Después de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidiera someter los procesos que el fiscal Mario Burgos llevaba contra Nicolás Petro al sistema judicial para su reasignación, han sido varias las preguntas sobre el futuro de las investigaciones.
Ahora un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, seleccionado de manera aleatoria, será el encargado de continuar con la investigación al hijo del presidente de la República.
Las preguntas aumentan luego de conocerse que el fiscal Burgos tenía en su poder una baraja de cargos en contra de Nicolás Petro, por lo que la decisión de la Fiscalía afecta no solo el juicio actual por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sino también una investigación adicional que estaba próxima a presentarse.
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Según reveló recientemente la revista Cambio, Burgos estaba manejando también una nueva investigación por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y fraude procesal.
Las pesquisas comenzaron en mayo de 2022, cuando una fuente informó a la Fiscalía que Nicolás Petro intentaba justificar dinero recibido de figuras del narcotráfico, como Samuel Santander Lopesierra, además de apoderarse, presuntamente, del dinero aportado a la campaña por parte del empresario Gabriel Hilsaca, quien actualmente es testigo de la Fiscalía en el caso que adelanta el ente contra el hijo del presidente.
De hecho, en la denuncia se describe que el hijo del presidente envió documentos falsos provenientes de una empresa de seguridad en Barranquilla.
Las fuentes indicaron al ente acusador que la empresa involucrada, Seguridad Privada Lost Prevention, podría estar ayudando a Nicolás Petro a crear documentos falsos, incluyendo letras y registros, para justificar sus ingresos. Además, el expediente también cuenta con un informante que entregó detalles de cómo estarían llevando a cabo las irregularidades.
“Sé que están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campañas. Ellos están hundiendo esa investigación protegiendo a esta gente, ya que son sus aliados políticos”, comentó una fuerte al medio nacional.
De hecho, la investigación también estaba encaminada a descubrir las presuntas promesas de Nicolás Petro a la compañía de seguridad a cambio de encubrir el dinero. Incluso, se tendría registro de la entrega de millonarios contratos del Gobierno como contraprestación del encubrimiento.
“Y ellos prometieron que, si salía bien esa situación, les iban a dar un contrato grandísimo con el Gobierno nacional, porque si Nicolás Petro se salvaba de ese tema y alcanzaban la Alcaldía de Barranquilla o la Gobernación del Atlántico, con ellos harían la contratación en caso de ganar”, comentó la fuente.
La presunta falsificación de documentación también abarcaría certificaciones laborales falsas que Petro incluyó en su hoja de vida presentada a la Asamblea, acusaciones que fueron desmentidas por el dueño de la empresa en una entrevista con los fiscales. Incluso, en el currículo del hijo del presidente registraría que trabajó en como asesor en el Grupo Energía Delta LTDA. desde mayo de 2013 y hasta agosto de 2018.
El caso de interés indebido en la celebración de contratos estaría relacionado con supuestos beneficios que Petro y su expareja, Day Vásquez, obtuvieron de contratos con la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Conciencia Social.
Sin embargo, la Fiscalía apartó a Burgos debido a una recusación presentada por la defensa de Nicolás Petro, basada en un pliego de cargos emitido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Cndj) contra él. La defensa argumentó presuntas omisiones de Burgos en la custodia de una grabación del expediente que terminó en manos de los medios de comunicación.
La Cndj cuestionó a Burgos por no proteger adecuadamente una grabación vinculada al procedimiento de captura, la cual terminó filtrada a la prensa. Esta filtración fue determinante para apartar a Burgos de los casos contra Petro.
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