Qué decisión tomó Estados Unidos para combatir mejor el delito con criptomonedas

Una funcionaria en Washington buscará asegurar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado por parte de las criptodivisas

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Michele Korver del Fincen, Estados Unidos
Michele Korver del Fincen, Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos contrató a su primer asesor jefe de moneda digital. Se trata del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) -equivalente a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina- que ha contratado a Michele Korver, quien previamente trabajó en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ha estado involucrada en operaciones contra el lavado de dinero centradas en criptografía desde 2013. La intención es que desarrolle la labor de “principal asesora de divisas digitales” del Fincen.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos afirmó que seguirá de cerca la industria de las criptomonedas como una de sus principales prioridades para combatir delitos como el lavado de dinero.

Al respecto, Fincen anunció que las “consideraciones de moneda virtual”, u operaciones que involucran criptomonedas como Bitcoin, estarán entre sus prioridades nacionales para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y garantizar políticas adecuadas contra el lavado de dinero.

“El establecimiento de estas prioridades tiene como objetivo ayudar a todas las instituciones cubiertas en sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones” según las leyes y regulaciones relacionadas, dijo el regulador. FinCEN explicó que pronto emitirá regulaciones para especificar cómo las instituciones financieras deben incorporar estas prioridades en sus programas contra el lavado.

El edificio del Departamento de Justicia en Washington, EEUU
El edificio del Departamento de Justicia en Washington, EEUU

En su labor, Korver deberá promover “el rol de liderazgo de Fincen en el espacio de la moneda digital trabajando con socios internos y externos hacia soluciones estratégicas e innovadoras para prevenir y mitigar las prácticas financieras ilícitas y la explotación”, anunció la agencia.

Los inversores en criptomonedas están familiarizados con Korver, ya que anteriormente se desempeñó como asesora de moneda digital para la división criminal del Departamento de Justicia. También asesoró al Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera del Departamento del Tesoro y desarrolló políticas sobre la incautación y decomiso de criptomonedas.

También pasó 10 años como abogada asistente en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, donde realizó procesamientos de delitos cibernéticos y de seguridad nacional. A su vez, ha estado involucrada en operaciones contra el lavado de dinero centradas en criptografía con el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y empresas de tecnología privadas desde 2013.

Michael Mosier, director interino de Fincen, comentó sobre la vasta experiencia de Korver en la elaboración de legislación sobre moneda digital: “Michele aporta una gran experiencia en monedas digitales y será una gran líder en los esfuerzos coordinados para maximizar la contribución de Fincen al potencial innovador para la expansión financiera de oportunidades mientras se minimiza el riesgo financiero ilícito”.

A principios de julio, la agencia anunció que la supervisión de las transacciones de criptomonedas estará entre sus principales prioridades nacionales para el financiamiento contra el terrorismo y el lavado de dinero.

Las autoridades de Fincen se enfocaron en las “wallets” o billeteras de criptomonedas denominadas como no alojadas o descentralizadas, y afirman que se podrían incrementar los riesgos para el grupo de “Anti-Lavado de Dinero y Contra el Terrorismo-Ley de Financiación”. Todo esto fue compartido por el Grupo de acción financiera, el organismo intergubernamental responsable de establecer los estándares contra el lavado de dinero.

El sector de las criptomonedas también sigue siendo una prioridad para los reguladores de valores. La Comisión de Bolsa y Valores acusó recientemente a un emisor de criptomonedas por “hacer declaraciones materialmente falsas y engañosas” en relación con una OPI (oferta inicial de monedas) no registrada del mercado alcista comprendido entre 2017 y 2018.

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