Sampó: “El narcotráfico en Argentina está vinculado a clanes familiares”

Preocupada por el avance de una importante organización narcocriminal brasileña y alto nivel del consumo de drogas en el país, la investigadora de la Universidad de La Plata analiza los principales factores de riesgo en materia de seguridad pública.

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“La estructura de la criminalidad organizada en la Argentina, y del narcotráfico en particular, está muy vinculada a clanes familiares, conformados por redes muy pequeñas”, asegura Carolina Sampó, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado (Cecot) del prestigioso Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La especialista aclara: “La particularidad de estos grupos es que no existe una división de tareas entre los distintos clanes, sino que todos ellos están en los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico y se vinculan a través de familiares que están asentados en Paraguay, en Bolivia o en las fronteras”.

En Argentina, el negocio del
En Argentina, el negocio del narcotráfico está ligado a clanes familiares: ‘Los Monos’ son un ejemplo de esto. Foto: Archivo DEF.

“Argentina es un mercado consumidor de cocaína muy importante”, puntualiza Sampó, quien recuerda que “de acuerdo con las estadísticas, el 1,9 por ciento de la población de entre 15 y 65 años consumió cocaína en el último año, una tasa equiparable con la de países como España, Gran Bretaña o Brasil”. Siguiendo las estadísticas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), otro dato preocupante es que el consumo de cocaína alguna vez en la vida se triplicó en los niños y adolescentes de 12 a 17 años entre 2010 y 2017. Al respecto, citando las palabras del subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad, Martín Verrier, la coordinadora del Cecot añade: “La demanda se genera también a partir de la oferta; es decir, si se sobreoferta cocaína y se presiona sobre el mercado, probablemente se logre una expansión del mercado y, en consecuencia, se incremente el consumo, lo cual tiene que preocuparnos como Estado, porque se trata de un problema de salud pública”.

-¿Se observa algún tipo de penetración extranjera en el negocio del narcotráfico local? ¿Hay algún peligro de que esto suceda?

-El peligro existe siempre, pero no hay evidencia reciente del desembarco de grandes carteles internacionales. La amenaza más cercana está representada por el Primeiro Comando da Capital (PCC), que es, hoy por hoy, una organización criminal muy poderosa en Brasil e hizo un desembarco muy fuerte en Paraguay, país al que utiliza como base logística. El PCC también desembarcó en Bolivia desde la frontera, utilizando una estrategia muy parecida. Hay evidencia empírica de que intentó penetrar en Misiones, pero esos intentos de desembarco han sido hasta ahora infructuosos.

La organización narcocriminal brasileña PCC
La organización narcocriminal brasileña PCC ya actúa fuera de Brasil. Foto: Archivo DEF.

-¿Cómo opera el PCC en el negocio del narcotráfico?

-El PCC maneja la ruta de salida de la cocaína peruana y boliviana por el puerto de Santos. La situación podría complicarse si ellos ven restringida esa salida por el puerto y empiezan a buscar rutas alternativas. Hoy están protagonizando una guerra interna dentro de Brasil y, si bien no han conseguido una hegemonía sobre todo el territorio del país, están presentes en los 27 estados y pelean por el control de la ruta norte de la cocaína, que va desde la frontera con Colombia y Perú y atraviesa el río Solimoes hasta salir por el norte y nordeste de Brasil. Las disputas que se observan en Brasil responden a la lógica de la lucha por esta nueva ruta de la cocaína. Si esa ruta se trunca y la salida a través de Santos se torna más vigilada, Montevideo y Buenos Aires se convertirán en puertos estratégicos, a través de la Hidrovía. Entonces, en términos internacionales, considero que la amenaza latente es la posible expansión del PCC hacia nuestro territorio.

Los altos niveles de consumo
Los altos niveles de consumo de cocaína en Argentina son equiparables a los de España, Gran Bretaña y Brasil. Foto: Fernando Calzada.

-¿Hay evidencias de producción local de droga en la Argentina o seguimos siendo un país de tránsito? ¿Podríamos pasar a ser un país productor?

-En la Argentina, de acuerdo con la información oficial, existen laboratorios para “estirar” la cocaína. En términos prácticos, por ejemplo, sería impensable y absurdo intentar cruzar la frontera con una tonelada de hojas de coca para procesarlas del lado argentino. Es mucho más fácil procesarlas en Bolivia, en Perú o en Colombia y después trasladar el clorhidrato de cocaína. Las cocinas de “estiramiento” tienen que ver con cuál es el mercado hacia el que va dirigida esa cocaína. Otra pregunta que uno se hace es por qué en la provincia de Jujuy, donde se consume la hoja de coca ancestralmente, no hay producción de cocaína. La respuesta de los expertos es que la alcalinidad de la hoja de coca propia de la zona no permite que se genere cocaína a partir de ella. Entonces, nosotros no podríamos ser productores nunca. En definitiva, a menos que exista algún avance tecnológico que logre modificar la alcalinidad de la hoja de coca, siempre seguiremos siendo un país de tránsito.

