La Superintendencia Nacional de Salud abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra la fiduciaria La Previsora S.A., entidad encargada de administrar los recursos del régimen de salud del Magisterio.
En un comunicado, la entidad evidenció presunta omisión y barreras en el acceso al derecho a la salud de la población diferencial, como niños y niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
“Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 19 de mayo de 2024, registraron 3.712 reclamaciones en salud por parte de los maestros y beneficiarios del régimen de excepción del Magisterio, de las cuales a corte del 19 de mayo se encontraban sin atender 2.923 reclamaciones y solo contaban con respuesta el 21,26 por ciento”, señaló la superintendencia en un comunicado.
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Entre los casos analizados por la superintendencia de Salud, se encuentran cinco reclamos correspondientes con menores y adultos mayores con enfermedades graves como cáncer y con diagnóstico de VIH/Sida.
Pese a que fueron calificados como prioritarios, la entidad mencionó que los pacientes no recibieron el servicio de salud adecuado y oportuno, lo que llevó a que los afectados recurrieran a una tutela para exigir sus derechos.
“También encontramos que no se dio posiblemente una respuesta oportuna y de fondo a los requerimientos remitidos por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario; así mismo, incumplió presuntamente las instrucciones y órdenes impartidas y no brindó solución de manera oportuna y de fondo a las PQRD, imponiendo al parecer barreras de acceso al derecho fundamental a la salud que tiene toda la población en el país”, añadió la superintendencia.
La superintendencia aclaró que los casos relacionados por presuntas barreras de acceso “fueron presentados antes de la implementación del nuevo modelo de atención en salud para los docentes”, que fue impulsado por el Gobierno nacional el pasado Primero de Mayo.
No obstante, la entidad explicó que estas irregularidades a los usuarios han predominado en el tiempo. “Por tanto, es obligación de la Fiduprevisora S.A. tomar las medidas necesarias que conduzcan a la continuidad del servicio público de atención a la salud y garantizar la prestación del servicio de salud de manera integral para los afiliados del Fomag”, afirmó la superintendencia en el comunicado.
De igual forma, Luis Carlos Leal Angarita, Superintendente Nacional de Salud, aseguró que la misión de la entidad “es garantizar que en todo el territorio nacional se respete el derecho fundamental a la salud, independientemente del régimen de afiliación de cada una de las personas y continuaremos trabajando para que esto sea un hecho en todo el país”.
Ahora, la Fiduprevisora tendrá un plazo de cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa, presentar pruebas y ofrecer explicaciones que puedan esclarecer los hechos investigados.
De igual manera, la Superintendencia de Salud podría sancionar a la Fiduprevisora con una amonestación escrita, o con multas entre 200 y hasta 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas jurídicas, y entre 50 y hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales.
A su vez, se podrían aplicarse medidas más drásticas, como la revocatoria parcial o total de la autorización de funcionamiento, la suspensión de servicios o la remoción de representantes legales en casos de dolo o negligencia grave.
Segunda sanción para Fiduprevisora
En el pasado mes de mayo, la Superintendencia Nacional de Salud había impuesto una medida cautelar contra la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), por las afectaciones que se vivieron por cuenta del nuevo modelo de salud para millones de docentes en el país.
Según el órgano de control, se recibieron más de 2.100 reclamaciones en menos de 20 días por falencias en la atención de salud a esta población, por lo que ordenó a ambas entidades dar respuesta a los requerimientos.
Frente a este caso, el presidente de la Fiduprevisora, John Mauricio Marín Barbosa, explicó que esta medida cautelar “se debe a un requerimiento orientado a mejorar y fortalecer la prestación del servicio de salud para los afiliados al Fomag, cuyo negocio fiduciario es administrado hace más de 30 años por esta entidad”
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