La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Contraloría General de la República se reunieron en una mesa técnica tras la polémica que generó el informe preliminar del organismo de control, en la que se advierte una billonaria desviación de fondos de la salud entregados a las EPS. Tras el encuentro, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, informó que se radicó un documento con las observaciones que tienen con respecto al informe.
“Tuvimos oportunidad de expresarle nuestras preocupaciones por el informe que se reveló el día lunes y radicamos una comunicación con el detalle de esas diferencias que tenemos”, detalló la presidenta ante varios medios.
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De acuerdo con la funcionaria, el contralor General en funciones (e) Carlos Mario Zuluaga insistió en que, debido a que el informe es preliminar, todavía no es posible concluir que hay “hallazgos materiales fiscales”, que evidencien que, en efecto, el dinero fue desviado.
La presidenta de Acemi, citada por El Tiempo, dijo que ya se han identificado varios errores en el documento y que, con las respectivas correcciones, los resultados que se presenten serán otros.
“Las cifras no coinciden, la metodología es errónea, hay diferencias en la nominación de las cuentas y, en consecuencia, también en el valor de las cuentas y en el total de la cuenta. Seguramente después de ese análisis tendremos un informe distinto, que es lo que se requiere para claridad de la opinión pública y sobre todo para contribuir al debate en este momento”, señaló Vesga.
No obstante, el informe en cuestión ya puso en alerta a la Fiscalía General de la Nación, que podría abrir una investigación por presunta corrupción. Actualmente se evidencia una crisis en el sistema de salud que, según las EPS, se debe a la falta de recursos girados por el Gobierno nacional, pero que, de acuerdo con el mismo Gobierno, responde al manejo que se le está dando al dinero por parte de las entidades promotoras de salud.
De hecho, de llegar a confirmarse los hallazgos preliminares de la Controlaría, se le estaría dando parte de la razón al Gobierno, que ha afirmado desde el Ministerio de Salud y Protección social que los recursos entregados a las EPS son suficientes, por lo que no quedaría claro por qué no están alcanzando para cubrir las necesidades de los afiliados.
La pelea por los recursos de la salud
El polémico informe indica que por lo menos $9 billones habrían sido desviados para usos diferentes a la atención en salud de los usuarios, como por ejemplo, para el pago de temas administrativos, que no deben ser financiados con dineros públicos. El dinero hace parte de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es lo que el Gobierno gira por cada afiliado al sistema para garantizar el cubrimiento de los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS). En total, 18 EPS del país habrían sido responsables del desvío.
Los señalamientos contra las entidades generaron una fuerte controversia, por lo cual fue necesario que se reunieran los representantes de Acemi y de la Contraloría para revisar la metodología que se utilizó para hacer el informe.
“La delicada situación que atraviesa el sector salud exige, por parte de todos los actores, ponderación, rigor y cautela, así como responsabilidad en los mensajes que recibe la opinión pública, hoy temerosa de la estabilidad y del futuro de su sistema de salud”, expuso la agremiación, que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo de Colombia.
Cabe resaltar que desde las entidades promotoras de salud han asegurado que la UPC es insuficiente y que, de hecho, el aumento que hizo el Ministerio de Salud para 2024, que fue del 12,01%, tampoco alcanza para atender a los pacientes.
“Se profundiza de manera crítica y aguda para el año 2024, con deterioro sin duda de la atención para los usuarios, pero, sobre todo, en la sostenibilidad y viabilidad del sistema de salud”, explicó en su momento la presidenta de Acemi, en conversación con W Radio. Y, aunque desde el Gobierno nacional se ha insistido en que el dinero sí debería alcanzar, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reconoció que el pago por concepto de UPC podría revisarse.