El Gobierno apuesta a acuerdos para frenar los precios de los alimentos, pero no excluye subir las retenciones

La aspiración oficial es que no haya más aumentos en las góndolas. Las carnes son el primer objetivo. “No quisiéramos tener que aumentar retenciones en un sector como el maíz, pero tampoco se puede permitir que el shock sea regresivo”, dijo Guzmán en el Chaco

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Tras el conflicto por el freno a las exportaciones de maíz, el Gobierno busca acuerdos para evitar una escalada mayor de precios en los alimentos.
Tras el conflicto por el freno a las exportaciones de maíz, el Gobierno busca acuerdos para evitar una escalada mayor de precios en los alimentos.

La escalada en los precios de los alimentos de las últimas semanas preocupa al Gobierno, que busca acelerar acuerdos con el sector privado para frenar la tendencia. En ese contexto, el Poder Ejecutivo advirtió que tiene sobre la mesa la posibilidad de subir las retenciones a las exportaciones para evitar que la suba de los precios internacionales de las commodities impacte en las góndolas.

Uno de los temas de discusión en la última reunión de gabinete económico, el jueves pasado, fue la aceleración de precios, especialmente ntre los alimentos frescos, que están fuera del alcance de otros esquemas vigentes como Precios Cuidados. El encargado de exponer fue el ministro de Agricultura Luis Basterra, quien dijo que “estamos explorando todas las posibilidades para que sea por consenso, por acuerdos, que alcancemos esos instrumentos para que la población acceda a los alimentos”.

El diagnóstico oficial es que el aumento de los precios de los commodities está relacionado con la dinámica que impuso la pandemia: aumentó la demanda de alimentos a nivel mundial y eso presionó sobre la inflación a nivel global y en los valores internacionales de esos bienes. “Para Argentina puede ser una oportunidad, pero queremos que ese shock no sea regresivo”, dijo el viernes el ministro de Economía Martín Guzmán en Chaco.

El inicio del 2021 encontró al Gobierno tratando de cerrar la tenaza sobre la formación de precios internos apoyándose en distintas medidas. Por un lado, amplió Precios Cuidados, que pasó de 400 a más de 600 productos. Por otro, extenderá el otro esquema que implementó al inicio de la pandemia, Precios Máximos, que a diferencia del anterior, no es voluntario, y mantiene congelados los valores de distintos rubros esenciales como alimentos y limpieza. La promesa de la Secretaría de Comercio fue deslistar progresivamente ese programa mientras se reforzaba Precios Cuidados. En los próximos días decidirá si libera más productos y permite o no un reajuste de precios.

El Poder Ejecutivo advirtió que tiene sobre la mesa la posibilidad de subir las retenciones a las exportaciones para evitar que la suba de los precios internacionales de las commodities impacte en las góndolas.

Por otro lado, el Gobierno sentó en distintas mesas de negociación a actores de la cadena de valor de los alimentos para conseguir acuerdos particulares. El más anunciado fue el de la carne. Desarrollo Productivo convocó al consorcio de frigoríficos ABC, que representa al 80% de las exportaciones y piensa dialogar con Coto para impulsar un acuerdo de precios de una docena de cortes con un esquema similar al de Precios Cuidados: valores acordados y ajustes periódicos, cada tres o cuatro meses.

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas afirmó en ese sentido que “la semana que viene tendremos novedades sobre una especie de canasta para comercializar cortes de carne a precios populares”, dijo en declaraciones a AM750. “Estamos muy cerquita de tener un acuerdo por ese tema”, afirmó el funcionario y anticipó que se trata de “una especie de canasta para comercializar algunos cortes a precios mucho más bajos” y “retrotraer el aumento que se dio sobre todo entre noviembre y diciembre”.

Al mismo tiempo, firmó un acuerdo con la cámara aceitera para llevar adelante un mecanismo que “contenga” subas de precios de aceites, prevé un mecanismo financiero para que la cámara conforme un fideicomiso “que permita asegurar un precio accesible del aceite de consumo familiar y, al mismo tiempo, compensar a los productores aceiteros que abastecen el mercado interno”, explicaron desde Producción.

