La suspensión de las exportaciones de carne vacuna por 30 días decidida por el Gobierno nacional en pos de controlar los precios internos, según justificó el propio presidente Alberto Fernández, fue el inicio del cuarto conflicto con el sector agropecuario en solo un año y medio de mandato, dinamitando la poca confianza existente en el agro hacia la coalición gobernante y dejando entrever una peligrosa escalada de no tener una rápida solución.
De esta manera, y casi en clave electoral, el Gobierno busca encontrar una solución para un problema real: el salto que desde hace meses en el precio de la carne al consumidor, una cifra que trepó un 65% en un año, superando por varios puntos la inflación promedio en el país. La receta de cerrar las exportaciones fue una medida que ya se tomó en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y cuyo resultado fue crítico para la ganadería y la industria frigorífica: el rodeo nacional perdió más de 10 millones de cabezas, pérdidas que todavía no pudieron ser recuperadas.
Y este último punto parece ser el que el campo no está dispuesto a aceptar. Tal es el caso que en tiempo récord la Mesa de Enlace anunció un cese de comercialización por 9 días, aunque de no encontrarse una solución satisfactoria para el sector, las medidas de fuerza podrían extenderse. Así, el gobierno de Alberto Fernández decidió emprender su cuarta gran batalla contra el agro, y sumar la de la carne a el intento fallido de nacionalizar la agroexportadora Vicentin, la intervención del mercado de maíz y al aumento de las retenciones a la soja.
Si bien ninguno de éstos llegó a tener la magnitud del tristemente recordado “conflicto de la 125”, en el primer gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando se quisieron instalar las retenciones móviles, la seguidilla habla, por lo menos, de una situación que va tomando temperatura.
El primer conflicto se produjo en marzo de 2020, tras la decisión del Poder Ejecutivo de elevar los derechos de exportación a la oleaginosa en tres puntos porcentuales hasta el 33 por ciento. Si bien el Gobierno prometió la implementación de la devolución de retenciones a productores de hasta 1.000 toneladas del cultivo, la Mesa de Enlace decidió convocar a un paro de comercialización de granos y ganado por cinco días a partir del 9 de marzo.
Desde el campo aseguraron que hubo un alto acatamiento, mientras que desde el Gobierno se encargaron de remarcar la baja participación de los productores. Lo que es cierto es que fue el primer enfrentamiento abierto, pero que pronto pasó al olvido con la llegada de la pandemia de coronavirus y la cuarentena.
Vicentin
Como toda medida que toma el Gobierno nacional respecto al sector agropecuario, es sorpresiva y, generalmente, inconsulta. Pero lo que pocos esperaban era la decisión de Alberto Fernández de intervenir y expropiar la cerealera en default Vicentin. Y mucho menos, el oficialismo esperó la reacción del campo en defensa de la compañía santafesina.
El 9 de junio de 2020, el Presidente realizó una conferencia de prensa donde se informaba a la población respecto a la intervención y futura expropiación de la agroexportadra, que había entrado en cesación de pagos en diciembre de 2019 por más de $100.000 millones de pesos, dejando a decenas de productores sin la posibilidad de cobrar sus deudas.
“Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción”, dijo Fernández en ese momento. “Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, agregó el mandatario.
La medida no solo recibió duros reveses judiciales, sobre todo del juez a cargo del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, que dio virtualmente por tierra la intervención al no remover el directorio de la empresa, sino que también recibió duras críticas del grueso del arco opositor y del empresariado y motivó la movilización de ciudadanos y productores en todo el país.
Bajo este panorama, y viendo ya la posibilidad de expropiación desvanecerse, el Gobierno decidió dar marcha atrás, haciendo lugar al “plan superador” propuesto por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que tampoco funcionó. Al final, Fernández culpó al juez de la causa de entorpecer los quehaceres del Estado en la recuperación de la empresa y aseguró que su gestión no comprometería “recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso”.
Intervención del mercado de maíz
El último episodio que enfrentó al kirchnerismo con el campo sucedió a finales de 2020, cuando el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Luis Basterra, anunció el cierre de nuevas declaraciones para exportar maíz (DJVE) con embarque anterior el 1 de marzo, cuando la nueva cosecha comenzara a ingresar.
El mismo Basterra sostuvo que esta medida estaba destinada a preservar el remanente de maíz que quedaba en el país para abastecer a aquellas actividades que tienen al grano amarillo como insumo básico, por ejemplo, la ganadería. Ese volumen era calculado en 4,3 millones de toneladas por la cartera agropecuaria, aunque los propios números del Gobierno hablaban de 10 millones.
Luego se establecieron una suerte de cupos, que no llegaron nunca a implementarse.
Por supuesto, desde el campo se hicieron escuchar los rechazos y, nuevamente, la dirigencia rural decidió movilizarse. Esta vez, fue un paro de 72 horas que bastaron para que el Gobierno, nuevamente, diera marcha atrás. Si bien en el Ejecutivo se remarcó que el levantamiento del cierre de exportaciones se dio por las reuniones que mantuvo Basterra con dirigentes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en las cuales el sector privado se comprometió a hacer un monitoreo de las existencias a fin de evitar el desabastecimiento, la Mesa de Enlace hizo propio el paso atrás del oficialismo.
“El Gobierno cometió un error bien visible, que ahora se ha levantado y es por eso que a partir de ahora nos disponemos a levantar el cese comercial y a partir de aquí buscar el mayor diálogo posible”, dijo Daniel Palegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al levantarse el paro. Ese diálogo tampoco se dio.
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