El nombre de Gabriel Puerta Parra, conocido en los círculos de la mafia como “el Doctor”, es sinónimo de controversia y criminalidad desde la era de Pablo Escobar. Su historia, entrelazada con el narcotráfico, el poder judicial y el paramilitarismo, sigue generando interés y debate en los estrados judiciales colombianos. Sin embargo, su última aparición en los titulares no está relacionada directamente con sus propios actos, sino con un fallo judicial que beneficia a tres de sus familiares cercanos.
Puerta Parra, que en su pasado fue juez y jefe del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Boyacá, se convirtió en un narcotraficante de peso en los años más oscuros del cartel de Medellín. En la década de los 90, fue incluido en el grupo conocido como “Los 12 del patíbulo”, que terminaron colaborando con las autoridades en la búsqueda y caída de Escobar. Más tarde, enfrentó la justicia internacional, siendo extraditado y condenado en Estados Unidos, donde cumplió tres años de prisión por narcotráfico y vínculos con grupos paramilitares. En 2010, regresó a Colombia, escoltado.
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Años después de su regreso, el nombre de Puerta Parra volvió a resonar cuando en 2017 el CTI de Cali capturó a cinco personas de su círculo cercano bajo cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre las involucradas estaban tres familiares suyas: Ana Cristina Puerta Gálvez, Isabel Cristina Gálvez Fernández y Victoria Eugenia Gálvez Fernández.
La Fiscalía señaló que estas mujeres habían acumulado una fortuna sospechosa, con la adquisición de bienes como camionetas de alta gama, predios en San Andrés, lotes, propiedades rurales y un apartamento en el norte de Bogotá. Según los investigadores, sus ingresos legales no justificaban estas compras, lo que levantó sospechas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Además, se vinculó a la investigación a varias empresas que presuntamente servían como fachada para ocultar el origen ilícito de los fondos. Entre ellas, destacaban la Sociedad Andina de Carnes, que reportaba ingresos anuales de 700 millones de pesos, y la Inmobiliaria del Suroccidente, con aportes registrados por 5.200 millones de pesos. También se investigó un matadero en Yumbo, Valle del Cauca, conectado a esta red.
El caso llegó a los estrados judiciales después de múltiples etapas procesales, incluyendo capturas, imputaciones, acusaciones y un juicio oral de 12 sesiones. Sin embargo, el 28 de noviembre, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali emitió un fallo inesperado.
En un duro golpe para la Fiscalía, el juez declaró prescrita la acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito y absolvió a las tres mujeres del cargo de lavado de activos. Según el fallo, la Fiscalía no logró demostrar más allá de toda duda razonable que los bienes adquiridos por las procesadas tenían origen en dineros ilícitos relacionados con el narcotráfico.
De hecho, fue la propia Fiscalía la que solicitó la absolución debido a la falta de pruebas contundentes. Además, el juez ordenó compulsar copias a la Comisión Seccional Disciplinaria del Valle para que se investigue a los funcionarios que participaron en las imputaciones iniciales.
La defensa de las procesadas celebró la decisión, aunque no sin críticas hacia el proceso judicial que, según ellos, mantuvo a sus clientes bajo un “injusto señalamiento” durante siete años. “Logramos demostrar que todo fue un montaje”, afirmaron.
Por su parte, este fallo deja preguntas abiertas sobre el alcance y las fallas en las investigaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico. A pesar de su oscuro pasado, Gabriel Puerta Parra parece continuar generando polémica, incluso indirectamente, a través de los procesos judiciales que involucran a su entorno.
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