Hace 22 años que Marcelo Olivos, titular de una Pyme unipersonal registrada ante la AFIP, administra el “Complejo Splash”, un predio del club Chacarita Juniors cuyo corazón es una inmensa pileta de natación, una de las más grandes de Buenos Aires, de 1.400.000 litros.
Marcelo tiene 10 empleados directos, pero de las actividades en Splash –ubicada en Teodoro García, entre Álvarez Thomas y Giribone, en Colegiales- viven más de 60 personas si se suman las decenas de profesores y escuelas de natación, danza, yoga, gimnasia acuática, buceo, rehabilitación, zumba, entre otras- que convocan allí a sus alumnos, amén de proveedores de servicios de reparación y mantenimiento de calderas y limpieza de pileta y administración del cloro.
Los fines de semana, además, se celebraban cumpleaños, clases de stretching y gimnasia funcional, talleres de patín, roller y teatro para chicos. En suma, Splash es también un centro socio-cultural.
“Asisten muchas instituciones que trabajan con personas con capacidades diferentes, somos una pileta inclusiva”, cuenta Marcelo. De los más de 2.000 concurrentes semanales –precisa- cerca de 600 eran adultos mayores, el grupo etario más vulnerable al coronavirus.
A Splash asistían muchas instituciones que trabajan con personas con capacidades diferentes y cerca de 600 de sus 2000 concurrentes semanales eran adultos mayores, el grupo etario más vulnerable al coronavirus
Hoy la pileta está vacía. Desde el 17 de marzo Splash no recibe a nadie ni sabe cuándo podrá reabrir. Olivos pudo pagar el 70% de los sueldos de marzo y está gestionando créditos para completar el mes. A diferencia de las grandes cadenas -que tienen parte de su clientela en planes anuales- los gimnasios, clubes y piletas barriales se manejan mes a mes o incluso quincena a quincena.
Los ingresos de Splash hoy son cero. Así y todo, lo que más preocupa a Olivos es el día después, cuando –eventualmente- reabra, si es que la pandemia no destruye en meses lo que le llevó 22 años construir; una comunidad de socios de los cuales, dice, 30% concurrían desde 1998. De los empleados actuales, dice, también 30% está desde ese año.
Cuentas a pagar
El normal funcionamiento de Splash demanda una tremenda cuenta de servicios: $ 350.000 mensuales a Metrogas (climatizar 1.400.000 litros no es poca cosa), $ 90.000 a Edenor, más de 110.000 a Aysa y más de $ 60.000 de ABL. Además, claro, del pago al personal, las cargas sociales y la cuota mensual a Chacarita. La pileta vacía reduce el grueso de esos costos enormemente, pero incluso surfeando la tremenda crisis por la pandemia, dice Olivos, está “el día después”.
Cuando eventualmente reabra, se pregunta, ¿cuánto tiempo pasará hasta recobrar una actividad comparable a la que tenía antes del coronavirus? Porque los costos de mantener la pileta son los mismos si asisten diez, cien o dos mil personas. La gente estará traumatizada, temerosa de compartir vestuarios, el agua. Ni hablar de los más grandes –más de un cuarto de los habitués históricos de Splash- cuya cuarentena podría prolongarse aún más.
El personal está preocupado por cobrar los sueldos, pero mucho más teme quedar sin trabajo, dice Olivos, ocupado a full en gestiones crediticias. Es cliente de bancos de la zona, tiene los papeles al día, presentó todo lo que piden y espera respuestas en tres frentes: 1) precalificación para crédito bancario (“complicada, porque analizan presunción de rentabilidad futura”, dice), 2) línea oficial al 24% anual a pymes para pago de salarios; y 3) la AFIP, ante la cual ya se anotó y dio los CBU para pago directo de los salarios de abril hasta el equivalente a un salario mínimo por empleado. Su prioridad es resolver los sueldos del personal, que hasta ahora afrontó con crédito y descuento de cheques, a una tasa de hasta 1,5% diario. “Las pymes no tenemos ahorros”, explica.
E insiste con el día después. Las empresas no están cortando los servicios, pero ¿qué pasará después? Recobrar la actividad normal llevará meses y quién sabe si Metrogas –su principal “socio”- y otros proveedores de servicios públicos darán planes de financiación. “En cualquier factura de servicios hay entre 43 y 50% de impuestos, así que ahí el Estado podría intervenir”, dice Olivos.
Los gimnasios, piletas y clubes de barrio no tienen los recursos de las grandes cadenas y solo dependen de sus ingresos mensuales, pero atienden con inserción y empatía comunitaria al 60% de las personas que realizan actividades físicas y recreativas a puertas cerradas. “Sin algún plan para el día después –cierra Olivos- los clubes de barrio podrían desaparecer”.
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