Récord de juicios: por qué la Argentina es uno de los países más demandados en tribunales internacionales

Cuando miran los reclamos ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversión (Ciadi), los funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro podrían decir, “a este paso, nos vamos a convertir en Argentina”.

Es que, con 56 casos entre concluidos y pendientes, la Argentina es el país más demandado en el Ciadi, seguido de cerca por Venezuela, con 49. Les sigue un pelotón de países en el que se cuentan España, Egipto, Perú y México, y otro, más rezagado y apretado e integrado por Hungría, Ecuador, Kazakstán y Croacia.

El ranking viene a colación de la tendencia argentina a enredarse en conflictos comerciales, de crédito o de inversión -como el que ahora insinúa la decisión del gobierno de impulsar la expropiación de la agroexportadora Vicentin- por su tendencia a cambiar reglas, alterar contratos, circunvalar leyes o incumplir créditos.

Ese historial se refleja en 9 defaults en los últimos 200 años y en el hecho de que, según precisa un trabajo de Research for Traders, del economista Sebastián Maril, en lo que va del siglo el país lleva pagados USD 16.538 millones en indemnizaciones y compensaciones en fallos o arbitrajes de distinto tipo por expropiaciones, pesificaciones y defaults y tiene demandas pendientes demandas por otros USD 8755 millones.

Los 16.538 millones surgen de sumar USD 9.300 millones pagados a raíz de un fallo de 2014 la Corte de Nueva York, del difunto juez Thomas Griesa, pagado en 2016 por el gobierno de Macri, los 5.800 millones en “Valor Presente Neto” que el país pagó por la expropiación YPF -que el hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof negoció pagar en bonos a diez años de los que como ministro sólo abonó la primera cuota- USD 1.200 millones pagados por fallos arbitrales adversos en cinco reclamos ante el Ciadi y USD 238 millones de una demanda ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por su sigla en inglés).

De los casos pendientes ante la justicia de EEUU los dos más pesados conciernen reclamos por la expropiación de YPF. A eso se suman 13 casos comerciales ante el Ciadi, en distintas etapas, por USD 2.143 millones, y una demanda de varios fondos de inversión ante la justicia londinense por USD 714 millones a raíz del “Cupón PBI” del canje 2005. Hay, por supuesto, varias demandas más, ante tribunales alemanes y ante el Tribunal de Naciones Unidas, que aportan a la yapa de USD 8.755 millones que precisa el estudio de Research for Traders.

Una ironía de los reclamos por YPF es que provienen de los derechos de minorías que al momento de la expropiación tenían, respectivamente, 25% y 3% de las acciones de una empresa que hoy vale mucho menos de lo que se pagó por la mitad de ella y muchísimo menos de lo que podrían terminar costándole al país los reclamos en manos de fondo buitre Burford Capital: unos USD 12.000 millones. Cuestión que será decidida por Loretta Preska, la jueza que sucedió a Griesa en el distrito sur de Manhattan.

Los entretelones de los juicios de deuda incluyeron, por caso, la retención, a fines de 2012 en el puerto de Tema, en Ghana, de la Fragata Libertad, el buque-escuela de la Armada Argentina, a instancias de reclamos judiciales del fondo buitre NML, de Paul Singer. Tras más de dos meses, la nave fue liberada luego de un fallo del Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo. Pero años después Humberto Grondona, hijo del legendario y polémico Julio Grondona, fallecido en 2014, contó que su padre, entonces vicepresidente y tesorero de la FIFA, había mediado en el asunto haciendo levantar una sanción que la Confederación Africana de Fútbol tenía sobre la selección ghanesa, a cambio de la liberación de la nave.

En enero de 2013 la Fragata fue recibida con bombos y platillos en el puerto de Mar del Plata. La entonces presidenta Cristina Kirchner encabezó la recepción y en un encendido discurso citó a San Martín y fustigó a los fondos-buitre con palabras que vale recordar a propósito de la actual negociación de la deuda. “Los buitres -explicó- son aves que comienzan a volar sobre los muertos para comer la carroña. ¿Qué hacen? Sobrevuelan los países endeudados y en default”.

“Diferencias de Inversión”

La catarata de demandas ante el Ciadi, en cambio, se originó en el cambio de contratos que aparejó la salida del uno-a-uno de la convertibilidad, y luego siguió. Como muestra el ranking, encabezados por la Argentina, 10 países, con 290 casos, explican el 39% de las demandas registradas en la historia de ese foro del Banco Mundial, el más activo en casos amparados por Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs). Otros son el ya mencionado Uncitral y la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, creada en 1919, al fin de la primera Guerra Mundial.

El Ciadi abarca 180 países y es el foro primario de centenares de TBIs. Fue creado en 1966, pero ganó protagonismo en las últimas décadas, a medida que los flujos de inversión extranjera impulsaron la firma de TBIs. Los países emisores buscaron así resguardar intereses de sus empresas y los receptores, atraer más inversión al aceptar la jurisdicción de un Foro al que –agotadas las instancias locales- los inversores pudieran llevar sus reclamos.

Por eso, entre los países con mayor número de TBIs registrados ante el Ciadi se cuentan potencias históricas como Alemania (160), Reino Unido (117), Francia (113), Holanda (110) e Italia (100) y países hambrientos de inversión como República Checa (113), Croacia (66), Rusia (64), Chile (55) y Argentina (58). Un caso llamativo: Cuba, que firmó 51 TBIs para atraer inversiones de turismo y hotelería con el objeto de insuflar inversión turística y hotelera a una economía desolada por 60 años de “revolución”.

Casos particulares son EEUU, que tiene “sólo” 58, por su tendencia a arreglar las cosas mano a mano, China que tiene 128 (empezó a acordarlos como receptor neto de inversión y los mantiene desde el bando de los emisores), y Brasil, que hasta principios del siglo XXI no tenía ninguno, pero a partir del gobierno de Lula da Silva firmó 14, en respaldo de la internacionalización de sus empresas.

La Argentina firmó gran parte de sus TBIs en los 90s, durante el gobierno de Menem, pero el kirchnerismo nunca los denunció ni renunció a la jurisdicción del Ciadi, que tiene una suerte de “ultraactividad” de diez años: si el entonces gobierno de Néstor Kirchner lo hubiera hecho en 2003 su jurisdicción habría caducado en 2013.

Pero el problema no es el foro, sino el mal hábito de motivar tantos reclamos.

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