Por qué ahora la aceleración de la inflación se percibe con mucho más impacto, como hacía años que no ocurría

Salvo el período de la convertibilidad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar, con el alto costo de renunciar a la independencia monetaria, la Argentina transita un largo trayecto de su historia con alta inflación, al punto que en los últimos 140 años llevó a modificar 5 veces el valor de la moneda, para facilitar las transacciones. Y ahora, nuevamente, con tasas de aumento de los precios al consumidor a un ritmo de 3% a 4% mensual –cuando en el mundo la mayor parte de los países registran esas variaciones en un año o incluso en más tiempo– el fenómeno vuelve a ser percibido con mayor impacto, rapidez y crudeza por gran parte de la población, sobre todo los más vulnerables.

Claramente, en tiempos de movimientos fuertes en las cotizaciones en el mercado de cambios, con disparada del precio del dólar libre, la población de la Ciudad y del Gran Buenos Aires comienza a tomar medidas preventivas de posterior impacto sobre el resto de los precios, en particular los de consumo inmediato, como los alimentos, los cuales finalmente recoge el Indec, y afecta la confianza general de los consumidores.

Pero adicionalmente, se percibe la variación casi a diario de los precios en el mercado de bienes no durables por los cambios en los hábitos de compra de la población, derivado de un clima de inseguridad física creciente, en particular en el conurbano bonaerense, donde son moneda corriente los robos a peatones y pequeños comercios que llevan a salir de la casa con mínimo dinero en efectivo y aumentar las frecuencia semanal de los gastos, así como hacer un uso más intensivo de los medios de pago electrónicos, aún en amplios sectores informalizados porque cuentan también con acceso a los canales digitales.

La aceleración de la inflación y las dificultades que arrastra la economía para revertir un ciclo recesivo que acumula 3 años, conforman un contexto que fue agravado por la crisis sanitaria que llevó a tomar medidas preventivas de aislamiento social y prohibición de actividades que sólo en el segmento registrado sacó del circuito a más de 20.000 empresas y 140.000 trabajadores, a los que se suman muchos más en la franja informal, principalmente pyme. No sólo eso, también determinaron un severo y persistente deterioro del poder de compra de los salarios y agotaron los excasos ahorros líquidos en una parte limitada de la sociedad.

Diversos economistas demostraron en el pasado como la alta inflación, y en particular su aceleración, afecta más a los sectores de bajos ingresos y a quienes dependen de un ingreso fijo, porque su capacidad de compra nominal se mueve “de a saltos” y con notable rezago, sea por paritarias, en el caso de un segmento de los asalariados registrados, y por la movilidad previsional trimestral, en el caso de los jubilados y de quienes reciben beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo y salario familiar, entre otros.

Desde octubre 2020, cuando comenzó a intensificarse el ritmo de aumento de los precios, los datos del Indec comenzaron a registrar en paralelo un aumento más intenso en valor de las canastas básicas –de alimentos y total, que incluye los servicios esenciales–, derivando en mayor cantidad de habitantes que descendieron de los umbrales de indigencia y de pobreza.

El cuadro se intensifica, cuando simultáneamente con la crisis sanitaria disminuye respecto del año anterior el nivel de asistencia monetaria previsto en el Presupuesto 2021 y avanza la informalidad laboral, con crecimiento de la participación de los trabajadores que obtienen sus ingresos en tareas no asalariadas, como monotributista de las categorías inferiores y changas que generan menos recursos y son altamente inestables, porque fuerza un acelerado cambio de hábitos de gasto y de compra, y permite una más rápida percepción de la variación de los precios de los productos esenciales.

Ese fenómeno se detecta en gran parte de las más 2 millones de personas que sólo en 2020 descendieron del umbral de “clase media”, según un estudio del Banco Mundial, porque de estar acostumbradas a ir al gran supermercado, con una frecuencia semanal o quincenal, pasaron no sólo a proveerse en locales de cercanía y ferias barriales, casi a diario, y a buscar segundas y terceras marcas, para poder “optimizar” sus presupuestos, tratando de eludir la suba de precios que registran en los productos que venían consumiendo.

Deterioro del poder de compra

El cambio de la movilidad jubilatoria, con un rezago de tres meses en la variación de los precios e ingresos de la Anses, no fue suficiente para evitar que se deteriorara el poder de ingreso de la mayor parte los perceptores de esa fuente de recursos, en particular cuando se la compara con la variación de los valores de las canastas de indigencia y pobreza que mes a mes informa el Indec, porque como le pasó a Cambiemos se trata de una fórmula que rinde frutos para los beneficiarios y afecta inicialmente a las finanzas públicas cuando la inflación se acelera mes a mes.

Según esa medición, una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó en junio generar $914 por día para no caer en estado de indigencia, y sumar $2.148 para no formar parte de la legión de pobres, la cual había ascendido al 45% de la población en el último trimestre 2020, y ahora estaría próxima a comprender a la mitad de los habitantes.

Es una de las consecuencia del acelerado deterioro del poder de compra de las jubilaciones, al punto que el haber mínimo pasó de cubrir con exceso el umbral de indigencia entre 2016, cuando comenzó a difundirse el valor de la Canasta Básica de Alimentos, y la primera mitad de 2018, a sólo el 75% en la actualidad. En ese período la cobertura de la Canasta Básica Total se redujo del 44% a 32 por ciento.

Tampoco mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados registrados. Mientras el ingreso medio permitía comprar entre 3,5 y 4 veces la CBA entre 2016 y 2018, ahora no le alcanza para adquirir 3 veces; y en el caso de la CBT (umbral de pobreza), en ese período pasó de poder adquirir entre 1,5 y 1,6 veces, a menos de 1,3 veces.

De ahí el creciente grado de malestar y angustia de gran parte de la población, no sólo por la extensión de la crisis sanitaria, sino también por el daño que la inflación genera sobre sus ingresos, agravado en muchos casos por un clima de inseguridad que pasa ocupar entre las principales inquietudes de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, y también en las grandes ciudades del interior del país.

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