
El senador Alex Flórez, miembro del Pacto Histórico, respondió a la reciente apertura de una investigación en su contra por presuntos delitos de lavado de activos y falsedad en documento privado. En un contundente mensaje publicado en su cuenta de X, Flórez acusó a la magistrada Cristina Lombana de politizar el proceso judicial que lo involucra.
“La mejor forma de ver la politización del proceso de la magistrada Cristina Lombana contra mí es la violación al debido proceso al filtrarle a Semana documentos reservados y sin contexto de una investigación absurda que me armó por 20 millones de pesos”, escribió.
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Además, anunció su intención de recusarla por estos hechos y solicitar una investigación sobre lo que considera una instrumentalización política y mediática de la justicia.

El senador agregó que la evidencia de la politización es clara y señaló que la privación al debido proceso es un delito, subrayando que las acusaciones en su contra son “falsas y, tengo que decir, desesperadas”. En un video que adjuntó a la publicación, el congresista criticó la forma en que se le acusa de lavado de activos por la venta de camisetas a $50.000, con las cuales se recolectaron $20 millones, y aseguró que “es absurdo tratar de inculparme con eso”.
En su defensa, mencionó que hace una semana, la Sala de Instrucción de la Corte decidió retirar un caso de un magistrado por filtraciones a la prensa, en un llamado a proteger el debido proceso.
“Se debe garantizar que la justicia no se convierta en una herramienta para atacar políticamente como lo está haciendo la oficina de la magistrada, en represalia por los cuestionamientos que hice a su evidente inclinación política, que con esto queda más que probada”, enfatizó Flórez, pidiendo la Corte Suprema que actúe para proteger sus derechos fundamentales y garantizar un tratamiento imparcial en su caso.
“Le pido respetuosamente a la Corte Suprema tomar acciones que propejan el debido proceso en mi caso y que de ser oportuno, como lo hizo hace una semana en una filtración igual de grave, se le quite el expediente a esta magistrada y se le entregue a un magistrado que cumpla sus funciones con imparcialidad y respeto al debido proceso y la constitución colombiana”, puntualizó Flórez.
La magnitud de la situación se agrava al considerar que el alto tribunal está investigando el uso indebido de su cargo para direccionar contratos en el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd), bajo la administración de Daniel Quintero.
La Revista Semana reveló detalles del expediente en el que al menos tres testigos clave, que trabajaron de cerca con el senador, habrían proporcionado información sobre cómo financió su campaña durante su tiempo como concejal de Medellín. Estos testimonios indican que Flórez presionó a contratistas para que entregaran dinero, disfrazándolo de donaciones, lo que generó un ambiente de temor entre los empleados públicos.
El auto de apertura de instrucción, al que accedió Semana, incluye declaraciones, interceptaciones de comunicaciones, correos electrónicos y audios que comprometen al senador. Sin embargo, Flórez argumenta que la acusación se basa en un “chisme” de un medio de comunicación, sugiriendo que está relacionada con contratistas de Antioquia: “No quiero pensar que la magistrada está instrumentalizando la justicia para atacar al Pacto Histórico”.

A medida que las investigaciones avanzan, la Corte está analizando las pruebas que incluyen audios de contratistas que alegan haber sido forzados a participar en la venta de camisetas. La situación plantea un dilema sobre la utilización de la justicia en el ámbito político, donde los límites entre la legalidad y la persecución política parecen difuminarse.
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