El Gobierno publicará este lunes la extensión del programa Precios Máximos y no incluirá, por el momento, aumentos autorizados a los productos de alimentos y limpieza, entre otros rubros, que tienen sus valores en góndola bajo la órbita de la Secretaría de Comercio. El Poder Ejecutivo, además, analizará en los próximos días cómo continuará el deslistamiento de bienes de ese catálogo.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, tal como se esperaba “Precios Máximos se va a prorrogar hasta el 31 de marzo inclusive”, afirmaron. “Si bien esta resolución rige exclusivamente para los productos de las góndolas de supermercados y comercios minoristas -no incluye a los productos frescos ni a las materias primas-, estamos haciendo un análisis sobre sobre toda la cadena alimenticia”, explicaron.
“Estamos trabajando en un esquema más general junto al Ministerio de Agricultura, quien ya inició negociaciones buscando armonizar los precios de toda la cadena alimenticia. Queremos asegurarnos que el precio internacional, que ha subido de manera reciente, no se traslade a los insumos, y al bolsillo de los argentinos y las argentinas”, apuntó la cartera productiva.
“En el contexto actual es necesario continuar con el congelamiento de precios finales, con algunas revisiones y monitoreos, cuidando particularmente los productos más sensibles y de primera necesidad. Tal como hemos venido haciendo desde los últimos meses de 2020, continuamos con el tratamiento diferenciado de algunos productos que no son de primera necesidad o que se comercializan en algunas versiones premium, donde avanzamos en su exclusión del listado de Precios Máximos”, apuntó Desarrollo Productivo.
La Resolución regirá exclusivamente para productos en las góndolas de supermercados y comercios minoritas y no incluirá productos frescos ni materias primas
Según detallaron a Infobae fuentes oficiales, la resolución que se publicará este lunes no incluirá incrementos autorizados. “En ese sentido, actualmente se está evaluando la situación de algunos productos que no inciden en el consumo diario o que son producidos por muchas pymes para excluirlos del listado”, explicaron. A mediados de enero, la Secretaría de Comercio eliminó del catálogo una serie de bienes no considerados de primera necesidad.
Este domingo se venció el plazo original de vigencia de Precios Máximos, un programa que fue implementado a fines de marzo y que obligó a los supermercados a retrotraer los precios al 6 de marzo, tras una serie de incrementos en las góndolas que había detectado el Poder Ejecutivo con el inicio de las medidas de aislamiento social.
De esta manera, los precios de unos 2.300 productos quedaron congelados durante varios meses. El Gobierno habilitó un primer reajuste de precios en julio y un segundo en octubre, que fueron de hasta 6% en algunos productos. El desarme paulatino de este programa es uno de los reclamos de los empresarios del sector, que aceptaron incorporar más productos a Precios Cuidados a cambio de dejar de mantener fijos algunos precios.
El Gobierno va tras un acuerdo amplio de precios pero advierte por retenciones
Tras el acuerdo con la industria de la carne, el Gobierno apunta a buscar más acuerdos con otras cadenas de valor como el trigo, el girasol o el maíz, que son insumos para la fabricación de alimentos, en medio de la suba de precios de las últimas semanas. Desde el campo aseguran que no hay peligro de desabastecimiento de esos bienes.
La exploración de acuerdos con el sector agrario pasó por varias idas y vueltas en las últimas semanas. Por un lado, el Gobierno puso un freno a las exportaciones de maíz y, tras negociaciones con el sector, terminó por levantar la restricción, con el acuerdo entre el sector privado y el público de monitorear el abastecimiento para el mercado interno. Las mesas del maíz y el trigo se reunieron la semana para debatir sobre la situación de cada sector y sobre lo que, anticipan, serán las discusiones en lo sucesivo con el Gobierno nacional.
Este domingo el presidente de la Cámara Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, aseguró que “el abastecimiento interno del trigo está absolutamente garantizado”. En ese sentido, remarcó que el problema “no es la oferta de trigo sino cual es el precio al cual la molinería puede comercializarlo, ya que está regulado y congelado desde el 10 de marzo del año pasado”, por lo que pidió su actualización para evitar “un colapso” de esa industria.
Este domingo se venció el plazo original de vigencia de Precios Máximos, un programa que fue implementado a fines de marzo y que obligó a los supermercados a congelar precios de 2300 productos.
Por otra parte, negó que el precio de los insumos -que se incrementaron por la suba de las commodities- influya decisivamente en el precio de los alimentos. “La incidencia es cercana al 10%” dijo y agregó que, en realidad, las subas “se deben a altísima carga tributaria y los problemas de logística e intermediación”.”El pan debería valer 100 pesos el kilo en base al valor de la harina de trigo, sin embargo vale casi dos veces más”, sostuvo Idígoras.
El Gobierno salió a asegurar la semana pasada los acuerdos siguen siendo su primera opción, pero no la única. “No quisiéramos tener que aumentar retenciones en un sector como el maíz, porque lo que buscamos es que se venda a precio internacional, porque eso aumenta los incentivos a la producción y a la inversión. Pero tampoco se puede permitir que el shock sea regresivo”, había señalado el ministro de Economía Martín Guzmán.
No queremos que el impacto que tiene en toda la cadena productiva implique que eso se traslade a inflación en otros rubros de la canasta y que entonces una parte grande de la población termine siendo perjudicada y que un sector en particular se beneficie. Sí queremos que este shock sea positivo para la producción pero buscamos que no sea regresivo. Por eso trabajamos en acuerdos, siempre el primer objetivo es poder generar acuerdos”, insistió.
De todas formas, aseguró que el Gobierno se guarda la carta de una suba de retenciones para disociar el precio internacional en alza con los valores para el consumidor. “Quisiéramos no tener que recurrir a la política impositiva pero por supuesto que el Gobierno cuenta con los instrumentos para implementar las políticas que terminen siendo necesarias para asegurar que el shock sea progresivo”, advirtió.
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