“El ministro de Finanzas de la Argentina busca USD 44.000 millones del FMI, sin ajuste de cinturones”. Tal el título de una extensa nota en The Wall Street Journal (WSJ), la publicación especializada en finanzas de más amplia circulación en EEUU. La bajada de la nota aclara además que “la coalición de gobierno enfrenta disensos internos: la izquierdista vicepresidente Cristina Kirchner se opone a recortar el gasto”.
El extenso artículo se basa en una entrevista al ministro de Economía, Martín Guzmán, y contiene varios gráficos que ilustran la inconducta fiscal argentina.
Guzmán dijo que pretende alcanzar en mayo un acuerdo con el FMI y reducir el déficit fiscal, pero sin el tipo de medidas de ajuste que usualmente demanda el Fondo. “Estamos usando las negociaciones como una oportunidad para romper los patrones del pasado”, explicó el ministro a los periodistas del Journal, que recuerda que la Argentina ya incurrió en 9 defaults de deuda soberana y que su PBI se contrajo 10% en 2020.
Una ironía de la situación, dice la nota, es que tanto Guzmán como el presidente Alberto Fernández son de un partido que se la pasó criticando al FMI y achacándole los problemas de la Argentina, y para acordar enfrentan una “formidable oponente dentro de la coalición peronista gobernante que encabeza a los legisladores que se oponen contra las políticas de ajuste el Fondo, la vicepresidente Cristina Kirchner”, a la que el WSJ define como “líder de una facción de izquierda que pide fuerte intervención del Estado y un gasto público que preserve el poder adquisitivo de los trabajadores, una política que marcó sus dos mandatos presidenciales”.
Un arreglo entre el Gobierno y el FMI requerirá la aprobación del Congreso, y como la señora Kirchner preside el Senado, su consentimiento es crucial
Al respecto, cita un tuit en el que la vicepresidente dice que en la Argentina la actividad económica responde a la demanda y que no hay otro modo de estimular la demanda que mediante salarios, jubilaciones y precios accesibles de los alimentos. El WSJ recuerda también la oportunidad en la que, en el Estadio de La Plata, Cristina Kirchner pidió a los ministros y legisladores sin coraje suficiente que “busquen otro laburo”. El artículo resume la encrucijada oficial notando que “un arreglo entre el Gobierno y el FMI requerirá la aprobación del Congreso, y como la señora Kirchner preside el Senado, su consentimiento es crucial”.
“Visión compartida”
Guzmán, sin embargo, negó que Cristina fuera una amenaza al acuerdo. “La coalición trabaja en conjunto y tiene una visión compartida”, les dijo a sus entrevistadores.
El acuerdo de largo plazo que busca el ministro, dice la nota, le permitiría a la Argentina extender los servicios de deuda hasta una década, incluyendo los USD 5.000 millones que debe pagar este año, lo que le daría cierto aire financiero. Pero la Argentina tendrá que recortar el gasto o aumentar los ingresos, insiste el artículo, y menciona planes de Guzmán para reducir el déficit fiscal de 8,5% en 2020 a cerca de 6% en 2021 y bajar la tasa de inflación unos cinco puntos porcentuales por año.
Un aumento de los ingresos fiscales le permitiría al gobierno depender menos de la emisión de dinero, que alimenta la inflación y hace cada vez más pesadas las deudas en dólares. La inflación fue de 36% en 2020 y los economistas –cita el Journal- son escépticos sobre la posibilidad de que la Argentina pueda generar más ingresos y que es necesario dejar de lado los subsidios que el año pasado alcanzaron el 2,3% del PBI.
En cambio, prosigue el artículo, la señora Kirchner tiene el ojo puesto en las elecciones de octubre, en las que los votantes podrían castigar al peronismo si un acuerdo con el FMI lleva a un aumento de las tarifas de los servicios públicos. La base electoral de la vicepresidente, explica, habita los cinturones pobres y densamente poblados en torno de ciudades como Buenos Aires, donde se observa un aumento de los comedores comunitarios y la pobreza llegó al 45 por ciento.
Al respecto, el medio señala que según las encuestas los argentinos están cada vez más insatisfechos con el gobierno de Alberto Fernández, han soportado una de las cuarentenas más largas del mundo, tras una década de alta inflación y tres años de recesión. Cita dos testimonios al respecto. El primero es el de Graciela Báez, una pequeña comerciante de 58 años, cuyos ingresos cayeron más de 50% en 2020, ya recortó su consumo de carne y le preocupa que un acuerdo con el Fondo haga la cosas aún más difíciles. “No creo que sacrifiquen a la gente que los votó, todos se les opondrían, sería caótico”, advierte. El otro es el de Marta Maturano, que trabaja en un comedor comunitario, se queja del aumento del precio de los alimentos y denuncia las penurias de la gente de su barrio: “Vivimos al día”, dice.
La nota recuerda que la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo que el Fondo esperará todo el tiempo que sea necesario para que la Argentina defina sus objetivos de mediano plazo. Y cita a tres economistas. El primero, el financista Mohamed El-Erian, asesor del poderoso fondo de inversión Allianz SE y presidente del la Universidad Queens, en Cambridge. El segundo es Héctor Torres, exrepresentante argentino en el directorio del Fondo, para quien “no está claro que la coalición de gobierno tenga un plan para el país” pero sí que “tiene un plan para retener el poder”. El tercero es Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato di Tella, quien cree probable que la facción de Cristina Kirchner frustre cualquier acuerdo con el Fondo que socave sus posibilidades de retener control peronista de la Cámara Baja del Congreso. “Son extremadamente influyentes”, dice de ese grupo, y probablemente detengan cualquier medida fiscal que crean que choque contra su objetivo político”.
No está claro que la coalición de gobierno tenga un plan para el país pero sí que tiene un plan para retener el poder (Héctor Torres)
Para enmarcar la situación, el Journal recuerda a sus lectores que la Argentina ya acordó con sus acreedores privados la restructuración de USD 65.000 millones, pero necesita acordar con el Fondo para poder acceder al mercado internacional de capitales, como lo hacen sus pares regionales, “de los que la Argentina se aisló cada vez más”. De resultas, los argentinos se refugiaron en la “seguridad” del dólar secando en USD 1.500 millones las reservas del BCRA. En consecuencia, el precio de los bonos argentinos colapsó, debido al fracaso del gobierno en definir un plan de estabilización y de repago futuro de la deuda. El Banco Central transmitió esa sequía las empresas privadas, a las que niega divisas para pagar deudas e importaciones. Entre los damnificados está YPF, que busca restructurar más de USD 6.000 millones de deuda para evitar su primer default.
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