Procuradora culpó al Gobierno de no hacer suficiente para abordar la crisis de la salud: “Es inaceptable”

En la mañana de miércoles 11 de diciembre, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, entregó su última rendición de cuentas, con los resultados de su gestión desde enero de 2021.

En sus declaraciones, Cabello expuso que, durante su periodo de administración, se realizaron 166.413 intervenciones en audiencias; 76.928 conceptos y 1.272 agencias especiales constituidas: “En 1460 días hemos trabajado para garantizar los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Programas como el PAE y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar son clave para transformar vidas y proteger a nuestras comunidades”, explicó.

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Ese mismo espacio fue aprovechado para referirse a la “crítica situación” que enfrenta el sector salud y que vulnera el derecho de cientos de pacientes. Indicó que se trata de un problema financiero, que más que afectar a Entidades Prestadoras de Salud (EPS) o Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), perjudica a los usuarios, a quienes se les interrumpe la prestación del servicio o tratamientos. “Ellos deberían ser el centro de la atención, pero son los más perjudicados”, dijo textualmente.

En ese sentido, responsabilizó al Gobierno nacional sobre la forma en que está abordando la problemática, al enfatizar que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no ha sido suficiente y los retrasos del pago de presupuestos máximos ha dificultado el acceso a la adquisición de medicamentos vitales para pacientes, por ejemplo, de enfermedades como cáncer, VIH, además de enfermedades huérfanas y crónicas.

“La situación es crítica, nos enfrentamos a una crisis financiera y operativa que pone en riesgo el acceso y la calidad de los servicios de salud. Es aterradora la forma en que el Gobierno nacional está manejando esta problemática”, expresó. Y agregó que tanto el Ministerio de Salud como el Invima no han realizado acciones efectivas para mitigar situaciones como el desabastecimiento de medicamentos: “Es inaceptable que las condiciones del sistema de salud condenaran a los más vulnerables a seguir esperando. No es un problema que se pudiera postergar”.

Por ello, enfatizó en que continuará realizando el seguimiento al tema: “Estaré hasta el último día de mi administración exigiendo y solicitando soluciones reales para garantizar que los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente el derecho a la salud, sean respetados”, apuntó.

La procurada General también solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que proteja tanto los datos como la identidad de las víctimas de violencia sexual en el desarrollo del macrocaso 11, que actualmente investiga dicha jurisdicción. Esta solicitud surgió luego de que la JEP decidiera, en sus autos de participación, que la identidad de las víctimas debía ser compartida con los agresores.

Cabello Blanco resaltó que la decisión judicial de la JEP genera “preocupación”, particularmente en lo que respecta a la seguridad de las víctimas, especialmente en el contexto del conflicto armado. “Consideramos que es una decisión judicial por parte de la JEP que genera alertas, sobre todo por la seguridad de las víctimas. Entregarle estas identidades a los victimarios es muy peligroso”, señaló.

Además, frente a la decisión de la JEP de que las víctimas participen en las versiones voluntarias solo a través de apoderados y mediante solicitud escrita en la que expresen su intención de ser observadoras o intervinientes, la jefe del Ministerio Público cuestionó estas directrices, al considerar que restringen los derechos de las víctimas a participar plenamente y les “limitan su capacidad de intervención directa”. Por ello, solicitó que no se impongan tales restricciones.

Finalmente, la procuradora solicitó además que se asegure el cumplimiento de la estrategia de acreditación, divulgación y pedagogía en todo el país, más allá del 31 de diciembre de 2024, fecha límite que había establecido la JEP. “Lo anterior, debido a que este periodo no resultara suficiente para garantizar que la JEP y los demás entes del Estado lleguen a cada una de las víctimas, impidiendo la materialización de su derecho a la participación en una conducta que históricamente ha sido invisibilizada”, sentenció.