Nadie que viva en la Argentina se puede sorprender que el tipo de cambio ingrese en fuerte zona de turbulencia en medio de un proceso electoral. Pasó siempre y la última vez de manera furiosa: las PASO del 2019 provocaron una fuerte devaluación del peso y un gran salto inflacionario. Justo antes de aquellas primarias presidenciales el dólar cotizaba a $ 45 y menos de dos años después se consigue a $ 185, un impresionante saldo de 311 por ciento.
En todo caso, lo más alarmante del reciente salto es que se produce faltando aún varios meses para las elecciones. En ese sentido, la decisión de haber postergado el calendario electoral puede haberle jugado una mala pasada al Gobierno, que en realidad apuesta a un repunte económico más consolidado para noviembre. Pero en el medio deben transcurrir 100 días que estarán atravesados por fuertes presiones cambiarias.
Sólo en julio el tipo de cambio informal acumula una suba de 10%, pasando de $ 167 a $ 185, es decir más del triple de la inflación esperada para el mes. Pero en realidad desde abril, cuando llegó a tocar los $ 140 que viene subiendo a paso firme. El tipo de cambio de $ 185 es equivalente a los $ 4 que llegaron a registrarse en 2002, luego del estallido de la convertibilidad. Sólo fue superado por el pico registrado en octubre del año pasado.
Nuevamente fue una apresurada decisión del Banco Central la que volvió a desatar la búsqueda de cobertura por parte de los inversores, tal como había sucedido en octubre pasado. Las últimas restricciones para operar en el “contado con liquidación” desnudaron en forma prematura las escasas herramientas que tiene la entidad para controlar presiones cambiarias.
La decisión del Central de restringir los montos para la operatoria de “contado con liquidación” desnudó su frágil posición de reservas. Y al mismo tiempo despertó compras de divisas que posiblemente hubieran sucedido más cerca de las elecciones
Las consecuencias eran obvias. Se abrió una nueva brecha entre el tipo de cambio que surge de la compraventa de bonos en el mercado bursátil oficial (el CCL se mantiene debajo de $ 170 por intervención oficial), mientras que el “dólar Senebi” (donde no hay restricciones de monto) ya tocó los $ 180.
Misión para dos
Ni el ministro de Economía, Martín Guzmán, ni el titular del Central, Miguel Pesce, se quedarán con los brazos cruzados. En las próximas semanas saldrán con toda la “artillería” para aquietar al mercado. Pero tendrán que pagar un alto costo. Habrá fuerte pérdida de reservas: posiblemente se resignará buena parte de los USD 3.500 millones acumulados en la primera parte del año. Además, el Central también tendrá que sacrificar bonos que recibió en la última reestructuración de deuda. Y es posible que empiece a vender futuros para desactivar temores de devaluación post electoral.
Ponerle un freno al salto cambiario es prioridad uno para el Gobierno. Si sigue aumentando la brecha, todo intento por reactivar y que la economía llegue mejor a las elecciones sería en vano. Además, habría un fuerte impacto negativo sobre las expectativas, que inevitablemente se traducirá en las urnas.
Además del componente estrictamente “político” del renovado proceso de dolarización, también hay razones claramente técnicas. Y allí sobresale la fuerte expansión monetaria que deberá efectuar el Central para enfrentar el aumento del gasto público electoral. Según coinciden distintas consultoras económicas, en total la emisión llegaría a un billón de pesos a lo largo del segundo semestre. Esto representa un aumento de nada menos que 40% de la base monetaria.
El fuerte rojo fiscal de esta parte del año contrasta con un manejo casi equilibrado de las cuentas públicas al inicio de 2021. Al final del día, el rojo fiscal terminará arriba del 4% del PBI. Una parte se financiará con deuda emitida por el Tesoro y el resto, como siempre, con creación de dinero que provocará más presión cambiaria y más inflación.
