Por elevar el precio de un medicamento, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló cargos contra tres farmacéuticas

Por presuntamente “fijar precios excesivos para medicamentos”, la mañana del martes 25 de junio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que tres compañías encargadas de la distribución y comercialización de Remodulin, una medicina usada en paciente con hipertensión arterial pulmonar, serán investigadas por fijar precios de venta mucho mayores a los del precio regulado, explicó el ente de control.

Las tres compañías salpicadas en medio de la indagación que abrió la Superindustria fueron Grupo Ferrer Internacional S.A., Ferrer Colombia S.A.S. y Pint Pharma Colombia S.A.S., a las que se les busca determinar con los resultados de dicha investigación si habrían “infringido el régimen de protección de la competencia y el de competencia desleal al realizar distintas actuaciones para eludir la regulación del control de precios” del medicamento, “con el fin de incrementar excesivamente su precio”, indicó la entidad.

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La pesquisas que adelanta la SIC se realizan en el marco del Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para el sector salud, y para tener un contexto de lo que llevó a la entidad a tomar tal decisión, se debe precisar que la regulación de precios máximos del Remodulin “estaba determinada por el código único de medicamento (CUM) asignado a este producto”.

En el caso de Ferrer Internacional, explicó el ente, “habría realizado una modificación formal a la presentación del medicamento, lo que le permitió obtener la asignación de nuevos CUM y, por lo tanto, no quedar sujeto al precio máximo establecido en la regulación”.

Para poder fijar el precio, Ferrer Internacional, además de la presentación del medicamento, adicionó unos dispositivos, indicó la Superindustria, “no eran fundamentales para la aplicación o efectividad”, que según lo que indican el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), viene en presentación de ampollas y se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HTAP) y reducir los síntomas asociados al ejercicio en los pacientes.

Adicional a lo anterior, estos dispositivos, detalla el comunicado, “podrían adquirirse por separado” y “no justificaban la significativa diferencia entre el precio de venta y el regulado”. Debido a todo esto, tanto Pint Pharma como Ferrer Colombia habrían hecho la misma acción que Ferrer Internacional y distribuyeron el Remodulin con “la misma composición y cantidad que el medicamento regulado, pero con un precio excesivamente mayor al determinado en la regulación”.

Los registros de los cuales se valió la SIC para determinar esta acción que presuntamente realizaron las tres compañías, analizó información entre 2019 y 2022, con las cuales se llegó a concluir que estas acciones “se habría evidenciado una diferencia de más del 150% sobre el precio regulado”.

Un dato más que le suma peso a la investigación de la Superindustria es que, como el Remodulin se suele distribuir por canales institucionales dado su alto precio, esto representaría que “el comportamiento habría generado un posible detrimento al Sistema General de Seguridad Social en Salud” que abastece de medicinas al sistema.

En consecuencia, las tres compañías podrían verse expuestas a multas (cada una), que puede ir hasta los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), pero eso no es lo único, porque la Superindustria también tendrá la potestad de imponer órdenes jurídicas debido a que la realización de dichas actividades económicas de las compañías investigadas se adecúan a la normativa aplicable en materia de libre y leal competencia.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) llevó a cabo una intervención en Corabastos, el principal centro de abastecimiento de alimentos de Colombia, debido a sospechas de actividades de cartelización en la venta de productos básicos como cebolla, mazorca y papa.

Esta operación, iniciada en febrero de 2024, es parte de un esfuerzo para asegurar precios justos en el mercado alimentario y proteger tanto a consumidores como a productores nacionales. Según información reportada por Blu Radio, las sospechas de un cartel han sido objeto de seguimiento por parte de la SIC desde mediados de 2023, basadas en denuncias de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales.

Durante la operación, la SIC recolectó documentos, computadores y celulares tanto de la administración de Corabastos como de locales de comerciantes y miembros de la junta directiva.

La revisión está dirigida a identificar cualquier evidencia de prácticas anticompetitivas. “Incluso funcionarios de la entidad han escuchado a denunciantes y funcionarios del Gobierno que se acercaron para plantear el caso”, indicó la fuente citada por el mismo medio.

El principal objetivo de la intervención en Corabastos es detener posibles actividades ilícitas de cartelización. Según declaraciones oficiales, se espera que esta investigación resulte en una reducción de los precios de los alimentos para los consumidores y un incremento en los ingresos de los productores. Esto busca equilibrar las dinámicas de oferta y demanda en el sector.

Un caso destacado en esta investigación es el de la cebolla. Según las acusaciones, existe un cartel que controla su venta en Corabastos. Esto incluye prácticas como restringir la entrada de productores después de medianoche, forzándolos a vender a precios más bajos fuera de las instalaciones oficiales. Además, también se investigan prácticas similares en la venta de mazorca y papa.

En Colombia, los carteles empresariales han generado preocupación debido a su capacidad para manipular mercados. La SIC ha intensificado sus esfuerzos para detectar, sancionar y desmantelar estas organizaciones.

Las investigaciones anteriores de la SIC han revelado la operación de carteles en sectores como el de los pañales, cemento, azúcar y licitaciones públicas, detalló la entidad. Estas prácticas perjudican a los consumidores al elevar artificialmente los precios y reducir la calidad de productos y servicios.