La penetración del PCC brasileño en nuestro territorio es la principal amenaza latente en cuanto al ingreso del crimen organizado internacional en el país.

-¿Cree que hoy la seguridad se percibe como una cuestión importante por parte de la sociedad argentina?

-En la campaña presidencial de 2015, el tema de la seguridad era central. Hoy por hoy, la situación mejoró y eso se refleja en las estadísticas: desde 2015, nuestro país salió prácticamente de la lista de puertos de egreso de la droga y recién en el último año apareció algún dato muy minoritario. Nuestra situación de seguridad quizás esté hoy más vinculada con los niveles de desigualdad y de pobreza, y eso hace que no sea un tema de agenda. Hoy los temas de agenda son la desigualdad, la pobreza y la falta de trabajo. La seguridad se corrió del debate y, en la actualidad, las dificultades económicas están mucho más presentes en la agenda que los temas de seguridad.

-Y con respecto a las preocupaciones de la dirigencia política, ¿se están abordando adecuadamente?

-En el caso del Gobierno de Mauricio Macri, yo creo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está muy atenta y ha tenido una buena gestión, sobre todo en términos disuasivos, con un Estado activo, incautaciones de droga y presencia en lugares recónditos del territorio. Ese es un claro mensaje de respaldo a las fuerzas de seguridad. En líneas generales, por lo menos en lo que tiene que ver con el narcotráfico, se ha logrado un avance. Falta un largo camino por recorrer, pero es innegable que ha habido un avance.

En los últimos cuatro años,
En los últimos cuatro años, el Estado Nacional ha mostrado claros avances en su lucha contra el narcotráfico. Foto: Archivo DEF.

-¿Y qué ocurre en materia de inteligencia financiera en las investigaciones sobre el crimen organizado?

-La Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha funcionado relativamente bien. También valoro el decreto de extinción de dominio como una medida muy importante. En países como Colombia, se han hecho grandes obras con los bienes recuperados de los narcotraficantes. Para la población, es muy importante ver cómo el Estado logra devolverle algo de lo que los narcos le quitaron. Se dice muchas veces que, salvo en el caso de la trata o en el tráfico de personas, el crimen organizado no se denuncia porque es muy difícil figurarse el daño que genera el tráfico de drogas y el crimen organizado. Entonces, si el Estado logra recuperar bienes que, en definitiva, han sido comprados con dinero mal habido, le demuestra a la sociedad los costos del combate al crimen organizado. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo señala que alrededor del tres por ciento del PBI de América Latina se destina a combatir el crimen organizado o a reinsertar a los delincuentes. Es dinero que podría utilizarse en desarrollo, educación o seguridad social.

Alrededor del tres por ciento del PBI de América Latina se destina a combatir el crimen organizado. Ese dinero podría utilizarse en desarrollo, educación o seguridad social.

-¿En qué punto se encuentra nuestro país en cuanto a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado?

-Hoy tenemos una mejor coordinación en materia de lucha contra el crimen organizado. Si no nos ponemos de acuerdo con nuestros vecinos y blindamos las fronteras frente al crimen organizado, los grupos delictivos se trasladarán del otro lado de la frontera y, desde allí, seguirán interfiriendo. A fin de evitar ese “efecto globo” o “efecto cucaracha”, todos los países de la región debemos ponernos de acuerdo para combatirlos de la misma manera y con el mismo énfasis. En este último período, en particular con Brasil y también con Paraguay en el último año, se firmaron acuerdos importantes que han tenido una concreción empírica, y eso ya se ve en las incautaciones de droga.

Según Sampó, la inseguridad local
Según Sampó, la inseguridad local está vinculada más a los niveles de pobreza y desigualdad que a organizaciones narcocriminales. Foto: Archivo DEF.

-¿Cómo observa la agenda antiterrorista en la región? ¿Existe una amenaza real en la Triple Frontera, como suelen sostener desde EE. UU.?

-Al haber sufrido dos atentados terroristas en el pasado, la Argentina está obligada a formar parte de una red de cooperación internacional contra el terrorismo. Es cierto que EE. UU. fogonea esa hipótesis de la Triple Frontera, pero eso no implica que no debamos prestar atención a la cuestión. No queremos un tercer atentado y, en ese sentido, debemos adoptar una posición fuerte, que no implica que tengamos que “comprar” la agenda de seguridad norteamericana. Me refiero a la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo. Mientras uno tenga clara la situación, no está mal sentarse, escuchar y conversar en torno a esa agenda.

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