Esto es lo que tienen en cuenta los juzgados para calcular cuánto debe pagar o recibir de cuota alimentaria: la edad del menor es clave

En Colombia, la Ley 1098 de 2006 regula las cuotas alimentarias que los padres deben proporcionar para la manutención de sus hijos. Esta legislación, que se encuentra en el Código de Infancia y Adolescencia, tiene como objetivo principal garantizar el bienestar y desarrollo de los menores de edad, asegurando que reciban el apoyo económico necesario de sus progenitores.

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La mencionada ley establece que la cuota alimentaria debe cubrir gastos esenciales, tales como alimentación, educación, salud, vestimenta y otros artículos necesarios para el crecimiento y el bienestar de los menores.

El monto de esta cuota puede variar con el tiempo. Una de las principales variables para determinar la cuota alimentaria es el ingreso mensual de quien debe proporcionarla, lo que incluye tanto salarios como otras formas de ingresos. “El monto asignado al padre o madre para la manutención puede depender de diversos factores”, especifica la ley.

No se puede dejar de mencionar que la edad de los menores también influye en el cálculo de la cuota. Por lo general, los gastos aumentan conforme los niños crecen, lo que puede ser considerado al ajustar el monto de la manutención. Según la ley, estos ajustes tienen lugar para reflejar cambios en las necesidades del menor o en las circunstancias económicas del padre o madre.

En el contexto de la normativa colombiana de Infancia y Adolescencia, los juzgados de familia son los encargados de fijar la cuota alimentaria que un padre debe proporcionar para el sustento de su hijo en 2024. Esta obligación se fundamenta en la capacidad económica de los progenitores, en ausencia de un monto preestablecido. La cuota alimentaria se ajusta anualmente en función del incremento decretado por el Gobierno del salario mínimo legal.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aunque la ley no especifica una fórmula exacta para calcular la cuota, se tienen en cuenta los ingresos equivalentes, al menos, a un salario mínimo legal vigente. Este punto de partida se adapta en función de la capacidad de los padres para aportar más. “El monto dependerá de cada caso en particular”, explica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Para determinar el valor específico de la cuota alimentaria, los tribunales de familia consideran diversos factores. En primer lugar, se evalúan los ingresos de ambos padres. Adicionalmente, se toman en cuenta las necesidades del menor, las cuales varían según puntos como su edad y cualquier necesidad especial que pueda tener.

“El límite máximo de la cuota de alimentos es del 50 % del salario del padre o la madre”, resalta el Icbf. Este límite se ajusta conforme a la capacidad económica del progenitor obligado a suministrar la cuota, considerando también otras obligaciones alimentarias que pueda tener, como el sustento de otros hijos, cónyuge o padres.

En situaciones en las que el padre o la madre no tienen un empleo formal o cuentan con ingresos insuficientes, el cálculo de la cuota se basa en el salario mínimo legal vigente. “Se asume como si el padre o madre tuviera un ingreso de, al menos, un salario mínimo legal”, afirma el Ic.

La cuota alimentaria está sujeta a incrementos anuales según el ajuste del salario mínimo decretado por el Gobierno. Este ajuste asegura que la cuota continúe siendo relevante y adecuada a las circunstancias económicas cambiantes, garantizando que las necesidades del niño, niña o adolescente sean atendidas de manera suficiente.

Cuando el progenitor tiene múltiples obligaciones alimentarias, la cuota a pagar se ajusta proporcionalmente para reflejar estas responsabilidades adicionales. Esto asegura un equilibrio justo entre las necesidades de diferentes dependientes y las capacidades económicas del proveedor.

En resumen, los juzgados de familia, con base en el Código de Infancia y Adolescencia, establecen las cuotas alimentarias de manera personalizada, adaptándose a las circunstancias específicas de cada caso y asegurando que las necesidades de los menores sean atendidas adecuadamente.