El dilema que inquieta al Gobierno por estas horas: ¿puede aguantar la economía un regreso a Fase 1?

Como nunca antes había sucedido, el seguimiento de los indicadores sanitarios se volvió fundamental para determinar cómo seguirá la economía a lo largo de 2021. La situación es sumamente delicada. Los principales referentes de sanatorios y clínicas privadas del AMBA ya advirtieron al Gobierno nacional, pero también al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se llegó a un límite peligroso. Hoy la ocupación de terapias intensivas es superior al 100%: allí se cuentan también a quienes se mantienen en “sala de espera” mientras aparece una cama.

Aún a pesar de esta compleja situación, esta semana arrojó un dato alentador ya que la “segunda ola” de contagios parece haberse amesetado. Pero como todavía hay casi 30.000 contagios contabilizados por día, con que un porcentaje menor se complique alcanza y sobra para generar un cuello de botella en la atención médica. Se atribuye este resultado sobre todo a las restricciones a la “vida nocturna” definidas inmediatamente después de Semana Santa.

El estado de situación en hospitales públicos y sanatorios privados es sumamente relevante, ya que esta semana el Gobierno debe determinar cuáles son las medidas restrictivas que seguirá aplicando para bajar los casos. El 30 de abril finaliza el último DNU firmado por Alberto Fernández, pero para mediados de semana deberán definir cómo seguirá la cuarentena.

Los principales referentes de la salud privada argentina ya lo piden sin disimulo: se debe regresar a “fase 1”, es decir restringir la movilidad a su mínima expresión. Sólo debe quedar reservado el tránsito para los esenciales y el resto debe permanecer en sus casas. Esto permitiría consolidar no sólo el amesetamiento sino también conseguir una baja decidida de los contagios.

Desde la provincia de Buenos Aires acompañan este pedido. De manera reiterada el propio ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió públicamente un regreso a “fase 1”, al igual que el siempre alarmista titular de la cartera de Salud, Daniel Gollán.

El Presidente tiene ante sí una compleja decisión por delante esta semana. La evidencia indica que la cuarentena debe endurecerse. Pero el deterioro económico es tal que cada medida que implique un golpe a la actividad debe meditarse con extremo cuidado.

La única certeza

Por lo pronto, la única decisión que parece inamovible es que las fábricas seguirán abiertas, pase lo que pase. Es imposible darse el lujo de “cerrar todo” como en los primeros meses de la pandemia el año pasado. El golpe al rebote económico sería mortal y también durísimo el impacto social.

Quienes más pierden con cada medida que restringe la movilidad o dispone cierres son los millones de trabajadores que deben salir a trabajar todos los días para llevar dinero a su casa. Los cuentapropistas son hoy una gran mayoría silenciosa y por ese mismo motivo resultaron los más descuidados en 2020. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000 resultó una ayuda lastimosa, que no evitó que millones de personas cayeron debajo de la línea de pobreza.

Con 44% de la población pobre (según el último cálculo de la Universidad Di Tella a partir de la suba de 5% de la Canasta Básica en marzo), un millón y medio de personas que perdieron su empleo y miles de comercios cerrados, no resulta sencillo para el Gobierno determinar un esquema que se acerque al de aquella “fase 1” que derrumbó más de 20% la economía en el segundo trimestre.

El peso del pasado

Al Presidente le pesa, y mucho, haber definido una “cuarentena eterna” el año pasado. Subestimó el impacto que un cierre de la actividad traería en la sociedad. Y dejó una frase antológica, que lo seguirá en todo su mandato: “Prefiero tener 10% más de pobres y no más de 100.000 muertos por coronavirus”. Los fallecidos por COVID-19 ya superan los 60.000 en Argentina y la vacunación no avanza al ritmo prometido ni necesario en este contexto.

Para evitar medidas antojadizas o por “olfato”, lo que se estaría discutiendo en el Gobierno y con los expertos sanitarios es definir parámetros bien específicos para cerrar o no la actividad en cada distrito. Por ejemplo, por cantidad de contagios cada 100.000 habitantes o nivel de ocupación de terapias intensivas. Esto llevaría a “cierres intermitentes”, de una o dos semanas como mucho, y no períodos prolongados como en 2020. Esta idea luce muy razonable, pero es resistida por la sociedad luego de la experiencia pasada. Una encuesta realizada por Synopsis a principios de mes lo resumió con claridad: el 60% de los que respondieron le pide a Alberto Fernández que priorice la economía a la hora de tomar decisiones y sólo 30% que le preste más atención al COVID-19.

Rodríguez Larreta tampoco quedó en una posición cómoda. Es el político de mejor imagen del país y sus votantes mayoritariamente le reclaman que mantenga la presencialidad escolar. Pero el jefe de Gobierno porteño no desconoce la compleja situación sanitaria del distrito. Por eso, en su entorno íntimo le aconsejan que se muestre en estos próximos días más conciliador con el Gobierno nacional y apoye eventualmente una reducción de la movilidad para las próximas semanas. Tampoco a él le sirve que la atención hospitalaria se desbande.

El impacto macroeconómico

Las medidas que le complican la subsistencia a millones de personas también tienen un impacto macroeconómico. Las recientes restricciones llevaron a las consultoras a revisar sus estimaciones de repunte para este año. Ya nadie habla del 8% y ahora se espera un rebote más cerca del 6%. Ese número en realidad corresponde a la mejora del año pasado y básicamente implica que la actividad se mantendrá básicamente “planchada” a lo largo del 2021. “Para el 2022 el PBI crecería no mucho más del 1%, porque no hay inversión para empujar a la economía”, explicó lacónicamente el economista Orlando Ferreres.

Incluso el repunte del dólar financiero de los últimos días se atribuyó al menos en parte a este nuevo escenario. Sucede que el déficit fiscal finalmente sería mayor al esperado, debido a que el Gobierno tendrá que volcar más recursos para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia. No sólo eso: con tarifas congeladas también crecen los subsidios económicos para las empresas de luz, gas y transporte. Sólo en marzo el incremento fue del 56% respecto a un año atrás y la cifra seguirá aumentando ya que los aumentos serían a cuentagotas.

Esto significa por ende que se van a emitir muchos más pesos a lo largo del año. En particular es muy fuerte la expansión de dinero justo en el último trimestre, que coincidirá con las elecciones legislativas. El déficit fiscal ahora se estima que tendrá un piso de 4,5% del PBI, pero también podría llegar a 5%. Demasiado para un país sin acceso al financiamiento y que depende casi exclusivamente del dinero que emita el Central para apagar los incendios.

Ese excedente de pesos, en un momento en donde cae la demanda de dinero y aumenta la incertidumbre, probablemente termine buscando refugio en el dólar. Por eso, el dólar libre saltó 7% en la semana y terminó a $ 152.

Ya no alcanzan con dos ojos que miren la economía y la evolución del COVID-19. Al Presidente le hacen falta otros dos para monitorear la delicada situación social y, como si esto fuera poco, al dólar. Demasiado para un hombre desgastado, que perdió credibilidad luego de un duro 2020, y que debe enfrentar un proceso electoral en medio de fuertes tironeos del kirchnerismo duro y el Instituto Patria.

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