La semana pasada empresarios panaderos pasaron por la Secretaría de Comercio. Las cámaras acordaron elaborar y enviar a los funcionarios un informe sobre su estructura de costos. El presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, Miguel Di Betta, había asegurado que el pan podría subir en los próximos días entre un 10 y 15% como consecuencia del aumento del precio de la harina, las grasas y la margarina, entre otros insumos.

Luis Basterra, ministro de Agricultura, afirmó que el Gobierno busca opciones para evitar más aumentos de precios en los alimentos.
Luis Basterra, ministro de Agricultura, afirmó que el Gobierno busca opciones para evitar más aumentos de precios en los alimentos.

Las consultoras midieron en las últimas semanas una aceleración de precios de alimentos que alertó al Gobierno. “El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 4,4% y 4,6% medida en el acumulado de las últimas 4 semanas. Estos niveles de precios dejan un arrastre para el resto de enero de 4,9%”, explicó un informe de la consultora LCG.

El Gobierno salió a asegurar entre jueves y viernes que los acuerdos siguen siendo su primera opción, pero no la única. “Hay muy buena voluntad de los actores del sector agropecuario y el rol del consejo agroindustrial de congregar sectorialmente a todos los actores de la cadena, y eso nos da la oportunidad de garantizar los alimentos para todos”, dijo Basterra al terminar la reunión de gabinete económico.

Un día después ante estudiantes de economía en la Universidad Nacional del Nordeste, Guzmán señaló: “No quisiéramos tener que aumentar retenciones en un sector como el maíz, porque lo que buscamos es que se venda a precio internacional, porque eso aumenta los incentivos a la producción y a la inversión. Pero tampoco se puede permitir que el shock sea regresivo”.

“No queremos que el impacto que tiene en toda la cadena productiva implique que eso se traslade a inflación en otros rubros de la canasta y que entonces una parte grande de la población termine siendo perjudicada y que un sector en particular se beneficie. Sí queremos que este shock sea positivo para la producción pero buscamos que no sea regresivo. Por eso trabajamos en acuerdos, siempre el primer objetivo es poder generar acuerdos”, insistió.

El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 4,4% y 4,6% medida en el acumulado de las últimas 4 semanas, afirmó un reporte de la consultora LCG.

De todas formas, aseguró que el Gobierno se guarda la carta de una suba de retenciones para disociar el precio internacional en alza con los valores para el consumidor. “Quisiéramos no tener que recurrir a la política impositiva pero por supuesto que el Gobierno cuenta con los instrumentos para implementar las políticas que terminen siendo necesarias para asegurar que el shock sea progresivo”, advirtió.

El maíz y el trigo, dos insumos decisivos para la cadena alimentaria, pagan actualmente 12% de derechos de exportación. En los últimos años los dos commodities tuvieron distintas modificaciones en su régimen impositivo para el comercio exterior. Entre 2002 y fines de 2015 el maíz un 20% de tributo, salvo durante los meses en que duró el esquema de retenciones móviles, cuando llegaron a superar el 26%. El trigo, entre 2009 y 2015 abonó 23%.

Durante los primeros tres años de gobierno de Mauricio Macri el maíz y el trigo fueron beneficiados con un régimen de retenciones 0%, hasta que tras las sucesivas crisis cambiarias y la necesidad de ajuste fiscal que impuso el programa financiero con el Fondo Monetario Internacional, a fines de 2018 el macrismo implementó un sistema de retenciones que implicaba una doble alternativa: o pagaba 12% o 4 pesos por dólar exportado. De esas dos, la opción más beneficiosa p ara el productor. Con el regreso del kirchnerismo al poder, el Gobierno de Alberto Fernández eliminó esa alternativa “pesificada” y dejó vigentes las alícuotas de 12%.

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