Se estrechan los plazos y los acreedores muestran los dientes: cómo sigue la negociación de la deuda

Después de extender hasta el 2 de junio el plazo para renegociar los USD 66.000 millones de títulos de deuda emitidos bajo legislación extranjera, el Gobierno siguió conversando el fin de semana -y lo seguirá haciendo- con los acreedores en busca de un acuerdo. Infobae hizo un repaso de la saga aún en desarrollo para intentar evitar un default abierto y definitivo.

Argentina incumplió un pago y entró en default

Argentina incumplió el viernes 22 el pago de 503 millones de dólares en intereses de bonos, lo que dejó al país a las puertas de su noveno default en historia de Nación independiente. Ocurrió en medio de una compleja negociación con acreedores. Según el Director de Research for Traders y especialista en deuda Sebastian Maril, se trata de un default controlado. Es decir, una reestructuración anticipada y negociada con buena fe para evitar la cesación de pagos.

Sin embargo, la asociación que agrupa a los traders de los mercados emergentes (EMTA) ya declaró que los bonos soberanos deberían cotizar “flat”, como reflejo del default. Tampoco la Calificadora de riesgo Moody’s y la revista The Economist agregaron adjetivos al sustantivo de “default”.

Según precisó una fuente oficial a Infobae, la semana próxima habrá una notificación del trustee (agente fiduciario) de los bonos a los tenedores avisando del incumplimiento en el pago dentro de los plazos previstos en el prospecto del título, tal como se procedió en el caso de la provincia de Buenos Aires. Como este lunes es feriado, la comunicación se hará seguramente el martes 26.

El Gobierno y los acreedores coincidieron en remarcar que como las partes están negociando esta falta de pago no sería en principio de gravedad si puede ser enmendada rápidamente mediante un acuerdo de canje en el corto plazo.

El plazo para negociar

El Ministerio de Economía oficializó la extensión hasta el 2 de junio próximo, del plazo para renegociar los USD 66.000 millones de títulos de deuda emitidos bajo legislación extranjera, con el objetivo de continuar el diálogo. Fue a través de la Resolución 243/2020 publicada en el Boletín Oficial, que prorrogó también la fecha de anuncio de los resultados de la Invitación a canjear para el 3 de junio.

La normativa destacó que el Ministerio está analizando sugerencias con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera por lo que, “en este contexto, se considera necesario realizar una nueva extensión para continuar las discusiones y propiciar un marco adecuado para que los inversores continúen contribuyendo a una reestructuración exitosa”.

El plazo previo para que los tenedores informen si aceptaban entrar al canje de deuda estaba previsto para el viernes 22 a las 17 horas de Nueva York (18 de la Argentina).

Esta segunda ampliación, en la que el resultado de la negociación se difundiría el 3 de junio y la liquidación de los nuevos títulos se realizaría el 8 de junio, probablemente sea seguida de una tercera, tal como se define en el Suplemento del Prospecto de canje.

Toma y daca, ofertas y contraofertas

En las conversaciones del fin de semana hubo acercamiento, pero las diferencias siguen siendo importantes. En términos de “Valor Presente”, la Argentina mejoró su oferta a unos 40 centavos por dólar de deuda a restructurar y el acreedor de mayor peso y más exigente, BlackRock habría disminuido sus pretensiones de 60 a entre 53 y 55 centavos.

Para los observadores no especializados, esta reducción puede parecer altamente abstracta, que se hace más clara si se revisa el punto de partida de cada uno, como hizo Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea. La oferta original elaborada por el ministro Guzmán y que fue rechazada por aproximadamente el 85% de los acreedores, implicaba que entre los años 2020 y 2025 (plazo en que los vencimientos, según la estructura actual de la deuda, suman USD 37.600 millones), la Argentina pagaría USD 2.100 millones, despejando casi por completo el período de gestión presidencial de Alberto Fernández. La primera contrapropuesta de BlackRock difiere en nada menos que USD 10.500 millones con la pretensión oficial, pues implica un flujo de pagos de USD 12.600 millones entre 2020 y 2025 y, además, reduce de tres años a uno el período de gracia que pretendía el gobierno. En abstracto, esas diferencias se achicaron este fin de semana, pero la brecha es todavía muy grande.

Por otra parte, a los acreedores les molestó que Guzmán dijera que habían renunciado expresamente a la posibilidad de pedir una “aceleración” y declaración por el impago de los USD 503 millones del 22 de mayo, porque sus obligaciones fiduciarias les prohíben hacer ese tipo de compromiso. Sí, aclararon, consideraron razonable no reclamar ese dinero en la medida que está incluido en el menú que se sigue negociando

“Las negociaciones continúan por un sendero que consideramos positivo. Mi visión es que estamos experimentando un mayor entendimiento mutuo entre las dos partes”, dijo el viernes Guzmán a la agencia Reuters. "Aún hay una importante distancia que cubrir, pero todas las partes están a la mesa para encontrar una solución. Para Argentina, es la esencia que el acuerdo esté alineado con la capacidad de pago del país” fueron las últimas palabras que pronunció públicamente antes de la maratón de videoconferencias del fin de semana, en las que fue secundado por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y el director ejecutivo por la Argentina en el FMI, Sergio Chodos.

Acreedores con la guardia en alto

Sin embargo los tres comités de acreedores -Ad Hoc, Comité de Acreedores y el Argentina Exchange Bondholders- no están aún convencidos de que Guzmán haya modificado su estrategia y vuelva a realizar una oferta que, aunque superior a la inicial, siga siendo unilateral -es decir, no acordada previamente- y por lo tanto expuesta a un masivo rechazo.

Antes de los encuentros virtuales del fin de semana, el grupo Ad Hoc, que lidera el fondo Blackrock, había dicho mediante un comunicado que "durante el último mes, la Argentina no ha tenido prácticamente ninguna comunicación sustancial con sus acreedores”. El fin de semana, en cambio, el Exchange Bondholders Group, informó que había acordado un compromiso de confidencialidad con el Gobierno, que seguramente -especulaba- había hecho lo propio con los otros dos comités.

Por eso, mientras conversan, los acreedores ya encargaron a sus estudios de abogados tener toda la artillería litigiosa lista para presentarla en Nueva York si las conversaciones no llegan a buen puerto. “Las acciones hablan más que las palabras”, dijeron desde un Comité, concepto que vale tanto para los arreglos voluntarios como para los demandas judiciales.

La posición de Alberto Fernández

El Presidente aseguró que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos”, pero también que quiere alcanzar un arreglo “sin que eso signifique una nueva postergación de nuestro pueblo”. Resta ver cuán elásticas son esas palabras para laudar -o no- aquella diferencia de USD 10.500 millones entre la oferta inicial de Guzmán y la primera contrapropuesta de BlackRock que para el flujo total de pagos durante todo el período que abarca la restructuración se estira a USD 23.300 millones, entre los USD 18.300 millones implícitos en la oferta argentina y los USD 41.600 millones de la contrapropuesta acreedora.

Lo cierto es que se avecinan días de tensión, que pondrán nuevamente a prueba la cotización de los bonos argentinos (y su contracara, el riesgo-país), las reservas del Banco Central y la cotización de los dólares “alternativos”, en particular, el “blue”.

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