La millonada que exigen las empresas al Gobierno Petro para garantizar la atención en salud de los colombianos

La unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (Sgsss) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado. La del régimen contributivo (UPC-C) para 2024 quedó en $1,444,086, equivalente a un valor diario de $4.011,35, mientras que la del régimen subsidiado (UPC-S) para este año quedó en $1,256,076, equivalente a un valor diario de $3.489,103.

Este asunto es uno de los que causa más polémica en el debate del proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República. Y más, teniendo en cuenta que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dijo a El Tiempo que “no hemos recibido un estudio que justifique este incremento del 16%. Los análisis realizados por el Ministerio, la Adres y la Superintendencia de Salud, basados en datos concretos, no respaldan esa cifra”.

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Por eso, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), por medio de un comunicado, aseguró que la definición de la UPC para la vigencia 2025 es crucial para garantizar los recursos mínimos necesarios para cubrir los costos de los servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías en salud requeridos para la garantía del derecho fundamental a la salud de la población colombiana.

“Esta decisión toma una importancia crucial en particular en este momento que el sistema atraviesa una crisis financiera sin precedentes. Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios de salud corre peligro. La insuficiencia de la UPC pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias. Sin una oportuna y suficiente asignación de recursos, se materializan barreras de acceso, se incrementan los tiempos de espera y aumenta el gasto de bolsillo de los hogares”, anotó la entidad que preside Bruce Mac Master.

La misma, ante esa definición, expuso que en la Andi se dieron a la tarea de estimar cuánto debería crecer la UPC en la vigencia 2025 para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema. Eso sin tener en cuenta los faltantes que se acumularon en el sistema entre las vigencias 2022 a 2024. Solamente en 2024 se habría acumulado un faltante de $10,9 billones.

Por eso, de acuerdo con las estimaciones del gremio, que incluyen el nivel de siniestralidad observado en el sistema, el crecimiento de la población y el ajuste por inflación, “la UPC que permitiría que el sistema de salud pueda cumplir con sus obligaciones hacia los ciudadanos y pacientes colombianos, debería crecer al menos el 16,9% para el 2025″.

Advirtió que no incrementar la UPC a niveles suficientes significa la garantía de que se presentará una crisis de salud en términos de atención y operación del sistema. De igual manera, reiteró que es responsabilidad del Gobierno nacional, en cabeza de los ministerios de Salud y Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, definir el incremento de la UPC que garantice la operatividad del sistema de salud.

Insistió en que antes de cualquier discusión de reforma, es de vital importancia estabilizar la operación corriente del sistema y garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos en salud de los colombianos, pues ninguna cadena de prestación de servicios y proveeduría de tecnologías en salud puede operar bajo una situación de déficit recurrente.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, manifestó, por medio de X, que en la salud de Colombia hay dos temas críticos que exigen alerta:

• La reforma a la salud debe ser discutida con responsabilidad por el Gobierno y el Congreso, garantizando una concertación amplia. Correr para lograr la votación va en contra de construir el mejor sistema para los colombianos, pues aún hay temas relevantes que no resuelven el problema de fondo.
• La definición de la UPC para 2025 debe cerrar la brecha de recursos que agobia al sistema por presupuestos insuficientes, evitando mayores afectaciones en el servicio y suministro de medicamentos.

“En ambos casos está en juego la vida de los colombianos. No se puede improvisar”, puntualizó la dirigente gremial.