En los primeros 5 meses del año jubilaciones, subsidios y deuda explicaron dos tercios del gasto público

En los primeros cinco meses del año, el gasto público nacional sumó $ 2.552.134 millones (redondeando, $ 2,6 billones), según un informe de ejecución presupuestaria actualizado el viernes pasado en la página de “Presupuesto Abierto” del ministerio de Economía.

De ese total, el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del que depende la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), canalizó $ 1.220.052 millones, equivalentes al 47,81% del gasto ejecutado, a través de organismos como la Anses, por el pago de jubilaciones, programas preexistentes, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a distintos programas de ayuda que el gobierno fue agregando a raíz de los efectos de la pandemia de coronavirus y la cuarentena sobre la actividad económica y la generación de ingresos, como el Ingreso Familiar de Emergencia, que en abril alcanzó a 8,7 millones de personas y en mayo alcanzará, según informó el gobierno, a 9 millones.

De hecho, un cable de la agencia oficial Télam precisa que el pago de “Jubilaciones y/o retiros” absorbió $ 637.874 millones y las “Ayudas Sociales a Personas” $ 394.383 millones.

El segundo ítem en la clasificación oficial por Jurisdicción (ver Gráfico) fueron los pagos de Deuda Pública, tanto en pesos como en dólares, que por un total de $ 281.109 millones absorbieron 11,01% del gasto ejecutado hasta fines de mayo.

A su vez, el ministerio de Desarrollo Productivo, que administra el principal programa oficial de ayuda a empresas a raíz de la recesión causada por la pandemia y la cuarentena, ejecutó gastos por $ 212.524,4 millones, equivalente al 8,32% del gasto de los primeros cinco meses del año.

Esas tres jurisdicciones absorbieron así poco más de dos tercios (exactamente, 67,15 %) del gasto del gobierno nacional en el período, y si se suman los siguientes dos ítems o Agencias (Obligaciones a cargo del Tesoro y Ministerio de Educación) se llega al 77% del total del período.

Destinos

Un análisis por destino de las erogaciones de Télam precisa además que “apenas ocho de los 718 destinos de gastos comprendidos en el presupuesto nacional” equivalen al 70,17% del gasto ejecutado hasta el 1 de junio.

“A diferencia de las provincias, la mayor parte del gasto del Estado nacional no se destina a salarios, sino al pago de jubilaciones y pensiones, así como a gastos sociales”, señaló Ariel Melamud, director de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), citado por Telam.

Sucede que si bien las jubilaciones y pensiones están identificadas con una línea especial, las transferencias al sector privado como “Ayudas Sociales”, tienen muchos componentes no detallados en el informe de ejecución, como pagos de los programas IFE y ATP y también la tarjeta alimentaria.

Los pagos de deuda, a su vez, se discriminan entre aquellos realizados en moneda nacional ($ 116.109,4 millones), en moneda extranjera (por un equivalente a $ 79.508,5 millones) y a intereses de créditos de organismos internacionales $ 67.229,7 millones). Esto no incluye la postergación del pago de amortizaciones o intereses de deuda en proceso de reestructuración. }

Otros gastos

Otros rubros de peso son diferentes subsidios dentro de la Jurisdicción "Obligaciones a cargo del Tesoro, el más grande de los cuales, con $ 95.000 millones, es el destinado a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que enjuga subsidios al consumo de electricidad y deudas de distintas distribuidoras de energía de todo el país a las compañías generadoras.

También es interesante ver cómo ciertos ministerios tienen a su cargo agencias de un presupuesto mucho mayor al del vértice decisorio. Así, por ejemplo, el ministerio de Seguridad gastó de modo directo $ 2.197 millones, pero tiene bajo su órbita Gendarmería Nacional ($ 20.301 millones), la Policía Federal ($ 12.173 millones), la Prefectura Naval ($ 11.732 millones) y otras “Entidades que dependen directamente del Ministerio”, por $ 34.198 millones.

En los primeros meses del año, el rubro más afectado por el crecimiento del gasto social y las ayudas estatales a partir de la pandemia de coronavirus fue el de la obra pública, que el gobierno se propone reactivar en los próximos meses.

Un informe publicado este viernes por la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo una “Síntesis de las principales medidas económico-fiscales adoptadas en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19, actualizadas al 5 de junio”. El informe destaca el tipo de impacto (aumento de gasto o disminución de ingresos) que tuvieron y el tiempo de vigencia de cada medida.

Por ejemplo, el decreto 300, de disminución del 95% de la alícuota de las contribuciones patronales de empleadores y la disminución del impuesto al cheque para las empresas del sector sanitario impactó reduciendo los ingresos fiscales durante abril y mayo y lo seguirá haciendo durante junio. En tanto el DNU 332, que creó el programa ATP, implicó tanto reducción de ingresos como aumento del gasto.

En total, los aumentos de gasto suman $ 473.018 millones, equivalentes a 1,7% del PBI.

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