La Superintendencia de Salud señala que EPS en el Valle del Cauca se comprometieron a hacer una conciliación de cartera

Durante una reunión realizada en Cali, el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, junto con el alcalde Alejandro Eder y los gerentes de la red de salud pública y de las EPS bajo intervención, discutieron varios temas críticos relacionados con la prestación de servicios de salud en la región, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana Blu Radio.

Entre los asuntos abordados, se destacó la necesidad de mejorar la contratación del personal de salud, la conciliación de las carteras pendientes y la optimización de la oferta de servicios que brinda la red pública de salud.

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Un avance significativo de este encuentro fue el compromiso asumido por las EPS en intervenir para resolver sus deudas con la red de salud pública de la región.

“Se comprometieron las EPS que tienen una medida de intervención a realizar una conciliación juiciosa de cartera para asegurar flujos de pagos corrientes adecuados y mejorar la contratación en favor del nivel de atención para la población de la ciudad”, afirmó el superintendente Leal, citado por Blu Radio.

Como parte del seguimiento a estos acuerdos, Leal anunció que se elaborará un informe en el plazo de una semana para evaluar los avances logrados en el pago de las deudas de las EPS con la red pública de salud en el departamento.

Además, destacó que la Superintendencia realizará audiencias para monitorear y garantizar que la conciliación de carteras en Cali se lleve a cabo de manera efectiva, asegurando así el flujo adecuado de recursos a los prestadores de servicios de salud.

En otro ámbito de la discusión, Leal mencionó que desde marzo se ha incrementado el presupuesto destinado a Cali y otros municipios del Valle del Cauca para fortalecer el sector salud.

En respuesta a una situación crítica en Buenaventura, donde se reportó la renuncia de personal de salud, el superintendente aseguró que están explorando mecanismos para contratar nuevos profesionales en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, con el objetivo de evitar la interrupción en la atención sanitaria para la comunidad.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó un recurso de reposición ante el Consejo de Estado después de que su demanda inicial fuera rechazada el 30 de julio, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.

Acemi había cuestionado las resoluciones 2364 y 2366 del Ministerio de Salud, que obligan a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a destinar el 5% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para crear equipos básicos de salud.

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Estas resoluciones, emitidas el 29 de diciembre de 2023, también fijaron el valor de la UPC para 2024 y definieron nuevas responsabilidades para las EPS, con el objetivo de fortalecer la atención en las zonas más alejadas del país.

El recurso de Acemi se fundamenta en dos argumentos principales: primero, la imposición de una carga financiera adicional sobre un sector ya afectado por las deudas acumuladas durante la pandemia de Covid-19; segundo, que las resoluciones no fueron publicadas de manera correcta en el sitio web del Ministerio de Salud, lo cual, según la asociación, debería invalidarlas.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, enfatizó que “los actos acusados fueron expedidos en forma irregular al no ser publicados en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social”, argumentando que esto afecta la legalidad del proceso.

A pesar de estas objeciones, el Consejo de Estado negó la solicitud de Acemi para suspender la aplicación de las resoluciones. Sin embargo, Acemi asegura que la medida cautelar impuesta por la Corte Constitucional, que suspendía temporalmente la aplicación de estas normativas, aún sigue vigente.

Esta medida había sido adoptada hasta que el Consejo de Estado emitiera su decisión. Ahora, las EPS deben comenzar a cumplir con la disposición de destinar el 5% de la UPC a los equipos básicos de salud, aunque Acemi continúa explorando vías legales para revertir esta decisión.

En respuesta a la determinación del Consejo de Estado, Acemi ha afirmado que su fallo no revoca la decisión cautelar de la Corte Constitucional, tomada mediante el auto 875 de 2024, que suspendía el descuento del 5% de la UPC hasta que se resuelvan los procesos judiciales en curso.

Además, la asociación está avanzando en otros procesos de nulidad con el objetivo de cuestionar la normativa que considera perjudicial para el sector.