Por cambio en el modelo de salud del Magisterio, la Procuraduría anunció investigación disciplinaria: nueve funcionarios están bajo la lupa

La Procuraduría General de la Nación ha lanzado un contundente anuncio que genera inquietud y polémica en el Gobierno nacional. Nada menos que nueve altos funcionarios y exfuncionarios están ahora bajo investigación disciplinaria debido a su presunta implicación en el cambio de modelo de salud del magisterio colombiano.

La investigación la ofició la Procuraduría a los siguientes ministros y funcionarios:

• Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación saliente y presidenta del Consejo Directivo del Fomag.
• Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo y miembro Consejo Directivo del Fomag.
• Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda y Crédito Público, y miembro Consejo Directivo del Fomag
• Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez, representante de Fecode y miembro Consejo Directivo del Fomag
• Christian Rey Camacho, representante de FECODE y miembro Consejo Directivo del Fomag
• Magda Lorena Giraldo, vicepresidente (e) Fomag — Fiduprevisora y miembro Consejo Directivo del Fomag
• Jhon Mauricio Marín Barbosa, presidente de la Fiduprevisora
• Luis Carlos Leal Angarita, superintendente de Salud
• Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social

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Uno de los principales señalamientos apunta a deficiencias en la caracterización de la población afiliada, lo cual ha resultado en graves repercusiones para los ciclos de vida afectados, especialmente en la adultez y vejez. Además, un número significativo de afiliados al Magisterio se ha visto afectado por diagnósticos que requieren tratamientos que no han sido garantizados en términos de calidad y continuidad.

Se ha cuestionado severamente la eficacia en la planificación e implementación de los cambios, haciendo referencia a audios filtrados que comprometen la transparencia del proceso. Esos audios, entre el ministro de Salud y el expresidente de la Fiduprevisora, revelan preocupaciones tempranas sobre la viabilidad del modelo apenas una semana después de su entrada en vigencia.

La delegada del ente de control ha expresado que estas acciones no solo han defraudado el principio de confianza legítima, sino que también han generado una alarma sobre el rol y la autonomía del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones del Magisterio (Fomag).

Además, se ha encontrado que el manual tarifario implementado para este nuevo régimen de salud presenta valores por debajo de los estándares establecidos para el régimen común, lo cual ha levantado serias dudas sobre la equidad y la calidad del servicio ofrecido a los afiliados.

Otro punto de crítica importante ha sido la falta de coordinación entre la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) y la Fiduprevisora, quienes no lograron concretar un acuerdo crucial para la operatividad del modelo. Esta desarticulación interinstitucional ha sido calificada como una falta grave que ha afectado directamente a más de 800 mil afiliados en todo el país, quienes se han visto impedidos de acceder a servicios de salud básicos debido a barreras administrativas y deficiencias en la contratación de las IPS.

Además, se ha evaluado la capacidad limitada de la Fiduprevisora para implementar eficazmente el nuevo modelo de salud dentro del tiempo asignado, lo cual ha sido considerado incoherente con las advertencias previas realizadas por directivos del Fomag.

En un aspecto crítico, la Procuraduría ha destacado que, hasta el 1 de mayo de 2024, la Fiduprevisora no había logrado establecer una red robusta de atención para los afiliados del Magisterio, lo que ha dejado a pacientes con tratamientos necesarios sin acceso a servicios esenciales debido a complicaciones administrativas y falta de diligencia en la selección de las IPS.

Finalmente, el informe disciplinario aborda la controvertida circular emitida por el Fomag, que permitía a las IPS atender a los afiliados del Magisterio sin autorización previa mediante un pago por evento a la tarifa SOAT, la cual es significativamente más alta. Este enfoque ha generado preocupaciones adicionales sobre posibles prácticas corruptas y un manejo ineficiente de los recursos financieros, además de la pérdida de confianza en el sistema debido a la falta de un manual tarifario claro y definido.

La Procuraduría continuará investigando estas irregularidades para determinar las responsabilidades disciplinarias correspondientes, con el objetivo de garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos fundamentales de los afiliados al Magisterio en materia de salud.