Una por una, todas las medidas de control de precios que adoptó el Gobierno para intentar aplacar la inflación

El Gobierno anunció el cierre de las exportaciones de carne por 30 días y busca negociar con los empresarios del sector una manera de bajar los precios al consumidor, aunque tuvo un fuerte rechazo de las entidades del agro. No es la primera medida de este tipo que toma el Poder Ejecutivo desde que asumió Alberto Fernández como presidente.

A lo largo del año hubo distintas tipos de esquemas de control y coordinación de precios: desde las más duras como el cierre de ventas al exterior e inspecciones presenciales reforzadas en supermercados hasta acuerdos de fideicomisos financieros para contener subas de los commodities y un sistema de monitoreo general de stocks de las grandes empresas.

-Suspensión de exportaciones de maíz:

Poco antes de que terminara el 2020, el Ministerio de Agricultura, anunció la suspensión de la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el maíz con fecha de embarque sea anterior al 1° de marzo de este año con el objetivo, según la argumentación oficial, de frenar la suba de precios para ciertos alimentos que tienen al maíz como insumo. “Esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”, señalaron desde la cartera que conduce Luis Basterra.

Tras las protestas del campo, dos semanas después el Gobierno dio marcha atrás con la medida. Luego de una reunión de Basterra con dirigentes del sector, el Gobierno accedió a sustituir el tope de 30.000 toneladas diarias anunciada para el registro de DJVE de maíz por un monitoreo del saldo exportable del cereal. También acordaron “consensuar” un entendimiento de largo plazo “con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el programa Precios Cuidados”.

-Precios Máximos:

Al inicio de la pandemia, la Secretaría de Comercio anunció un esquema de precios congelados de forma retroactiva al 6 de marzo de 2020, tras haber detectado aumentos fuertes tras los primeros días de medidas de aislamiento social. Incluyó una canasta de productos compuesta básicamente por bienes alimenticios y de limpieza.

La medida no fue bien recibida por los empresarios, ya que a diferencia de Precios Cuidados -programa que siguió vigente de forma paralela-, no fue un esquema consensuado con las compañías del sector. Por otra parte, la duración del programa con valores fijos en las góndolas impactó en el nivel de producción de esos bienes porque, consideraron desde el sector privado, implicaba producir “a pérdida”.

El Gobierno habilitó actualizaciones de precios en julio y octubre junto con deslistamientos de ciertos bienes. En mayo Comercio Interior determinó continuar hasta junio con ese programa pero dejará de incluir una extensa serie de 36 tipos de productos cuyos precios dejarán de estar controlados.

-”Canasta básica” de 120 productos:

Una salida que podría tener el plan de Precios Máximos sería confluir a una canasta básica de 120 productos que permanecerían congelados por seis meses.

El programa nuevo incluirá, tal como lo tiene planificado el Gobierno y busca cerrar con las compañías del sector en los próximos días, productos alimenticios, bebidas y artículos de higiene personal para ofrecer en supermercados chinos y comercios barriales de cercanía, para conseguir una “capilaridad” mayor que Precios Cuidados, el esquema más representantivo entre los vigentes para mantener a raya los valores en las góndolas, que está presente en supermercados y que representa el 35% del consumo, según estimaciones oficiales.

-Fideicomiso del aceite:

En el contexto de aceleración de precios de los alimentos de los últimos meses de 2020, el Gobierno acordó en ese momento un fideicomiso financiero que actúa como “compensador” entre el productor y el exportador y que persigue el objetivo de frenar aumentos en las góndolas. El acuerdo entre el Gobierno y la industria aceitera buscó “desacoplar” los precios internacionales de las commodities a los valores que paga el consumidor. El instrumento financiero acordado implica que los exportadores subsidiarán a los productores a lo largo de 2021. El espíritu del fideicomiso es el de una “compensación”.

Según explicaron desde la cámara de exportadores, la herramienta establece “condiciones de precio y abastecimiento” para los aceites envasados de girasol y mezcla refinados. Para las empresas asociadas a la cámara exportadora significará una erogación de 29 millones de litros mensuales (75% del mercado nacional) implicando un valor anual de compensaciones hacia dentro de la propia industria por un monto de 190 millones de dólares, especificaron.

La herramienta de los subsidios compensadores no es nueva para el kirchnerismo, ya que se aplicó entre 2008 y 2016 en el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

En la actualidad, el fideicomiso funciona como un “pozo” común en el que aportan las exportadoras, lo que redundará en un margen menor de ganancia por las ventas al exterior. Esos 190 millones de dólares anuales se repartirán entre los que abastezcan al mercado interno, por lo que incluso podrían darse casos de subsidio “intra-empresa”, según explicaron desde Ciara, ya que hay compañías con un pie en los dos mercados.

