Sandra Ortiz se pronunció sobre la imputación de cargos por escándalo en la Ungrd: denunció discriminación de género

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, rompió su silencio tras conocer que la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos en el marco de las investigaciones por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ortiz, que enfrenta posibles cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, denunció públicamente discriminación de género y cuestionó los procedimientos del ente investigador.

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En un mensaje difundido a través de la red social X, Ortiz expresó su rechazo a la manera en que se ha manejado su caso y afirmó no haber sido notificada oficialmente por las autoridades competentes. “Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento, ni el centro de servicios judiciales ni la Fiscalía me ha notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad, sin coacciones”, señaló.

Además, Ortiz defendió su inocencia y aseguró estar dispuesta a colaborar con las autoridades. “He asistido a más de 6 citaciones, la Fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer”, agregó.

La diligencia para la imputación de cargos contra Sandra Ortiz está prevista para el 29 de noviembre a las 12:00 p. m., donde se le imputarán cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. Según los fiscales, existen pruebas que la vinculan directamente con el entramado de corrupción en la Ungrd, acusándola de ser emisaria del dinero y de tener pleno conocimiento de las operaciones ilícitas.

Dada la gravedad de las acusaciones, el ente acusador solicitará una medida de aseguramiento en prisión preventiva, considerando que Ortiz podría representar un riesgo para el proceso judicial. Los delitos por los que será imputada conllevan penas de entre 10 y 30 años de prisión.

Según la Fiscalía, Sandra Ortiz, cercana al partido Alianza Verde, habría servido como intermediaria en la entrega de un soborno de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, para impulsar las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

De acuerdo con declaraciones de Sneyder Pinilla, ex subdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, el soborno habría sido pactado por órdenes de Olmedo López, exdirector de la entidad, y tenía como objetivo asegurar el apoyo legislativo de Name. Además, Pinilla señaló que otro soborno de $1.000 millones fue entregado al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, bajo la misma intención.

La Fiscalía detalló que Ortiz participó en reuniones realizadas en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde se habrían entregado los $3.000 millones en dos encuentros consecutivos. En estas reuniones, organizadas por López, Pinilla entregó primero $1.500 millones y posteriormente el monto restante, dinero que supuestamente llegó a Name.

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla el 25 de julio, la Fiscalía sostuvo que: “Usted, señor López, coordinó la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name, a través de Sandra Liliana Ortiz, quien para la época de los hechos era la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre”.

Ortiz, por su parte, ha negado las acusaciones en su contra y ha denunciado constantes amenazas en su contra: “Yo soy una mujer sincera y yo llegué donde he llegado es por mi sinceridad (...) es un perfilamiento que me han hecho. Le quiero decir a esos pocos medios que lo han hecho, que me han perseguido, y por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas”, dijo en su momento la funcionaria durante una de sus asistencias al búnker de la Fiscalía.