La Dian alertó problema de dinero para financiar la salud y los servicios públicos por medida tomada con reforma de Petro

Un duro descargo hizo el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Jairo Orlando Villabona, sobre el hundimiento que tuvo en el Congreso de la República el proyecto de ley de financiamiento o nueva reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, con el que se pretendían recaudar hasta $9,8 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, cuyo monto, de $523 billones fue negado y tuvo que ser expedido por el mandatario por medio de decreto y quedó en $511 billones.

De acuerdo con el funcionario, el proyecto de ley tenía como grandes ejes los controles a la evasión de impuestos y acciones de fondo para convertir el sistema tributario en uno progresivo, equitativo y eficiente.

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Al respecto, por medio de una carta, señaló que el hundimiento de esta iniciativa no afecta al Gobierno, sino que afecta a todos los colombianos, ya que profundizará la falta de recursos para ejecutar programas sociales en educación, salud y servicios públicos.

Lamentó que Colombia deja de percibir al año más $100 billones a causa de la evasión.

“Para hacerle frente a esta problemática, el articulado proponía otorgar recompensas por denuncias sobre evasión de impuestos y contrabando. Además, buscaba limitar las compras en efectivo, máximo, al 20% en la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables en las declaraciones de renta y no permitir deducciones a quiénes no estén al día en el pago de retención en la fuente. Es inconcebible que nuestro Congreso le haya dicho no a estas medidas”, escribió en la misiva.

Indicó que también se gravarían los bienes suntuarios (productos de lujo) que las personas naturales llevaban a las empresas, pese a no tener ninguna relación de causalidad con el objeto legal de estas.

Según él, con esto se buscaba hacerle frente a casos de empresarios que deducen de los costos de renta de las organizaciones, los gastos de empleados, mantenimientos o insumos de fincas de recreo como en Anapoima o de las casas de descanso en el extranjero.

Otro de los puntos destacados de este proyecto normativo estaba asociado a gravar con impuestos las apuestas en línea. Ante esto, manifestó que el país debe preguntarse qué intereses tienen los congresistas que rechazaron esta propuesta, máxime cuando los juegos de azar tradicionales sí pagan impuestos, igual que pasa con los licores, los cigarrillos y hasta los yogures.

De otra parte, y con miras a otorgar condiciones tributarias más justas frente a los grandes monopolios, insistió en que se pretendía rebajar en ocho puntos el impuesto que pagan las micro y pequeñas empresas. También, para el resto de las empresas del país planteaba una reducción progresiva del impuesto de renta con el fin de pasar, a lo largo de varios años, del 35% al 30%.

De igual forma, que se contemplaba exención de IVA para hoteles en más de 1.050 municipios del país, impulsando las economías de estos territorios por medio del turismo; creaba un bono por inversiones en energía de fuentes renovables y otorgaba alivios importantes en sanciones e intereses a los morosos de impuestos.

Otro frente del proyecto era el de la eliminación Régimen Simple de Tributación (RST), que ha servido para que aquellos profesionales independientes con ingresos superiores a $500 millones anuales, paguen menos de una tercera parte de los impuestos que deberían pagar.

“Los inscritos en este régimen a 2023 son solo 133.390, de los cuales 85.370 son empresas y 74.698 son migrados del régimen ordinario, es decir, que no están formalizados. Adicionalmente, 36.500 de los inscritos no presentaron declaración de renta”, precisó.

Recordó que en 2023, según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), se crearon 306.000 nuevas empresas, casi todas pequeñas, es decir, que todas las existentes en RST no alcanzan a ser el 20% de las que se crean en un año. Esto, agregó, muestra que el RST no sirvió para formalizar y, por ello, el proyecto de ley de financiamiento planteaba su eliminación.

Jairo Orlando Villabona apuntó que la afirmación de que en Colombia se pagan muchos impuestos no es cierta; sino, por el contrario, “tenemos una baja carga fiscal. Según cifras del Banco Mundial, el recaudo de impuestos en nuestro país es solo del 14,4% del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que en Chile y Marruecos es del 19,7%; en Italia del 25%; en Namibia del 28,1% y en Dinamarca del 35,2%”.

También se refirió a que se indicó que Colombia es uno de los países del mundo donde las personas naturales más pagan impuestos, lo que, para él, es lo contrario: “Entre el 75% y el 80% del recaudo de nuestro impuesto de renta se genera en las empresas y el resto, en las personas. En los países con sistemas progresivos la situación es a la inversa”.

Puntualizó que esto lo que muestra es que los impuestos en Colombia no son progresivos, ni equitativos, ni eficientes, como lo ordena el artículo 363 de la Constitución Política de 1991. “No son progresivos por cuanto si analizamos las tasas efectivas o reales de tributación de las empresas, encontramos que hay una diferencia muy grande entre cada uno de los sectores”, enfatizó.

Como ejemplo, precisó que para 2023 todos los sectores económicos en promedio tuvieron una tasa efectiva del 26,4%. Entonces, al revisar por sectores, se ve que el sector minero tuvo una tasa efectiva promedio del 34,6%, mientras que la industria 25,3% y el sector financiero 15,2%. Esto implica que no hay progresividad, no existe equidad horizontal ni vertical, es decir, que las rentas similares deberían pagar la misma tasa de impuesto o al menos cercanas y eso no ocurre en nuestro país.

Indicó que como país se tienen 294 beneficios fiscales, muchos con nombre y apellido, que se otorgan por el lobby parlamentario. Entre ellos se encuentran los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las rentas exentas, los descuentos tributarios y las deducciones fiscales especiales, lo que complejiza nuestro sistema tributario y facilita la evasión de impuestos.

“Esa cantidad de beneficios genera menor recaudo y nos convierte en el país del continente con mayor gasto fiscal. De acuerdo con cifras de la Cepal, nuestro gasto es cercano al 7,3% del PIB, mientras que en los demás países de la región el promedio es cercano al 4,5%”, anotó el director de la Dian.

Villabona insistió en que Colombia necesita una reforma estructural, a fondo, en la que se revisen y evalúen todas estas exenciones, en la que se verifique la relación costo/beneficio para el país, haciendo análisis ex ante y ex post y definiéndolos en el tiempo, ya que no se pueden dar por tiempo indefinido como indican las buenas prácticas tributarias.

Finalizó la carta al decir que, de manera sistemática, todos los gobiernos propusieron reformas cada uno o dos años para solventar el gasto fiscal y lo seguirán haciendo a futuro porque el sistema tributario actual no permite garantizar el recaudo suficiente para financiar los programas en salud, educación, infraestructura y vivienda que necesitan los colombianos.