El martes 22 de octubre, Luis Carlos Leal, que hasta entonces ocupaba el cargo de superintendente de Salud en Colombia, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por irregularidades detectadas en una auditoría a cuatro EPS del país. Tres días después, el Gobierno le solicitó su renuncia.
La Superintendencia Nacional de Salud reveló un informe detallado que expone el mal manejo de los recursos de salud por parte de estas entidades. Las EPS involucradas son Coosalud, Servicio Occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS, tres de las cuales están bajo intervención por problemas financieros.
El documento de 34 páginas destaca la posible participación de Mario Andrés Urán, un antiguo asesor de Coosalud y figura cercana al Gobierno de Gustavo Petro, en la administración de los recursos.
“La dinámica del desarrollo de la diligencia fue adelantada por equipos conformados por profesionales que al llegar a cada una de las sedes principales de las vigiladas (esto es, Cartagena para Coosalud; Cali para Servicio Occidental de Salud, Pasto para Emssanar y Popayán para Asmet Salud), se solicitó que de una muestra de los computadores institucionales de funcionarios y directivos de las EPS, se extrajera el back up de información, así como back up de los correos electrónicos de directivos. La información recolectada por los funcionarios designados por la Superintendencia Nacional de Salud permanece en custodia de la Delegada de Entidades de Aseguramiento en salud y se encuentra disponible para los análisis que se requieren por parte de los entes de control”, señala el texto.
La investigación se inició tras recibir una denuncia que señalaba movimientos sospechosos en las cuentas de estas EPS. Según estableció la Superintendencia de Salud, las diligencias se llevaron a cabo el 25 de septiembre en las sedes administrativas de las entidades mencionadas. La auditoría reveló que fondos destinados a la salud podrían haber sido desviados hacia paraísos fiscales.
“El día 22 de septiembre de 2024 el Superintendente Nacional de Salud fue informado por un tercero acerca de oficio cuyo título es “INJERENCIA DE MARIO ANDRES URAN EN LAS INTERVENCINES DE EMSSANAR Y AMET SALUD y SOS”, en los cuales presuntamente funcionarios de las EPS intervenidas y señaladas en el titulo del documento remitan al señor Mario Andrés Urán la postulación de pagos a clínicas y hospitales por giro directo antes que fueran enviada a la Superintendencia Nacional de Salud. Como se puede verificar en las imágenes a continuación, los correos electrónicos que presuntamente eran enviados a (Mario Andrés Urán Pulido) desde los correos (Edgar Zamudio Pulido) y de Lida los cuales se identifican entre otros 1 como ‘POSTULACION FINAL GD RS JULIO’, ‘CERTIFICACIONES ABRIL A JUNIO 2024′”, se lee en el primer párrafo del documento.
Según el documento, se realizaron pagos a terceros sin justificación adecuada, generando sobrecostos en las intervenciones. Además, se identificó una concentración de pagos a ciertas entidades, lo que despertó sospechas sobre la legalidad de estas transacciones.
El informe también menciona que Urán, que trabajaba como asesor en una de las EPS, habría contado con el apoyo de Indira Ocando y Tony Negrete, quienes actuaban como enlaces con empresas de auditoría en el sector salud. Estos individuos habrían facilitado el acceso de Urán a información crítica, como los puestos de mando unificado, lo que le permitió manipular pagos y contratos con clínicas y hospitales.
La investigación reveló que parte de los fondos desviados se dirigieron a empresas como Eve Distribuciones SAS y la Organización Clínica General del Norte, controladas por Ventum Investments 2020, una entidad con sede en las Islas Caimán.
Este esquema financiero ha sido objeto de una denuncia formal presentada por Leal ante la Fiscalía General de la Nación.
El caso ha generado un impacto significativo en el sector salud, especialmente en el suroccidente del país, donde se han reportado problemas de capacidad de relacionamiento.
La presidenta de una de las EPS implicadas declaró para Caracol Radio que desconocían las actividades de Urán y que su relación con la empresa se limitaba a una asesoría para la implementación de un plan táctico.
La situación se complica aún más con la renuncia solicitada a Leal desde la Casa de Nariño, apenas tres días después de presentar la denuncia.
Este hecho ha suscitado interrogantes sobre las implicaciones políticas del caso y las posibles conexiones de Urán con altos funcionarios del Gobierno, en especial porque se especula que la salida de Leal está relacionada al hecho de “volverse incomodo” para algunas personas importantes para el alto Gobierno.