El Gobierno procura dar señales de racionalidad para tranquilizar a los inversores. Axel Kicillof llegó a un principio de acuerdo para salir del default provincial y Cristina Kirchner aseguró ayer que se pagará en tiempo y forma los casi USD 4.000 millones que vencen con el FMI este año
El “combo” de elecciones y emisión es explosivo en una economía sumamente debilitada como la Argentina. En el medio aparece la gran desconfianza que genera el Gobierno en los mercados y en buena parte de los consumidores y que se refleja en una caída de la demanda de dinero. En este contexto, seguir emitiendo pesos que no son demandados por la sociedad sólo terminará generando más pobreza.
Cisne negro
Además del aumento del gasto y de la incertidumbre generada por las elecciones, apareció un “cisne negro”, algo no contemplado en las proyecciones económicas. La bajante histórica del río Paraná aumentó fuertemente la necesidad de importar gas oil y fuel oil, debido a la caída de la capacidad de generación hidroeléctrica. Ya en junio la importación de energía insumió arriba de USD 500 millones y el volumen este mes podría ser incluso mayor. Esto significa todavía más stress para las escuálidas reservas del Central.
Como suele hacer cada vez que el dólar amenaza salirse de control, el kirchnerismo intenta algunas señales para llevar tranquilidad. El resultado es magro, porque son cada vez menos los que ven esfuerzos genuinos por rectificar el rumbo.
El esfuerzo por mostrar una cara más “racional” o “amable” tuvo varios ejes. Uno de ellos fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que luego de más de un año cerró un acuerdo con su principal acreedor para reestructurar la deuda. La súbita movida fue leída como un mensaje a los inversores. “Si la provincia quiere salir del default, entonces el Gobierno nacional tampoco va a querer entrar en cesación de pagos con el FMI”, fue el razonamiento que predominó esta semana entre los inversores.
Más allá de este tránsito turbulento que tendrá el dólar hasta las elecciones, las miradas de muchos inversores ya apuntan al verano. Crecen los temores sobre una nueva crisis cambiaria de grandes proporciones si no se avanza rápidamente a un acuerdo con el FMi y se define un rumbo más predecible para la política económica
La propia vicepresidenta, Cristina Kirchner, se ocupó ayer de dejar en claro que no está en los planes un default con el Fondo, una idea incluso sugerida en su momento por “Intelectuales K” por medio de una carta abierta. “No vamos a poder destinar los USD 4.300 millones que recibiremos del FMI a recuperar la economía, porque en 2018 se tomó una deuda de USD 45.000 millones”. Así reconoció que no habrá otro remedio que utilizar esos recursos para pagar los casi USD 4.000 millones que vencen entre septiembre y diciembre con el propio organismo.
Muy atrás parece haber quedado la febril idea de Martín Guzmán de pedirle a Rusia que le pague a la Argentina la deuda con el FMI, a partir de los USD 15.000 millones que ese país recibirá como parte de la capitalización del organismo. Ahora nuevamente el discurso está alineado con la idea de llegar a un acuerdo, aunque habrá que esperar hasta después de las elecciones para el arranque de una eventual negociación.
Incluso la decisión de cambiar la ley para que la Argentina pudiera recibir vacunas norteamericanas y la donación de 3,5 millones de dosis de Moderna por parte de EEUU parece inscribirse en esta lógica. También allí hubo una decisión de alejarse del eje ruso, aunque como dejó en claro la asesora presidencial Cecilia Nicolini tuvo más que ver con las demoras y el incumplimiento del gobierno de Vladimir Putin para la entrega de la segunda dosis de Sputnik V.
Aunque el Gobierno mantiene cierto margen para evitar una devaluación brusca y que el dólar se salga de control, se trata de un “poder de fuego” limitado. Por eso, todas las miradas apuntan al “día después” de las elecciones. Si después de los comicios no hay señales racionales las chances de un estallido cambiario crecerán aceleradamente. La posibilidad de otro verano muy turbulento no es algo seguro, pero las chances no son precisamente bajas.
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