Nicolás Petro estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía en el caso de la campaña Petro 2022: contemplarían cambiar los delitos imputados

Luego de año y medio de que en Colombia se conociera el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por apoderarse de forma ilícita de dineros que le fueron entregados para apoyar la candidatura de su padre, la Fiscalía General de la Nación y el hoy señalado mantienen conversaciones para llegar a un acuerdo.

Así lo confirmaron fuentes enteradas del caso a la revista Cambio, que señalaron que las partes han comenzado a negociar un preacuerdo, en un intento de evitar un juicio que podría resultar desgastante y arriesgado para defensa de Petro Burgos y para el propio ente acusador.

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El caso de Nicolás Petro ha capturado la atención mediática a lo largo del año, y ahora podría dar un giro con la salida del fiscal Francisco Barbosa y la llegada de Luz Adriana Camargo. Inicialmente, el caso fue asignado al fiscal Mario Burgos, el primero en afirmar que, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, su hijo recibió dinero de personas cuestionables con la promesa de invertirlos en la campaña, pero en realidad se apropió de esos recursos, dejando un incremento patrimonial injustificado de 1.053 millones de pesos.

Sin embargo, la forma en que el fiscal Burgos manejó el caso llevó a su retiro. La Comisión de Disciplina Judicial lo acusó de filtrar videos de la captura e interrogatorio de Nicolás Petro, lo que lo alejó del proceso, basados en la hipótesis de que el funcionario pudo incurrir en graves faltas, incluyendo un posible abuso de poder durante el procedimiento de captura y una extralimitación en el interrogatorio, al tratar temas relacionados con el presidente Gustavo Petro.

Con la llegada de Lucy Marcela Laborde como nueva líder del proceso, Nicolás Petro y su defensa le han vuelto a hacer guiño al ente de control y a la justicia para llegar a un preacuerdo entre las partes y así conseguir los mejores beneficios para Petro Burgos, mientras que el ente investigador se libraría de continuar con las indagaciones, a pesar de asegurar tener más de 60 testigos contra el hijo del presidente.

Según la revista Cambio, los reiterativos aplazamientos de las audiencias preparatorias del juicio se han dado porque ambas partes están explorando varias propuestas para llegar a un preacuerdo que, posiblemente, pueda ser presentado ante el juez.

Entre las propuestas presentadas, una sugiere que la fiscal haga un “ajuste de legalidad” en el caso, solicitando al juez que reconsidere los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, y los sustituya por un delito de estafa agravada.

Además, fuentes enteradas del caso aseguraron a la revista Cambio que otra de las propuestas es acordar solo el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, eliminando el de lavado de activos. Estas soluciones permitirían a la defensa de Nicolás Petro solicitar que cumpla su pena en casa, y no en prisión.

De hecho, jueces consultados por el medio señalan que la pena por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público puede ser de entre 11 y 13 años de prisión, mientras que por estafa agravada el rango de condena oscila entre 3,5 y 18 años.

De hecho, las salidas que busca el abogado defensor para hijo del presidente están basadas en un concepto jurídico del reconocido penalista y también exministro de Justicia Yesid Reyes. El exfuncionario de Juan Manuel Santos considera que la imputación por enriquecimiento ilícito de servidor público presentada por la Fiscalía no establece claramente el vínculo entre el cargo de diputado que tenía Nicolás Petro y el incremento patrimonial injustificado.

“Una correcta imputación del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público requiere incorporar como hechos jurídicamente relevantes aquellos relacionados con la existencia de un nexo causal entre el desempeño de un cargo o función pública y el incremento patrimonial injustificado que se le atribuye a alguien”, detalla Reyes en el concepto revelado por Cambio.

El delito de lavado de activos también ha sido cuestionado por la defensa. Según el informe, Petro compró una casa en Villas de Palmarito, en Tubará, Atlántico, por 334 millones de pesos, y un Mercedes Benz por 200 millones de pesos, ambas adquisiciones a nombre de terceros. Además, habría ocultado dinero recibido de exnarcotraficantes y empresarios en bolsos, morrales y cajas fuertes. Sin embargo, la defensa argumenta que estos actos obedecieron a una estafa y no al lavado de activos.

Lo cierto es que la defensa de Petro Burgos estaría buscando llenar el acuerdo con la Fiscalía de tecnicismos que, en últimas, ha permitido a ambas partes aprovechar vacíos y ambigüedades para favorecer sus posiciones. Sin embargo, la última palabra la tiene la fiscal general Luz Adriana Camargo, que deberá decidir si se concreta un preacuerdo.