montos actuales son: $6.000 para las familias con un hijo/hija de hasta 14 años de edad o discapacitado y para quienes perciben la AUE; $9.000 en el caso de familias que tienen dos hijos; y $12.000 para las que tienen tres o más. Según los datos del Ministerio de Desarrollo Social, hoy son 2,3 millones de personas los titulares del plástico y los destinatarios, casi 3,9 millones.

A casi dos años de funcionar de este modo, con buenos resultados de acuerdo a los estudios realizados por el Gobierno y organizaciones como Unicef, el presidente Alberto Fernández anunció que a partir de noviembre la tarjeta se unificará con la AUH y todo pasará a depositarse en la misma cuenta bancaria del beneficiario. Ya no habrá más tarjeta y los titulares podrán utilizar el dinero de la forma que quieran, incluso retirarlo del cajero automático.

Este cambio de modalidad, que le dará más libertad a los beneficiarios, generó un amplio debate entre los expertos en política social, muchos de los cuales apoyan la decisión pero cuestionan el momento en que se hizo -a un mes de las elecciones-, en tanto que otros consideran que se trata de una decisión que puede derivar en un despilfarro del dinero, una incorrecta administración y un perjuicio en la calidad alimentaria de las personas que reciben esta ayuda.

“Son montos bajos para lo que hoy una familia necesita para vivir. Lo que se requiere para comprar alimentos incluso supera los montos de la tarjeta y de la AUH”, dijo a Infobae el investigador del Observatorio de Deuda Social Argentina de la UCA, Eduardo Donza, en alusión a que si hasta ahora el titular de la tarjeta utilizaba este plástico para la compra de alimentos, por más que se unifique con la AUH, igualmente el alimento deberá comprarlo y los fondos salen de un lado o de otro. Por lo tanto, unificar, en este sentido, parecería ser algo positivo. “Pero había toda una idea de separarlas al comienzo. Es evidente que se está saliendo de la idea original y que le resta plafond para hacer una política más focalizada”, sostuvo Donza. Se refirió, por ejemplo, a la posibilidad de utilizar el plástico para la compra de determinados alimentos que desde el Gobierno se quiera fomentar.

Laura Caullo, investigadora del Ieral, de la Fundación Mediterránea, consideró que los programas de transferencia condicionados, como son la AUH y la Tarjeta Alimentar, apuntan a terminar con la pobreza intergeneracional. Por lo tanto, explicó ante la consulta de Infobae, “si eso se levanta, hay muchas chances de romper con el objetivo”. Si bien el aspecto favorable es que al unificarse con la AUH y perder la condicionalidad, las familias tienen mayores libertades, “hay que tener cuidado con la administración del ingreso familiar en una visión inter-temporal. El riesgo es que ese dinero sea despilfarrado en otros productos innecesarios”, explicó la experta en política social.

Concretamente, si la persona recibe todo el dinero junto -el de Alimentar y la AUH- podría verse tentada de consumir otros artículos y quedarse sin fondos en algún momento del mes para la adquisición de alimentos. Caullo remarcó que así como la AUH tiene una condicionalidad ligada con la vacunación y la escolarización de los niños -se cobra el 80% en el mes y el 20% a fin de año, contra los certificados sanitario y escolar-, el Plan Alimentar podría estar ligado a alguna condición nutricional, por ejemplo. Con respecto al momento del anuncio, Caullo enfatizó que “es un manotazo en un año electoral”.

Pero justamente este paternalismo del Estado que algunos defienden es cuestionado por muchos otros, quienes consideran que el beneficiario debe tener la libertad de elegir en qué gastar el dinero. Según sostuvo Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), “la madre de una familia siempre va a pensar en los alimentos. Hay que dejarle la libertad para que pueda administrarse y no desde el Estado decirles en lo que tienen que gastar. Lo que hace ruido acá es que justo cambian la modalidad en noviembre, el mes de las elecciones”. Y agregó: “Primero se optó por el paternalismo y ahora se va por otra visión, y eso es el oportunismo”.

Desde el Gobierno, justificaron la decisión en el hecho de que inicialmente el programa incluía la creación de una app con un código QR, que iba a permitir que productores de alimentos vendieran sin necesidad de contar con un posnet. Esa aplicación nunca se instrumentó, la inflación se fue acelerando, y los beneficiarios “no podían ir a comprar a las ferias de productores, que venden más barato”.

Esta situación, sumada a que los consumos comenzaron a ser no tan saludables -producto de la suba de precios-, motivaron el cambio, aseguraron fuentes de Desarrollo Social. Durante todo el 2020, indicaron, los estudios mostraban que los usuarios de la tarjeta gastaban 60% en proteínas, lácteos y verduras y el 40% restante, en harinas. Luego esa relación se fue modificando por la dinámica inflacionaria.

“La idea que creo que hay detrás de la implementación original de la Tarjeta Alimentar es que los hogares no gastan los recursos en la forma más adecuada para su bienestar en el largo plazo y que el Estado, asumiendo un rol paternalista, puede mejorar esa práctica prederminando las opciones de gasto, guiando a los hogares a gastar en lo que el Estado considera que es mejor para ellos. El monto de la tarjeta podía gastarse en todo tipo de alimentos, a excepción del alcohol, y mantener una dieta saludable es bastante más caro que una más sana. En este sentido, tal vez los hogares mejoraron un poco su dieta por tener ahora más ingresos, pero lo mismo habría ocurrido si el dinero se transfería directamente como un extra de la AUH”, planteó el economista del Centro para la Distribución, el Trabajo y los Estudios Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata, Leopoldo Tornarolli.

Según remarcó el analista, un esquema como la Tarjeta Alimentar no provee beneficios extras, en términos del objetivo que se fijó el programa, respecto al esquema por el que se optó ahora y que muchos, como él, sugirieron aplicarlo de entrada.

Por su parte, Isidro Guardarucci, economista asociado de FIEL, también cuestionó el oportunismo político, del momento en que fue lanzada la tarjeta, como de ahora, con el cambio de modalidad de pago. “La política de combate a la pobreza es algo estructural que tenemos que sacarle (en lo posible) la política de encima. Esta unificación tardía parece asociada, nuevamente, a objetivos de imagen política y la necesidad de poner plata en el bolsillo de la gente, ya que el beneficio ahora vale más porque te permite acceder a una gama más amplia de bienes y servicios”, precisó el analista.

Guardarucci dijo además a Infobae que “la experiencia internacional en la materia sugiere que duplicar esquemas y costos administrativos implica derrochar recursos y sumar complejidad y, en términos de cómo impacta en el beneficiario, hay argumentos a favor de dirigir los consumos de la gente hacia consumos que el Estado considere prioritarios, pero ese espíritu más paternalista se opone a brindarle a la gente la libertad de elegir, basada en su conocimiento de sus propias necesidades”.

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