La Fiscalía General de la Nación negó la solicitud de inmunidad penal total presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, quien se encuentra imputada y detenida por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según informó el ente acusador, la negativa se fundamenta en la gravedad de los delitos imputados, que incluyen lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, así como en la falta de sustento y coherencia en la información que Ortiz ofreció como parte de su colaboración con la justicia.
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De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía, la información proporcionada por Ortiz fue calificada como “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”.
Esto llevó a los fiscales a concluir que dicha colaboración no superaría los estándares de valoración y control judicial requeridos para otorgar un principio de oportunidad, mecanismo que habría permitido a la exfuncionaria evitar una condena a cambio de su cooperación en el caso.
Tras la negativa de la Fiscalía, Ortiz manifestó su intención de acudir a los medios de comunicación para divulgar los términos de los acercamientos sostenidos con el ente acusador, así como los detalles que asegura conocer sobre el entramado de corrupción en la Ungrd.
Según el comunicado de la Fiscalía, cualquier declaración pública que realice la exconsejera será bajo su propia responsabilidad y no comprometerá al organismo en el marco de la justicia premial.
“La exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia”, se observa en el documento emitido por el ente acusador.
La Fiscalía también confirmó que, en el curso de las investigaciones, se llevaron a cabo reuniones con Ortiz con el objetivo de explorar una posible negociación judicial.
Estas conversaciones buscaban obtener nuevos elementos probatorios que permitieran avanzar en la identificación y judicialización de otros responsables involucrados en el direccionamiento irregular de contratos y la apropiación de recursos públicos en la Ungrd. Sin embargo, la falta de evidencias concretas en la información proporcionada por Ortiz fue determinante para descartar cualquier acuerdo.
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha sido objeto de múltiples investigaciones por parte de la Fiscalía. Según detalló el ente acusador, las actividades investigativas están orientadas a identificar y judicializar a los responsables del direccionamiento de contratos y la apropiación indebida de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo de desastres en el país.
En este contexto, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha liderado los esfuerzos para consolidar las pruebas necesarias que permitan esclarecer los hechos y llevar a los implicados ante la justicia.
La colaboración de Ortiz, que ocupó un cargo clave en la Presidencia de la República, fue considerada inicialmente como una posible fuente de información relevante para el caso. Sin embargo, la falta de consistencia en sus declaraciones y la ausencia de evidencias que respalden sus afirmaciones limitaron el alcance de su cooperación.
El principio de oportunidad solicitado por la defensa de Ortiz habría implicado la suspensión de la acción penal en su contra a cambio de su colaboración con la justicia. Sin embargo, la Fiscalía subrayó que la inmunidad total no es viable en este caso debido a la naturaleza de los delitos imputados y la insuficiencia de las pruebas ofrecidas por la procesada.
El caso de corrupción en la Ungrd continúa siendo una prioridad para la Fiscalía, que reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables de las irregularidades detectadas. Las investigaciones en curso buscan no sólo esclarecer los hechos, sino también recuperar los recursos públicos que habrían sido desviados.
Mientras tanto, el proceso judicial contra Sandra Ortiz avanza hacia una posible acusación formal, en la que se determinará su responsabilidad en los delitos imputados.
La negativa al principio de oportunidad deja en claro que el ente acusador no está dispuesto a otorgar beneficios judiciales sin evidencias sólidas que respalden las afirmaciones de los procesados.
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