-Precios de electrónicos:

El Gobierno firmó un acuerdo con fabricantes de electrónica para mantener estable el precio de ciertos productos hasta noviembre. El compromiso –que podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes más allá de noviembre– contempla la posibilidad de reincorporar en el programa Ahora 12 los teléfonos celulares cuyo precio de venta al público no sobrepase los $50 mil, “en la medida que las circunstancias lo permitan”, según explicó el gobierno sin dar mayores precisiones. De todas formas, desde el gobierno se aclaró que a partir de junio se evaluará mensualmente la posibilidad de ajustar el precio de los productos, al tener en cuenta la evolución del tipo de cambio y la variación del costo de los insumos en los mercados internacionales, por lo que el acuerdo podría durar solamente 40 días.

De esa manera se mantienen los precios de venta vigentes al 1° de abril hasta el 31 de octubre próximo en televisores, teléfonos celulares, microondas y acondicionadores de aire. Las marcas incluidas serán las empresas nucleadas en Afarte y que son comercializadas por Motorola, Carrier, Nokia, RCA, Daewo, Kelvinator, Hyundai, AOC, JVC, Sanyo, Hitachi, Midea, Hisense, Phillips, TCL, LG, Samsung, Noblex, Atma, Philco y BGH.

-Monitoreo de precios y stock:

El Gobierno creó en marzo un sistema de monitoreo de precios y stocks que alcanzará a casi 1000 empresas grandes en distintos rubros y que tendrá como objetivo “tener alertas tempranas” ante casos de posibles desabastecimiento de productos al consumidor final o de insumos.

El esquema lleva como nombre Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica) y dependerá de la Secretaría de Comercio. A grandes rasgos, el Sipre exigirá a un grupo de empresas consideradas “grandes” según su nivel de facturación anual, que presenten todos los meses información sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock.

El programa Sipre contará con dos etapas. Una primera que comenzará en abril incluirá a cerca de 500 empresas de tres sectores principales: comercio, construcción e industria. Para los tres casos el umbral para quedar dentro de la nueva normativa dependerá de la facturación acumulada en un año.

El programa Sipre contará con dos etapas. Una primera que comenzará en abril incluirá a cerca de 500 empresas de tres sectores principales: comercio, construcción e industria. Para los tres casos el umbral para quedar dentro de la nueva normativa dependerá de la facturación acumulada en un año.

-Carne a precios “populares”:

En febrero el Gobierno puso en marcha la primera etapa de un acuerdo de precios con empresarios exportadores de la carne para ofrecer en los supermercados de todo el país. Tras la finalización a fines de marzo y luego de algunas semanas de negociaciones, desde la semana pasada comenzó un segundo tramo de ese programa de precios.

Los once cortes de mayor demanda estan disponibles desde hoy y hasta el 31 de diciembre próximo en las grandes cadenas de supermercados de todo el país como Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Día%, La Anónima, Libertad y carnicerías Friar.

Los precios vigentes son para la paleta $485 el kilo, la carne picada a $265, espinazo a $110, vacío a $499, matambre a $549, falda a $229 y tapa de asado a 429 pesos. Por su parte, el asado de tira se vende con una baja del 10% a $359 y un 39% más bajo que en diciembre, antes del acuerdo. La cuadrada o bola de lomo, el roast beef y la carnaza alcanzan los precios de $515, $409 y $379, respectivamente, que representan un aumento promedio menor al 5 por ciento.

-Monitoreo de precios:

Una vez que se conoció el dato de inflación de marzo, de 4,8%, el Gobierno anunció que reajustaba una serie de medidas de control. En ese sentido, la Secretaría de Comercio Interior incorporó 500 nuevos fiscalizadores “a los fines de fortalecer las tareas de control y garantizar el abastecimiento mientras tenga vigencia la emergencia sanitaria”. Además, el Gobierno decidió salir a inspeccionar “los rotulados para impedir ventajas comerciales, la existencia de vacíos informativos y prevenir la inclusión de mensajes con expresiones ambiguas o incompletas que induzcan a una decisión de compra equivocada o inconsciente”.

Y paralelamente, el Ejecutivo puso en marcha el Observatorio de Precios creado a través de la Ley 26.992. Será coordinado por la Secretaría de Comercio Interior y estará integrado por representantes de diferentes ministerios y asociaciones de consumidores.

-Imputaciones a empresas:

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), “imputó” a mediados de febrero a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, a las que acusó de retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. Hay que remontarse varias décadas atrás para encontrar otros casos de aplicación de sanciones por desabastecimiento a las compañías.

“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, aseguró un comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

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