Frenar la inflación con controles: así funciona el semáforo que creó el Gobierno para determinar si las empresas aumentan los precios

Mientras avanza con el armado de una nueva canasta de productos básicos, que deberán permanecer a precio congelado por seis meses, el Gobierno mantiene un férreo control de todos los precios de los alimentos. Incluso de las categorías de productos que fueron deslistados del programa “Precios máximos” y que no deberían -según los pedidos oficiales- registrar porcentajes de aumentos mayores a los autorizados.

Cuando en noviembre 2020, tras una fuerte presión de las empresas por salir del programa de congelamiento, el Gobierno accedió y comenzó a delinear el desarme del plan, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, fueron bien claros: “se irían liberando las categorías de productos que no son básicos, pero la salida debería ser gradual y consensuada”.

En este sentido, el Gobierno le fue informando a las empresas qué porcentaje de suba tenían autorizado para cada rubro. En el caso de las firmas que no tuvieron el pedido de Comercio, directamente la pauta se la marcan las cadenas de supermercados cuando pretenden subir más de lo habilitado. “Tengo autorizado equis por ciento de aumento para esa categoría”, les argumentan desde el retail.

Sin embargo, los deseos oficiales no siempre son órdenes. Y Comercio Interior diseñó un programa que detecta justamente esos “desvíos” en los precios respecto de las subas que estaban autorizadas. Con el sistema de semáforo, saltan en rojo aquellos incrementos -por cadena- que superaron lo permitido; en amarillo los que están apenas desfasados; y en verde los que cumplieron con el pedido, según pudo corroborar Infobae.

El último informe tiene fecha 6 de abril, pero la Secretaría de Comercio se lo manda a todas las cadenas de supermercados mensualmente (desde que comenzó el deslistamiento) y les pide corregir las diferencias. En algunos casos, si bien el desvío en términos de porcentaje puede resultar abultado, en el precio puede significar una diferencia de hasta un peso.

La cartera de Comercio Interior se nutre de los precios de cada ítems que venden los supermercados diariamente a través del programa Precios Claros. De hecho, el propio documento dice que está hecho en base a los valores informados por las propias cadenas. Lo que se ve es que hay un poco de todo: están las firmas que cumplieron con las órdenes -explícitas e implícitas del Gobierno-, pero también hay compañías que aparecen en rojo en todas las cadenas.

Fuentes de la industria reconocieron que algunas empresas intentaron consensuar los incrementos pretendidos con el Gobierno, pero que hubo otras que directamente negociaron con cada cadena “un aumento razonable y un sendero gradual”.

Así lo había pedido Paula Español, pero en diferentes reuniones - con proveedores y con supermercados- transmitió que la salida de “Precios máximos” no había sido responsable. De hecho, en el encuentro el lunes con los CEO de las seis principales cadenas, la funcionaria les pidió no convalidar nuevas listas de precios y que colaboren en la tarea de controlar la inflación.

La molestia del Gobierno también está vinculada con los lanzamientos de productos que hubo en los últimos meses, muchos más de lo habitual, que permiten a las compañías sortear los controles. Parte de la aceleración de la inflación en las categorías que aún no fueron deslistadas tiene que ver con nuevos productos lanzados al mercado, en tanto que también incide lo que sucede en el canal tradicional (almacenes y autoservicios), donde hay mayores remarcaciones debido a la falta de control.

El último índice de inflación de marzo arrojó un aumento de 4,8% -el más alto desde septiembre de 2019- y alimentos y bebidas volvió a jugar un rol clave. Pese a los controles, el Gobierno no logra contener los precios, sino todo lo contrario. Y peor aún: la presión del sector alimenticio por desactivar por completo “Precios máximos” es cada vez mayor frente a la fuerte suba de costos que registran y la brecha que existe con los valores finales.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas acumularon en un año un aumento del 44,8%, frente a una inflación general del 42,6%, precisó en su último informe el Indec. Según remarcan en la industria, con datos del propio organismo estadístico, los alimentos envasados subieron menos que la inflación general, el dólar, las materias primas, los insumos y los salarios.

A modo de ejemplo, en marzo la harina común trepó apenas 3,9% respecto del mismo mes del 2020, mientras que el azúcar lo hizo un 11,6%; los fideos guiseros, 13%; el arroz blanco, 16,2%; el aceite de girasol, 34,4%; el paquete de 500 gramos de yerba, 40,1%; y la leche fresca entera en sachet, 40,5%. Por el contrario, la carne, frutas y verduras subieron más que el IPC general. El kilo de asado, por ejemplo, trepó 93,2% en un año, mientras que la manzana y la naranja lo hicieron 136,4% y 229,1%, respectivamente.

Matías Kulfas y Paula Español le vienen prometiendo a las empresas de consumo masivo que durante este mes entablarían negociaciones para poder finalmente desarticular “Precios máximos”. Pero sería a cambio de otro programa, que es justamente la nueva canasta de productos básicos a precios accesibles (entre 100 y 120 ítems) que el Gobierno busca mantener congelada, en principio, hasta fin de octubre. Al respecto, muchas de las empresas ya enviaron sus propuestas de productos con sus respectivos precios, ya que el objetivo oficial es anunciarlo cuanto antes.

Lo que genera más ruido en el sector es el pedido de la Secretaría de Comercio de que el precio esté impreso en la etiqueta, dijeron a Infobae en la industria.

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